El norte del Perú amaneció bloqueado por segundo día consecutivo este martes 26 de mayo. El paro agrario indefinido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) entró en su segunda jornada con más tensión que la primera: piedras contra camiones en Piura, la Policía Nacional obligada a replegarse en El Trébol, llantas ardiendo bajo los puentes de la Panamericana Norte y familias enteras caminando kilómetros con maletas y niños pequeños al borde de la carretera para hacer trasbordo. El caos acumulado en 48 horas de bloqueos empieza a dejar una huella que va más allá del transporte.
La jornada más tensa se vivió en la zona conocida comoEl Trébol, el nodo vial que conecta Piura, Catacaos y Chiclayo.
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La PNP logró despejar temporalmente el paso y algunos camiones comenzaron a avanzar, pero la respuesta de los manifestantes fue inmediata: piedras contra los vehículos, empujones con los efectivos y una nueva ocupación de la vía. Dos camiones debieron retroceder por seguridad.
Un agricultor presente reconoció ante las cámaras que sus compañeros lanzaban piedras, pero justificó la reacción: “Están molestos porque en lugar de la policía apoyarnos, nos vienen a maltratar. Queremos una solución y no hay nada”.
Desde el mismo bloqueo, otro productor arrocero explicó con precisión la ecuación económica que hace insostenible su actividad: “El arroz nuevo lo están pagando a S/ 45 o S/ 50 el saco, y el viejo a S/ 62. Pero los gastos son cerca de S/ 15.000 por hectárea. Quedamos debiendo. Trabajamos con la banca privada y si no pagamos, siguen subiendo los intereses. A ellos no les importa si perdemos o ganamos”.
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El testimonio sintetiza la crisis estructural que motivó el paro: los precios de venta no cubren el costo de producción, los créditos bancarios acumulan intereses sin importar el resultado de la cosecha y el ingreso masivo de arroz importado hunde aún más los precios en chacra.
La caída se arrastra por segundo año consecutivo, según los propios productores. “Si aquí no hay solución, el paro continúa”, cerró el agricultor, con los gritos de sus compañeros de fondo: “¡Que viva el paro! ¡Precio justo!”
Las imágenes del segundo día retratan con crudeza el costo humano de la protesta. Madres con niños pequeños y mochilas escolares esperan al borde de la pista mientras una fila interminable de camiones y buses permanece varada detrás.
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Pasajeros de todas las edades caminan kilómetros por el arcén de la Panamericana Norte, con maletas y bolsos, en busca del punto de trasbordo más cercano. Los vehículos que intentan circular por trochas alternativas multiplican su tiempo de viaje.
Los bloqueos se extienden en Piura más allá de El Trébol: las vías hacia La Legua, Catacaos, Sullana, Sechura y el puenteLa Manuela permanecen cerradas. Más de 14.000 agricultores participan de la medida de fuerza en distintos puntos de la región.
El impacto es acumulativo: la Dirección Regional de Educación de Piura ordenó clases remotas en varias instituciones educativas, los mercados de la región reportan dificultades de abastecimiento y los comerciantes advierten que si los bloqueos se extienden un tercer día, el alza de precios en alimentos será inevitable.
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La paralización no se limita al norte. Según la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran), el paro afecta 13 puntos viales en nueve regiones: Piura, Lambayeque, San Martín, Arequipa, Puno, Huánuco, Ucayali, Tumbes y La Libertad. En Ucayali, los arroceros mantienen cortada la carretera Federico Basadre y la vía Tingo María-Tocache. En Lambayeque, la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque—que agrupa a más de 32.000 productores— marchó hacia el Gobierno Regional en una “marcha de sacrificio”.
El pliego de reclamos de Conveagro tiene cuatro ejes: declaratoria de emergencia del sector agropecuario, suspensión de importaciones de arroz, reducción del costo de fertilizantes e insumos, y medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño. La organización advirtió que si el Ejecutivo no responde, exigirá la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego.
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El Midagri emitió el lunes un comunicado con tres líneas de acción: compras públicas de 410 toneladas de arroz nacional por más de S/ 1,4 millones, incautación de 84.915 kilos de arroz ilegal en la frontera de Tumbes mediante operativos conjuntos con la PNP, la Sunat y el Senasa, y despliegue de comisiones en cinco regiones para viabilizar el acceso a créditos del Estado.
Los gremios consideran las medidas insuficientes y señalan que el comunicado no establece plazos ni compromisos concretos frente a las demandas centrales del pliego.
La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito de Piura desplegó fiscales en los puntos de bloqueo para monitorear la situación y advirtió a los dirigentes sobre los delitos en que podrían incurrir por entorpecimiento de servicios públicos.
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La Dirección Regional de Agricultura de Piura, en contraste, respaldó públicamente las demandas de los productores y anunció que reducirá entre 5.000 y 8.000 hectáreas de siembra de arroz durante la campaña complementaria para reducir la sobreoferta.
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