El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó a 17 internos desde seis penales hacia los establecimientos penitenciarios de Ancón I, Cochamarca, Chincha, Juliaca y Cajamarca, como parte de un plan orientado a reforzar el orden interno y preservar el control en cárceles del país.
La disposición alcanzó a personas recluidas bajo regímenes cerrado especial de máxima seguridad y mediana seguridad. Según información de inteligencia penitenciaria, estos reclusos habrían quebrantado la disciplina carcelaria y alentado actividades ilícitas desde sus centros de origen, lo que elevó el nivel de riesgo operativo y motivó la reubicación.
El despliegue se realizó con medidas de resguardo definidas por el INPE. La operación estuvo a cargo de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), bajo la conducción del director de Seguridad Penitenciaria, Henry García Malpartida, y contó con apoyo de la Policía Nacional del Perú, de acuerdo con lo informado por la institución.
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Dentro del grupo se incluyó a Armando José Córdova Salzalejo y Maikel Yoel Rodríguez Pinto, señalados como presuntos integrantes de la organización criminal “Los Desa II”. También fue considerado Oscar Gianmarco Dextre Villavicencio, vinculado a “Los Mexicanos”, banda asociada a extorsión de transportistas en Lima Norte. A esa relación se sumó Freddy Eduardo Mayaute Canales, relacionado con “Los Trujillanos del Cono Sur”, estructura que operaba en Villa María del Triunfo.
La lista incorporó, además, a José Carlos Rodríguez Fernández, sindicado como parte de “Los Amigos del Sur”, y a Nilton Arturo Cruz Arce, entre otros internos comprendidos en la decisión administrativa. El INPE no detalló en este comunicado los penales de procedencia de cada uno, aunque precisó que el conjunto provino de seis establecimientos distintos.
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La medida se sustentó en seis resoluciones emitidas por la Dirección de Seguridad Penitenciaria (DISEPE). Esos documentos establecieron que los internos presentaban características de “difícil readaptación” y que su permanencia podía comprometer la seguridad, el orden y la convivencia dentro de los recintos penitenciarios.
Fuentes del sistema penitenciario sostuvieron que este tipo de traslados busca cortar cadenas de mando, disminuir la capacidad de coordinación al interior de las prisiones y prevenir que continúen acciones ilícitas desde los pabellones. En esa línea, el INPE enmarcó la intervención en sus estrategias para reducir riesgos, reforzar el control y sostener la gobernabilidad en los centros de reclusión.
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La institución señaló que estas acciones apuntan a impactar también fuera de los muros carcelarios, al contribuir a la seguridad ciudadana mediante la contención de amenazas que, según reportes de inteligencia penitenciaria, se originan o se coordinan desde algunos establecimientos.
INPE aísla a cinco internos por hallazgo de explosivo artesanal
El INPE halló un artefacto explosivo artesanal cerca de la puerta principal del penal del Callao, tras una ronda de vigilancia, encontrando además un manuscrito con amenazas contra reclusos ligados a presuntas extorsiones.
El hecho activó un operativo, con intervención policial, refuerzo externo y controles internos en el ex penal Sarita Colonia. La entidad ordenó el aislamiento preventivo de cinco personas: Carlos Enrique Constantino Muñoz y Carlos Alberto Gonzales Robleto, del pabellón 6, junto con José Daniel Millones Huanini, Enrique Alcides Peña Echevarría y Marco Antonio Milla Ogosi, del pabellón 3, por delitos como homicidio, tráfico de armas y tentativa de robo agravado.
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La UDEX acordonó la zona y ejecutó una detonación controlada, describiendo un dispositivo con botella plástica, cinta y caja negra, con posible activación remota por celular. “La Federación” amenazó con “hacer explotar el penal”.
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