La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) atraviesa una de sus crisis más extensas de los últimos años tras cumplirse siete días de la toma de su campus principal, situada en la ciudad de Lima. La medida, encabezada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), mantiene paralizadas las actividades académicas y administrativas de la casa de estudios más antigua de América, mientras persisten los desacuerdos sobre el proceso electoral universitario y la gestión institucional.
¿Cuál es la demanda de la FUSM?
Según informó la FUSM la toma del campus como medida de presión para exigir garantías en las próximas elecciones internas, tras denunciar presuntas irregularidades en la conducción del proceso por parte del Comité Electoral Universitario. Entre las principales demandas, los estudiantes solicitan transparencia en la calificación de las listas participantes y la instalación de una mesa de diálogo directa con las autoridades responsables.
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De acuerdo con un reporte de RPP Noticias, la tensión aumentó cuando grupos opuestos a la toma convocaron a un plantón en la puerta número tres de la universidad, reclamando la reapertura inmediata del recinto y el restablecimiento de las clases presenciales. Este sector, integrado principalmente por alumnos de carreras vinculadas a la ciencia y tecnología, manifestó su preocupación por la suspensión de prácticas de laboratorio, exámenes parciales y otras actividades clave para el avance académico. Más de 35.000 estudiantes resultan afectados por la paralización, según estimaciones oficiales difundidas.

Controvertida reelección de la rectora
El conflicto actual se desarrolla en el contexto de declaraciones atribuidas a la rectora Jerí Ramón Ruffner, quien se refirió a la posibilidad de reelección inmediata de autoridades universitarias, incluida ella misma, en el marco de un proyecto de ley debatido en el Congreso. Esta iniciativa, que permitiría la reelección de rectores, vicerrectores y decanos, ha generado rechazo entre sectores estudiantiles y docentes, quienes advierten riesgos para la autonomía universitaria y la alternancia en el gobierno institucional.
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La rectora pidió a los manifestantes levantar la medida y abrir un canal de diálogo institucional, señalando que “la universidad está abierta al diálogo, pero no bajo presión”. La autoridad consideró que la toma responde a intereses ajenos al ámbito académico y reiteró que la continuidad del bloqueo perjudica tanto la operatividad administrativa como el cronograma académico.

Por su parte, representantes de la FUSM defendieron la protesta y plantearon que la única vía para restablecer la normalidad pasa por garantizar condiciones de equidad y transparencia en el proceso electoral. “No podemos permitir que se vulneren nuestros derechos como estudiantes”, afirmó un vocero del movimiento, subrayando la necesidad de una mesa de diálogo supervisada por entes externos.
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Defensor del Pueblo se pronuncia sobre la toma de la UNMSM
El Defensor del Pueblo también emitió un pronunciamiento solicitando a las partes involucradas encontrar una solución pacífica lo antes posible, advirtiendo que “los derechos de los estudiantes no pueden verse vulnerados por disputas internas”. La entidad instó a priorizar el interés superior de la comunidad universitaria y sugirió la intervención de mediadores independientes si las conversaciones bilaterales no prosperan.
Durante la semana, circuló información sobre reuniones internas en la FUSM para definir próximos pasos. Algunos sectores contemplan intensificar las protestas, mientras otros consideran la posibilidad de flexibilizar la medida si se garantiza la participación estudiantil en la supervisión del proceso electoral. El Comité Electoral dispuso establecer mecanismos de diálogo, siempre que se restablezca el acceso al campus.
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Congreso mantiene en debate la reelección de rectores en las universidades del Perú
El debate sobre la reelección inmediata de autoridades universitarias permanece en la agenda legislativa. El proyecto, promovido por la Comisión de Educación del Congreso, ha recibido objeciones por parte de gremios docentes y colectivos estudiantiles, quienes exigen un debate público y la participación activa de la comunidad universitaria en cualquier modificación normativa.
En paralelo, la paralización de actividades impacta en el desarrollo de investigaciones científicas, el funcionamiento de clínicas universitarias y la ejecución de proyectos de extensión social. Profesores y trabajadores administrativos también han manifestado su preocupación ante la imposibilidad de acceder a sus puestos de trabajo y la incertidumbre sobre la reprogramación del calendario académico.
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Los próximos días serán determinantes para el desenlace del conflicto en San Marcos. Mientras la comunidad universitaria espera señales claras para la reanudación de actividades, la presión sobre las autoridades y el Comité Electoral aumenta, en un escenario marcado por la desconfianza y la exigencia de garantías democráticas. “Estamos dispuestos a dialogar, pero necesitamos condiciones claras y transparencia”, reiteró uno de los dirigentes estudiantiles.
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