El candidato presidencial de Juntos Por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, manifestó este martes su expectativa de que las autoridades “hagan profesionalmente su labor”, luego de que el Ministerio Público solicitara cinco años y cuatro meses de prisión en su contra por falsa declaración administrativa y falsa información financiera de partidos políticos, al supuestamente haber desviado fondos del movimiento que él lidera a cuentas personales.
“Esa investigación empezó el año 2018 y se me acusaba de haberme apropiado de los fondos del partido. ¿Qué ha dicho el Poder Judicial después de cinco o seis años? Archivado. O sea, el fraude como delito en mi caso ha sido archivado”, declaró en su primer pronunciamiento al respecto.
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La solicitud de condena forma parte de la resolución fiscal emitida el 15 de enero, cuyo contenido no se hizo público hasta esta semana, cuando el escrutinio confirmó que Sánchez participará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.
La acusación incluye también un pedido de inhabilitación política y está previsto que se formalice en una audiencia el miércoles 27 de mayo, a poco más de dos semanas del balotaje que se celebrará el domingo 7 de junio.
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En esa cita, el juez deberá decidir si, con los elementos presentados por la Fiscalía, corresponde abrir juicio contra el candidato presidencial. “No es juicio oral, es una audiencia más en una etapa de control de acusación. Y en ese sentido, yo rechazo absolutamente irregularidad e ilegalidad (...) Como siempre, acudo a todas las diligencias porque soy el más interesado en que se sepa la verdad”, reiteró.
El caso
Los hechos que han motivado esta acusación se remontan a los informes financieros del partido Juntos por el Perú entre los años 2018 y 2021, donde se realizaron diversos procesos electorales para las regionales y municipales (2018), legislativas (2020) y presidenciales (2021).
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En estos informes la organización que lidera Sánchez habría presentado declaraciones que contienen supuestamente información falsa en el primer año y presuntos aportes económicos falsos, en el segundo.

De acuerdo con la Fiscalía, tanto el aspirante presidencial como su hermano William recibieron hasta 280.000 soles en distintos aportes y tasas cobrados a sus afiliados al partido que al parecer no fueron declarados debidamente en los documentos financieros de la formación política.
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El abogado Carlos García Asenjo cuestionó que la Fiscalía no haya señalado de qué forma su defendido usó los aportes que se señala para un fin personal y eximió al candidato de responsabilidad al remarcar que no fue el encargado de elaborar las declaraciones financieras del partido.
Sánchez fue el único ministro que permaneció durante todo el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y ahora dio el paso de ser candidato presidencial en nombre del exmandatario, que cumple una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, para supuestamente evitar una eventual destitución por parte del Congreso, controlado por una feroz oposición a su figura.
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