El Gobierno peruano dio un paso clave en su estrategia contra el narcotráfico: oficializó la creación del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP), una nueva estructura que reemplazará progresivamente al histórico Proyecto Especial Corah tras más de cuatro décadas de funcionamiento. La medida, publicada mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-IN en el diario oficial El Peruano, busca fortalecer la respuesta estatal frente al avance de los cultivos ilegales de hoja de coca vinculados a economías ilícitas.
La decisión marca un giro en la política pública antidrogas en el país. El nuevo programa dependerá directamente del Ministerio del Interior y tendrá como eje central la reducción del espacio cocalero ilegal en zonas estratégicas, incorporando no solo acciones de erradicación, sino también un enfoque integral que incluye variables ambientales, sociales, culturales y económicas en los territorios intervenidos.
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Adiós al Corah: el fin de un programa con 43 años de historia
La creación del PRECIP implica la disolución progresiva del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah), creado en 1982 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Este programa fue durante décadas la principal herramienta del Estado peruano para la erradicación de cultivos ilegales, inicialmente en el Alto Huallaga y luego en todo el territorio nacional.
Con el paso de los años, el Corah amplió su ámbito de intervención y operó con financiamiento internacional, especialmente del gobierno de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos (INL). Sin embargo, las autoridades consideran que su estructura había quedado desfasada frente a la complejidad actual del tráfico ilícito de drogas y las dinámicas de expansión de los cultivos ilegales en diversas regiones del país.
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El cierre del Corah deberá concretarse en un plazo máximo de 30 días calendario, en paralelo a la implementación del nuevo programa. Para ello, el Ministerio del Interior conformará una comisión encargada de transferir bienes, documentos, activos y pasivos hacia el PRECIP, garantizando la continuidad operativa de las acciones de erradicación.
PRECIP: nueva estrategia con enfoque integral y metas claras
El PRECIP tendrá como principal objetivo reducir y erradicar los cultivos ilegales en las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI), en el marco de la Política Nacional contra las Drogas al 2030. A diferencia de su antecesor, este programa incorpora un enfoque más amplio que busca no solo eliminar sembríos ilícitos, sino también intervenir en las condiciones que favorecen su expansión.
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Entre sus funciones destacan la ejecución del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal, el desarrollo de campañas de sensibilización en comunidades, así como la articulación con entidades públicas, privadas y organismos de cooperación internacional. Además, se enfatiza el respeto a las características de las poblaciones locales para reducir la conflictividad social que históricamente ha acompañado estas intervenciones.
En paralelo, el programa reconoce el impacto ambiental de los cultivos ilegales, especialmente en la Amazonía, donde la expansión cocalera está vinculada a la deforestación y pérdida de biodiversidad. En ese sentido, la erradicación es planteada también como una herramienta para la protección de ecosistemas vulnerables.
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En lo que va de 2026, las operaciones de erradicación ya muestran avances. Según información oficial, se han eliminado 1.261,92 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que habría evitado la producción potencial de más de 11 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Estas acciones forman parte de una meta nacional de 19.000 hectáreas a erradicar durante el año.
Las intervenciones se concentran en zonas como Aguaytía, en la región Ucayali, y continuarán en otros ejes operativos como Putumayo, Caballococha, Tingo María, Atalaya y Callería. Solo en una jornada del 8 de marzo, brigadas lograron eliminar más de 40 hectáreas distribuidas en 22 parcelas, además de almácigos destinados a nuevas plantaciones.
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El PRECIP tendrá una vigencia inicial de cinco años y será financiado con recursos del Ministerio del Interior, transferencias de Devida y aportes de cooperación internacional, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público. Durante su primer año, estará habilitado para contratar personal bajo el régimen CAS con el fin de asegurar su operatividad inmediata.
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