
Un expediente judicial elaborado por las autoridades de Bélgica y al que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio revela que Nadeska Widausky Gallo no era una figura periférica en la presunta red criminal que derivó en su captura: el documento la señala como parte del grupo operativo que captaba mujeres en el Perú y participaba directamente en actividades de explotación sexual en Bruselas.
La Notificación Roja emitida el 21 de mayo de 2026 por el juzgado de Brujas, Flandes Occidental, la buscaba bajo tres identidades distintas —Gallo Widausky, Nedaska y Bernar Galilea— y la sitúa en el centro de una investigación transnacional que apunta a víctimas originarias de la Amazonía peruana, principalmente de ciudades como San Martín y Tarapoto.
Lo que dice el expediente: una red con cabecilla, captadoras y víctimas en el barrio rojo
Según la documentación judicial, la presunta organización criminal tenía una estructura definida. El supuesto cabecilla identificado en el expediente es Junior Polo García, a quien se le atribuye el control de las operaciones: captación de víctimas en Perú, manejo del flujo de dinero y administración de perfiles en plataformas digitales europeas.
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En ese esquema, Widausky y otra ciudadana peruana, Celeste Lozano Sullón, habrían cumplido funciones operativas directas, tanto en la captación como en las actividades de prostitución. El expediente describe el modus operandi con precisión. Las víctimas —mujeres jóvenes, en su mayoría de la región amazónica— eran reclutadas mediante falsas promesas de trabajo y mejores condiciones económicas en Europa.
Una vez en Bruselas, eran llevadas a la denominada zona roja de la ciudad, donde se las obligaba a ejercer la prostitución y a entregar parte de sus ingresos bajo amenazas. El mecanismo de control incluía la creación de perfiles falsos con fotografías de las víctimas en la plataforma internacional Redlights, herramienta que la red usaba tanto para captar clientes como para extorsionarlos.
El rol específico de Lozano Sullón aparece documentado desde 2023, cuando fue investigada en Bruselas por dos denuncias de trata de personas y prostitución agravada. El expediente recoge que la peruana le indicó a una víctima que “debía prostituirse para pagar la deuda del viaje y del alojamiento”, que debía aceptar clientes y entregarle el dinero, y que recibía aproximadamente siete clientes por día. Lozano negó haber explotado a nadie, pero reconoció haberse prostituido y administrar anuncios en redes sociales.
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En ese mismo expediente, el nombre de Nadeska Widausky aparece vinculado al entorno de Lozano. El documento menciona que “aproximadamente diez personas trabajan para Celeste en la prostitución”, entre ellas “Nadeska Widauski (llegada al mismo tiempo que Alessia)”.
Adicionalmente, el expediente detalla dos números telefónicos de Bruselas asociados a Widausky —uno a su nombre y otro registrado a nombre de un tercero pero vinculado a su correo de Gmail— y una transferencia de 1385 euros de Lozano a Widausky, dato que las autoridades belgas usan como indicio de su participación en las operaciones de la red.
De acuerdo con la investigación, Interpol considera a Widausky una pieza importante dentro de las operaciones de captación en Perú y en actividades vinculadas directamente con la explotación sexual en territorio europeo. El coronel Víctor Rolando Morales, jefe de la División de Inteligencia contra el Crimen Transnacional de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmó que la investigación se originó en Bélgica y que las coordinaciones entre ambos países se iniciaron en enero de 2026, meses antes de que se emitiera la alerta roja.
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La modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida en Lima por la Interpol a raíz de una orden de arresto internacional desde Bélgica. Se le investiga por presuntos vínculos con redes de trata de personas y otros delitos.
La versión de Widausky y el proceso judicial en curso
Widausky rechazó los cargos desde el momento de su detención. Al salir de Medicina Legal, ante las cámaras de los medios, señaló a un empresario identificado como Jefferson Rubiños Olaya como el verdadero responsable de la denuncia. “Todo le echo la culpa a ese estafador de Jefferson Rubiños Olaya, que me ha hecho una denuncia falsa. Él ha provocado todo esto solo para que le den la estadía en Bélgica a su mujer. Niego todo. Voy a hacer una contrademanda“, declaró.
En la audiencia judicial del 27 de mayo, la modelo también cuestionó la lógica de la acusación apelando a un argumento propio: “Bélgica me deportó a Perú. Si hubiera habido alguna prueba o que yo estaba en una red grande solicitando personas de aquí, ¿por qué Bélgica no me retuvo?”. La fiscal Evelyn Taboada de la Cruz, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, refutó ese argumento al señalar que la alerta internacional fue emitida recientemente y no en la fecha del hecho narrado por la acusada.
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El abogado Julio Gago respaldó la postura de su defendida y atribuyó la denuncia a un conflicto familiar. “Ella me refiere que es una acusación totalmente falsa. Dice que es un primo suyo que le tiene enemistad por un tema de un préstamo y de ahí viene esta denuncia. Para mí, ella es inocente. La conozco desde hace bastantes años y nunca ha tenido un problema legal en el Perú”, declaró.
El comandante Jorge Antonio Pérez, jefe de la División Internacional de Búsqueda y Captura de Prófugos de Interpol-Lima, confirmó que Widausky no tiene requisitorias nacionales en Perú. “Investigaciones puede tener cualquiera, pero requisitorias nacionales no tiene. Internacional sí”, precisó. El funcionario también señaló que la captura fue producto del trabajo conjunto entre la División de Inteligencia de la PNP y la Oficina Central Nacional Interpol-Lima.

El 27 de mayo, el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima realizó una audiencia virtual para evaluar la solicitud de nueve meses de prisión preventiva presentada por Bélgica como paso previo al proceso de extradición. En esa instancia se revisaron los documentos enviados por el país solicitante y los procedimientos realizados tras la detención.
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De acreditarse los cargos —trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza—, Widausky podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión en territorio europeo. Los expertos policiales señalan que el proceso de extradición puede extenderse desde semanas hasta varios meses, dependiendo de las decisiones judiciales y del nivel de cooperación bilateral entre Perú y Bélgica.
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