San Martín detenida por paro agrario: Vías bloqueadas y cientos de pasajeros varados por protesta arrocera

La región San Martín atraviesa una paralización casi total debido al paro agrario indefinido impulsado por productores arroceros, quienes bloquearon varios tramos clave de la carretera Fernando Belaúnde Terry y otras vías de acceso. Los manifestantes exigen medidas urgentes al Gobierno Central para enfrentar la crisis del sector, que afecta a miles de familias dedicadas al cultivo de arroz.

Desde las primeras horas, agricultores colocaron piedras, ramas y otros objetos en la vía, impidiendo el paso de vehículos en puntos como San Hilarión, Tocache, San José de Sisa, Picota, Puente Sisa y Alto Mayo.

“Estamos en pie de lucha porque el Gobierno Central nos ha abandonado”, expresó un dirigente durante una transmisión difundida por Canal N. A pesar de más de 25 reuniones sostenidas con representantes del Ejecutivo, los productores afirman que no han recibido respuestas concretas a sus demandas.

El bloqueo de vías dejó largas filas de vehículos varados y a cientos de pasajeros a la espera de la reapertura del tránsito. Solo ambulancias, vehículos de emergencia y peatones pueden circular por los puntos intervenidos.

Muchos viajeros se vieron obligados a caminar o realizar transbordos para continuar sus trayectos. Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanece en la zona para resguardar el orden y supervisar la protesta.

Rechazan más reuniones en Lima

Entre los principales reclamos de los arroceros figura la declaratoria de emergencia para el sector arrocero, la implementación de una mesa técnica que atienda la sobreoferta y la caída de precios, y la compra estatal masiva de arroz durante un año. “Los molinos están totalmente repletos de arroz en cáscara y pilado. No hay compra”, manifestó uno de los líderes de la protesta.

La situación se agrava por el aumento en los costos de los fertilizantes, que reduce la rentabilidad de los cultivos. Muchos agricultores aseguran que no logran recuperar la inversión y enfrentan deudas con entidades financieras.

La región San Martín cuenta con más de 720 mil hectáreas de arroz cultivadas bajo riego mecanizado, lo que la convierte en uno de los principales polos productivos del país.

Los dirigentes también anunciaron que no participarán en nuevas reuniones en Lima mientras el Ejecutivo no envíe una comisión de alto nivel a la región para dialogar de manera directa. “Nuestra medida de lucha va a ser hasta las últimas consecuencias mientras no solucionen nuestro problema”, advirtieron en declaraciones recogidas por Canal N.

La protesta en San Martín se suma a los bloqueos registrados en otras regiones arroceras como Piura, Lambayeque y Tumbes, donde productores mantienen cierres de vías y reclaman atención inmediata del Gobierno Central.

Comunicado del Midagri

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) emitió un comunicado ante las medidas de fuerza de gremios arroceros en distintas regiones y sostuvo que “los canales de diálogo” con las dirigencias se mantienen abiertos “al más alto nivel”, bajo coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El pronunciamiento describió tres líneas de acción. La primera se centró en la aplicación de la Ley N.° 31071, que obliga a priorizar compras públicas a la agricultura familiar: Midagri reportó la venta de 410 toneladas de arroz nacional por más de S/ 1,4 millones, aunque representantes del sector consideraron insuficiente ese volumen ante la sobreproducción y la caída de precios.

La segunda medida apuntó al control fronterizo contra comercio desleal, con un frente entre la Policía Nacional, Sunat y Senasa. Según la cartera, el plan contempla 180 operativos anuales y ya permitió la incautación de 84.915 kilos de arroz ilegal en Tumbes, señalada como zona de ingreso de contrabando.

La tercera línea incluyó comisiones en Ucayali, Huánuco, San Martín, Lambayeque y Piura para acelerar el Registro de Productores y destrabar infraestructura de riego, requisitos para acceder a créditos del Estado. El comunicado cerró con un llamado a canalizar demandas por vías formales, sin anunciar plazos ni compromisos adicionales.