Un funcionario de la Dirección de Tesorería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) desvió más de S/ 5,9 millones a su cuenta personal durante casi 10 años, entre 2016 y 2025, sin que las auditorías anuales contratadas por la institución detectaran las irregularidades. El caso salió a la luz tras la transferencia de gestión de 2025, cuando la nueva Dirección General de Administración (DIGA) identificó movimientos económicos sin respaldo y encargó un peritaje contable que cuantificó el monto total desviado.
El servidor identificado es Leoncio Ccalloapaza Canaza. Según el informe pericial elaborado por la contadora Francisca Begazo Chalco, los fondos salían de la cuenta recaudadora donde los estudiantes depositan el pago de matrículas y otros conceptos— y terminaban en la cuenta de ahorros personal de Ccalloapaza. De los S/ 5,9 millones movilizados, al menos S/ 2 millones llegaron directamente a esa cuenta. Solo en 2024, los depósitos mensuales fluctuaron entre S/ 63.000 y S/ 197.000, montos incompatibles con su remuneración como servidor público.
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¿Cómo se detectó el fraude?
El director de la DIGA, Christian Zapata Manrique, explicó que nadie externo alertó sobre el esquema: fueron las nuevas autoridades quienes, tras su designación mediante oficio 835-2025, ordenaron una revisión exhaustiva de los movimientos financieros. Esa revisión derivó en el informe 2590-2025, que advertía transferencias sin respaldo documental. De inmediato se contrató a la perito Begazo Chalco, cuyos resultados permitieron cuantificar el monto total y trazar el esquema de triangulación.
Las transferencias detectadas carecen de autorización emitida por alguna autoridad universitaria. Tampoco existe documentación que acredite el destino final de los fondos ni constancia de que Ccalloapaza haya devuelto el dinero.
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El 19 de enero de 2026, la DIGA presentó la denuncia ante la Contraloría General de la República mediante el oficio 143-2026-DIGA-UNSA. El 26 de enero, el Consejo Universitario fue informado en sesión formal. Dos días después, el 28 de enero, la denuncia se formalizó ante el Ministerio Público y quedó registrada con la Carpeta Fiscal N° 503-2026-640 en el tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Arequipa, a cargo de la fiscal anticorrupción Mary Bellido Marroquín.
Los delitos imputados y las medidas internas
El asesor legal de la UNSA, Roberto Barriga Valencia, precisó que los hechos denunciados se enmarcan en los delitos de apropiación ilícita y peculado, figuras con penas de hasta 12 años de prisión. “No existe cultura del silencio ni encubrimiento”, afirmó, y aclaró que las actuaciones se mantienen en reserva para no comprometer la investigación fiscal.
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De forma paralela, la institución adoptó medidas administrativas internas: reorganizó la dirección de administración, reasignó funciones, dispuso que los procesos sensibles sean atendidos por más de una persona e inició el procedimiento disciplinario contra Ccalloapaza. Zapata sostuvo además reuniones en Lima con representantes de la Contraloría para agilizar el proceso.
Responsabilidades anteriores y auditorías cuestionadas
La actual gestión señaló que el origen de las transferencias irregulares se remonta a 2016, cuando la universidad estaba dirigida por otras autoridades. Durante ese período, la DIGA estuvo a cargo sucesivamente de los funcionarios Adolfo Huamán, James Valladolid, Víctor Hugo Quispe y Sarita Conza, respecto de quienes el rector Rojas no descartó una potencial responsabilidad.
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El rector también cuestionó el trabajo de las sociedades auditoras externas contratadas cada año por la institución. Pese a que la UNSA gastó cerca de S/ 10.000 anuales en auditorías, ninguna detectó irregularidades en el área de Tesorería durante casi una década.
Fueron dos asambleístas universitarios —Ubaldo Enrique Aguirre, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y Jerónimo Miguel Gutiérrez Sonco, de la Facultad de Derecho— quienes, al obtener el informe pericial formal, decidieron hacer público el caso.
El impacto en la comunidad universitaria
Los S/ 5,9 millones desviados corresponden a recursos que debieron destinarse a mejoras salariales para trabajadores administrativos y docentes, infraestructura universitaria, equipamiento académico, programas de bienestar estudiantil e investigación científica. El rector Rojas precisó que la actual gestión rechaza “tajantemente cualquier intento de vincular” a las autoridades vigentes con las irregularidades detectadas.
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