A menos de un mes del cambio de gobierno, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) avaló con observaciones el Proyecto de Ley N.º 14212/2025-CR, impulsado por el congresista José Pazo Nunura, que propone reabrir el acceso a permisos para embarcaciones artesanales no formalizadas en etapas anteriores.
Esta decisión marca un giro respecto a la política que el Estado ha sostenido durante la última década, orientada a limitar el crecimiento de la flota artesanal para resguardar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
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El PRODUCE cede ante la presión de gremios pesqueros
El panorama de la pesca artesanal en Perú se encuentra marcado por años de informalidad y un crecimiento constante del número de embarcaciones, según el especialista en derecho pesquero Piero Rojas Vásquez.
En 2012, el país contaba con poco más de 16.000 naves artesanales registradas. Para 2023, el registro superaba las 23.000, lo que representa un incremento cercano al 44%.
Para frenar esta tendencia, entre 2016 y 2018 se implementaron procesos extraordinarios de formalización como el Régimen de Cooperativas Pesqueras y el SIFORPA II, que incorporaron más de 3.400 embarcaciones a la legalidad, de acuerdo con cifras oficiales.
Estos mecanismos establecieron reglas estrictas: la acreditación física de las naves, la superación de inspecciones técnicas y el cumplimiento de plazos concretos. El mensaje institucional era que la formalización sería temporal, no indefinida.
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Sin embargo, gremios pesqueros han presionado reiteradamente al Congreso para reabrir el proceso, alegando que unas 2.000 solicitudes quedaron fuera del SIFORPA II por no cumplir los requisitos establecidos. “El mensaje es profundamente negativo: quien incumplió las reglas también podría terminar siendo beneficiado”, dijo Vásquez.
IMARPE y el Ministerio del Ambiente advierten sobre la sobreexplotación
El proyecto de ley impulsado por Pazo Nunura contempla dos cambios principales. El primero, que embarcaciones con constancias de verificación de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de 2018, pero que no concluyeron su formalización, puedan acceder nuevamente a permisos.
El segundo, la creación de una “lista de espera” para que naves que nunca acreditaron su existencia física puedan, en el futuro, obtener permisos al caducar derechos de la flota actual.
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El ministerio declaró la iniciativa “viable con observaciones”, restringiendo el acceso a pesquerías de pota y perico, que ya presentan altos niveles de explotación, y sugiriendo un régimen jurídico para la reasignación de permisos.
La decisión ha generado preocupación en sectores técnicos y ambientales. El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ha advertido que las especies objetivo, como pota y perico, se encuentran ya al límite de explotación sostenible.
Desde el Ministerio del Ambiente (MINAM), un informe reciente concluyó que el proyecto no resulta viable por el riesgo que implica para la conservación de los recursos hidrobiológicos.
¿Un proyecto de ley que reabre la puerta a la informalidad?
Especialistas y organizaciones ambientalistas cuestionan la validez de aceptar documentos de verificación con más de ocho años de antigüedad como prueba de la existencia y condiciones actuales de las embarcaciones.
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Además, consideran que trasladar derechos pesqueros a naves que no cumplieron los procedimientos iniciales puede incentivar la informalidad.
“La posición asumida por PRODUCE representa un grave retroceso en la lucha contra la pesca ilegal y contradice las políticas públicas que el propio Estado defendió durante años”, advierte Piero Rojas.
El debate en torno a la iniciativa coincide con la proximidad del cierre de la actual gestión gubernamental, lo que ha acrecentado el interés de los gremios pesqueros y del sector político.
Mientras tanto, expertos y autoridades ambientales insisten en que la reapertura de estos procesos pondría en riesgo la sostenibilidad de la pesca artesanal y debilitaría el marco regulatorio.
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