INPE traslada a reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad para evitar que sigan coordinando actividades ilícitas

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intensificó las medidas de control en los establecimientos penitenciarios del país con el traslado de internos de alta peligrosidad a penales de mayor seguridad.

Esta acción se desarrolló bajo estrictas medidas y movilizó a más de 180 agentes, entre personal penitenciario, miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El operativo, ejecutado en el marco del Plan de Deshacinamiento y fortalecimiento del principio de autoridad, incluyó el traslado de 11 reclusos del penal de Chincha a recintos como Cochamarca, Juliaca, Cajamarca y Chachapoyas.

Según inteligencia penitenciaria, algunos de estos internos estarían vinculados a la organización de actividades ilícitas, entre ellas presuntos actos de extorsión y coordinación con redes criminales externas.

Entre los trasladados a Cochamarca se encuentran Flores Pinto Edinson Pier y Flores Pinto Tomy, sentenciados por extorsión, robo agravado y homicidio, y presuntos miembros de la organización criminal “Los Ñatos”.

También fue reubicado Guzmán Salazar Peter Tomás. Otros internos enviados a este penal son Martínez Zúñiga Gustavo Alexis Jesús, Guzmán Salazar Luis Ángel y Solís Risco Humberto Fernando.

Este último, con antecedentes vinculados a alta peligrosidad, habría sido lugarteniente del interno Peralta del Carpio Luis Antonio, identificado como presunto autor intelectual del homicidio de la abogada Fanny Hernández Correa.

Al penal de Juliaca fue trasladado Medina Cartagena Luis Alfonso, registrado con un historial de liderazgo en el sector construcción civil en Chincha.

Su posición, antes de la reclusión, le habría permitido filtrar información sobre obras y contratistas a grupos dedicados a la extorsión. Además, es señalado como exintegrante de “La Gran Familia Chinchana”, organización desarticulada tras su captura en 2014.

Traslados en penales de mujeres

El INPE también dispuso el traslado de internas consideradas de alta peligrosidad desde el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos a establecimientos de máxima seguridad en diferentes regiones.

El objetivo es evitar que personas vinculadas a organizaciones criminales continúen coordinando acciones ilícitas desde el interior del penal, en una estrategia que responde a evaluaciones técnicas y de inteligencia.

El presidente del INPE, Javier Llaque, confirmó que estos operativos forman parte de una política permanente orientada a recuperar el principio de autoridad y reducir la capacidad de coordinación de los internos con el exterior.

Las internas fueron derivadas a cárceles bajo regímenes de mayor vigilancia y control, aunque por motivos de seguridad no se precisó el número exacto de reclusas trasladadas.

La estrategia del INPE busca responder a la problemática de las organizaciones criminales que operan desde los penales a través de extorsiones y amenazas. Especialistas en seguridad penitenciaria señalan que estos traslados deben complementarse con mejoras tecnológicas, control de visitas y aumento de personal especializado.

Funciones del INPE

El Instituto Nacional Penitenciario es el organismo público encargado de la administración, vigilancia y rehabilitación de las personas privadas de libertad en el Perú.

Su misión principal es garantizar la seguridad en los establecimientos penitenciarios y promover la reinserción social de los internos bajo el respeto de los derechos humanos, conforme a la ley peruana.

El INPE administra centros penitenciarios de diversa clasificación, incluyendo penales de alta peligrosidad, donde se alojan internos procesados o sentenciados por delitos graves y de organización criminal.

Los actos de corrupción dentro del sistema penitenciario, como el cobro indebido o la extorsión por parte de servidores públicos, son considerados delitos graves y están tipificados en el Código Penal peruano.