La preocupación por la falta de atención estatal frente a la crisis ambiental en Loreto se ha intensificado en las últimas semanas. Javier Macedo, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali, denunció la ausencia de acciones concretas por parte del gobierno peruano para proteger el ecosistema de Aguas Calientes Maquia, una zona de vital importancia para las comunidades nativas de la región. La situación, marcada por el avance de la deforestación y la proliferación de actividades ilícitas, amenaza la subsistencia y el entorno de cientos de familias amazónicas.
En entrevista con Canal N, Macedo señaló que la zona de Aguas Calientes Maquia lleva trece años esperando la categorización oficial como área de conservación regional, un proceso que aún no ha sido resuelto por las autoridades. “El Estado peruano está en deuda con nosotros porque somos los dueños y protectores de nuestra Amazonía, de nuestros territorios ancestrales”, afirmó Macedo. La demora, según el dirigente, agrava la vulnerabilidad del territorio, donde los recursos naturales constituyen la principal fuente de sustento para las comunidades.
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El ecosistema de Aguas Calientes Maquia enfrenta una presión creciente por la expansión de cultivos ilegales, la tala indiscriminada y la llegada de la minería informal. De acuerdo con Macedo, la falta de protección legal incrementa el riesgo de que los bosques desaparezcan, afectando directamente la vida y la salud de los habitantes nativos. La Federación urge una intervención inmediata antes de que la degradación ambiental alcance niveles irreversibles.

Piden declarar área de conservación regional a Aguas Calientes Maquia
La oficialización de Aguas Calientes Maquia como área de conservación regional constituye una demanda central de las comunidades nativas del Bajo Ucayali. Macedo explicó que este reconocimiento permitiría impulsar iniciativas de turismo sostenible y fortalecer la economía local, al tiempo que garantizaría la preservación de los recursos naturales que abastecen a las familias. “Para nosotros es importante la categorización oficial de este área de conservación regional, puesto que tenemos proyectado trabajar el tema de turismo con nuestras comunidades para así mejorar la economía y promover el desarrollo sostenible”, enfatizó el dirigente indígena.
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Además, la categorización otorgaría un marco legal que facilitaría la gestión y vigilancia del territorio, permitiendo a las comunidades ejercer un control efectivo sobre los recursos y protegerlos de la incursión de actores externos. La ausencia de este reconocimiento, según Macedo, expone a los pueblos amazónicos a un contexto de desprotección jurídica y administrativa, donde la voluntad política se convierte en un factor decisivo para la supervivencia del ecosistema y sus habitantes.
En los últimos años, varias organizaciones indígenas y ambientales han señalado que la demora en la categorización de áreas prioritarias en la Amazonía peruana contribuye al avance de la deforestación y limita las posibilidades de implementar proyectos de desarrollo sostenible. Para Macedo, la decisión depende exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo, por lo que hizo un llamado directo al presidente del Consejo de Ministros para que se emita un decreto supremo que oficialice la protección del área.
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Rodolfo Lovo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Ucayali, confirmó que desde 2013 se han cumplido todos los trámites administrativos y que el expediente técnico fue aprobado en diciembre del año pasado. Lovo afirmó: “La publicación del proyecto de decreto supremo debió realizarse a fines de diciembre, pero no lo hicieron. Exigimos que se apruebe para que tenga validez legal y permita a los pueblos proteger el bosque”.
Actividades ilegales avanzan en Aguas Calientes Maquia ante ausencia del Estado
La inacción estatal ha propiciado la expansión de actividades ilícitas en Aguas Calientes Maquia. Macedo detalló que la región enfrenta el avance del cultivo ilegal de coca, la tala clandestina y la presencia incipiente de minería informal. “La presencia de actividades ilícitas es una amenaza para nosotros como pueblos amazónicos”, advirtió. Estas prácticas no solo degradan el entorno natural, sino que también generan profundas consecuencias sociales y económicas en las comunidades.
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Uno de los efectos más preocupantes es la migración de jóvenes hacia actividades ilícitas, especialmente durante las temporadas de cosecha de cultivos ilegales. Macedo relató que estudiantes de secundaria abandonan temporalmente sus estudios para sumarse a estas labores, motivados por la falta de alternativas económicas. Esta situación debilita la estructura educativa y perpetúa la dependencia de economías ilegales, profundizando la vulnerabilidad social de las comunidades nativas.
El dirigente enfatizó que la ausencia de respuesta del Estado incrementa la sensación de abandono y desprotección. “El Estado hasta ahorita no nos escucha nuestras demandas ni nos atiende”, manifestó. La economía local, basada en la pesca, la agricultura y el aprovechamiento responsable del bosque, se ve cada vez más amenazada por la competencia desleal y la destrucción de los recursos.
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La falta de respuesta estatal, según Lovo, ha permitido una “acelerada deforestación”, lo que agrava la situación económica y ambiental de los pueblos indígenas. El alcalde advirtió que, de persistir esta inacción, los próximos años podrían marcar un punto de no retorno para el equilibrio ecológico de la región.
Crisis ambiental en la Amazonía afecta alimentación y acceso al agua
La deforestación acelerada y la proliferación de actividades ilícitas tienen efectos directos sobre la calidad de vida y la salud de las comunidades del Bajo Ucayali. Según Macedo, la desaparición de los bosques y la contaminación de los cuerpos de agua ponen en riesgo la alimentación, el acceso a agua limpia y la salud de los habitantes. “Nuestros bosques y nuestras cochas son las principales fuentes de alimentos para nuestra familia”, subrayó.
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La pérdida de cobertura vegetal afecta la disponibilidad de peces, frutos y otros productos esenciales para la dieta local, mientras que la contaminación derivada de la minería y los cultivos ilícitos incrementa la exposición a sustancias tóxicas. Las comunidades enfrentan, además, mayores dificultades para acceder a servicios de salud y educación, agravando los impactos sociales y sanitarios de la crisis ambiental.

Rodolfo Lovo alertó sobre las consecuencias ecológicas y sociales de la falta de protección: “Si generas el desequilibrio ecológico, la fauna silvestre va a ir gradualmente extinguiéndose, en desmedro de los pueblos shipibos que están dentro de este polígono”. El alcalde subrayó que la desatención estatal amenaza el futuro de la región y la preservación de la biodiversidad amazónica.
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Macedo insistió en que la protección efectiva del ecosistema de Aguas Calientes Maquia es una condición indispensable para garantizar el bienestar actual y futuro de los pueblos amazónicos. “Corre el riesgo de avanzar más la presencia de los cultivos ilegales y nuestros bosques desaparezcan, y corre el riesgo la vida y la salud de nuestras comunidades”, concluyó el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali.
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