
Keiko Sofía Fujimori Higuchi y Roberto Helbert Sánchez Palomino se enfrentarán el 07 de junio en la segunda vuelta electoral, una jornada que definirá al próximo presidente del país. Ella llega como lideresa de Fuerza Popular y él como candidato de Juntos por el Perú, con perfiles, trayectorias y propuestas que representan polos distintos del debate público.
Perfil de Keiko Fujimori
Keiko, de 50 años, nació el 25 de mayo de 1975 en Lima. Hija del expresidente Alberto Fujimori y de Susana Higuchi, ingresó al escenario político en la década de 1990, cuando asumió el rol de primera dama en 1994, con 19 años, tras la separación de sus padres.
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En esta campaña oficializó su cuarta postulación a la presidencia, luego de tres intentos previos que la llevaron a la segunda vuelta. En su mensaje de lanzamiento, colocó la inseguridad como eje y prometió “mano dura”, una fórmula que vincula con el enfoque aplicado durante el gobierno de su padre.
Su formación académica se desarrolló fuera del país. Según su declaración jurada, obtuvo el grado de licenciada en Administración de Empresas en Boston University, con título del 18 de mayo de 1997, reconocido en el Perú mediante resolución del 27 de marzo de 2025.

Además, cuenta con un máster en Administración de Empresas por Columbia University, del 21 de mayo de 2008, reconocido el 11 de noviembre de 2024. En el terreno político, su experiencia se concentró en el Congreso: fue parlamentaria en el periodo 2006-2011 y, de acuerdo con su hoja de vida, desde 2013 se desempeña como presidenta de su organización.
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La trayectoria partidaria de la candidata se asocia a la continuidad del fujimorismo. Ella declaró ser fundadora de Fuerza Popular desde 2009 y figura como su principal dirigente en el Comité Ejecutivo Nacional. Sobre su situación judicial, el perfil difundido indicó que afrontó investigaciones por presuntos aportes ilícitos vinculados al caso Odebrecht; sin embargo, en enero de este año, tras un fallo del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del denominado caso Cócteles. En su registro ante el Jurado Nacional de Elecciones, señaló que no consignó sentencias condenatorias firmes.
El plan de gobierno 2026–2031 de Fuerza Popular, presentado con el lema “Perú con Orden”, plantea tres ejes: orden, economía y social. En seguridad propone reconstrucción y equipamiento de comisarías, un sistema nacional de videovigilancia, patrullaje motorizado, drones y unidades contra la extorsión a MYPE, además de ampliar la flagrancia y crear mega penales.
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En economía promete disciplina fiscal con meta de déficit de 1% del PBI, simplificación de trámites y atraer entre USD 5.000 y 7.000 millones anuales de inversión privada para generar más de 500.000 empleos formales. En lo social fija reducir la pobreza a 15% en cinco años, ampliar becas y cerrar brechas en educación, salud, agua y saneamiento.
Perfil de Roberto Sánchez
Sánchez, por su parte, nació el 3 de febrero de 1969 en Huaral, en el departamento de Lima. Es psicólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y cuenta con estudios de maestría en Políticas Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUPC).
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Su experiencia incluye cargos de gestión municipal y, en el Ejecutivo, ocupó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo entre 2021 y 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo. Desde 2021 ejerce como congresista y en 2024 asumió la representación legal de su partido.
El candidato de Juntos por el Perú llega a la segunda vuelta bajo escrutinio por un proceso judicial. El perfil señaló que afronta un pedido de más de cinco años de cárcel por presunto falseamiento de aportes y que existe un expediente en el que se le atribuye el presunto desvío de 280 mil soles de recursos partidarios hacia cuentas personales y de su hermano William Sánchez.
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En campaña, defendió una agenda con énfasis social. Planteó la inclusión de comunidades indígenas y pueblos amazónicos, y sostuvo su respaldo a una Asamblea Constituyente.
En educación, propuso acceso libre a universidades, la presencia de psicólogos en todos los colegios, un salario mínimo docente de 1 UIT (S/5.500) y elevar el presupuesto educativo del 6 % al 10 % del PBI en cinco años. También planteó crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y un centro nacional de planeamiento y evaluación de impacto.
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