La página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mostraba la mañana del 8 de mayo 1.058 actas electorales pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE), en un momento clave para el proceso de conteo oficial que debe culminar en una semana. La cifra ha generado inquietud en sectores políticos y ciudadanos, especialmente porque el plazo para la revisión de actas observadas vencía ayer, de acuerdo con una resolución interna del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
¿Por qué hay más de mil actas por enviar, según página de ONPE?
De acuerdo con Alexandra Marallano, exsecretaria general del JNE, no existe una justificación técnica clara para que a estas alturas del proceso permanezcan tantas actas en condición de observadas y sin traslado al JEE. Marallano explicó que el propio jurado electoral estableció que el plazo máximo para resolver el conteo de votos, incluyendo las actas observadas que pueden ser declaradas válidas, finalizaba el 8 de mayo. “Sobre las actas observadas, aún no se ha dado un plazo para ello y todavía pueden resolverse”, afirmó Marallano en diálogo con Canal N. Agregó que esas actas podrían ser objeto de revisión a partir de las audiencias públicas que comenzarán el 8 de mayo en el JNE.
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La ONPE, entidad responsable de la organización y ejecución de los procesos electorales en Perú, ha mantenido el reporte actualizado en su portal, donde se aprecia la cifra de actas pendientes. La presencia de un volumen tan significativo de documentos sin resolver una semana antes del cierre del conteo ha motivado cuestionamientos sobre la eficiencia y la transparencia del proceso.
Según explicó Marallano, “el jurado tiene, según una propia resolución, el plazo hasta hoy para resolver el conteo de votos, es decir, aquellas actas que han sido observadas y pueden declararse válidas”. Sin embargo, no se ha hecho público un plazo específico para el tratamiento de las actas observadas, lo que deja abierta la posibilidad de que el proceso se extienda más allá de lo previsto.
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A una semana del conteo del 100% de actas
A partir del 8 de mayo, el JNE iniciará sesiones públicas para la revisión y eventual subsanación de errores en estas actas. Las decisiones que adopten los Jurados Electorales Especiales podrán ser apeladas, conforme a la normativa vigente. Este mecanismo busca garantizar el derecho de impugnación y la revisión exhaustiva antes de la proclamación de resultados definitivos. Detalló que la transparencia y la accesibilidad de estas audiencias serán elementos clave para la confianza en el desenlace del proceso electoral.
El proceso de revisión de actas observadas suele involucrar una evaluación detallada de inconsistencias, errores materiales, firmas o discrepancias en la suma de votos. Según los procedimientos habituales de la ONPE y el JNE, cada acta observada debe pasar por una evaluación técnica y legal antes de su eventual validación o envío al JEE. Si el JEE resuelve validar el acta, se suma al cómputo oficial; si la observa, puede ser materia de apelación ante el JNE. Este proceso puede prolongarse varios días, dependiendo de la complejidad de cada caso y del volumen de actas pendientes.
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La mesa 900 y una auditoría sin mayores anuncios
La situación de las mesas 900 ha sido otro punto de atención. Marallano precisó que estas mesas existen desde 2005 y fueron creadas para atender a centros poblados alejados. No existe, sin embargo, una norma específica que las regule para procesos presidenciales. La exfuncionaria del JNE descartó versiones que sugerían que cualquier persona podría sufragar en las mesas 900. “No es posible que cualquier persona vote en las mesas 900”, sostuvo, negando irregularidades en la composición de los padrones de estas mesas especiales.
Sobre la auditoría anunciada para el próximo sábado, Marallano expresó preocupación debido a la falta de especificaciones en el comunicado oficial. “Solo hay un comunicado donde no se dice quién lo va a hacer, cómo se desarrollará ni cuánto costará la auditoría” sentenció. La ausencia de detalles sobre el alcance, la metodología y los responsables de la auditoría ha generado interrogantes en la opinión pública y entre los observadores electorales.
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La auditoría se presenta como una medida adicional para reforzar la confianza en los resultados electorales, aunque la falta de información concreta sobre su desarrollo ha alimentado la incertidumbre. El costo, la selección del equipo auditor y la publicación de los resultados son aspectos que, hasta el momento, no han sido aclarados por la ONPE ni por el Jurado Nacional de Elecciones.

Hoy inicia audiencias públicas
Fuentes cercanas al proceso señalaron que el desarrollo de las audiencias públicas a partir del 8 de mayo será determinante para el cierre del escrutinio. Se espera que el tratamiento de las 1.200 actas observadas defina buena parte del desenlace electoral, especialmente en regiones donde la diferencia de votos entre candidatos es mínima.
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La normativa vigente contempla que, una vez resueltas todas las actas y atendidas las eventuales apelaciones, el JNE procederá con la proclamación oficial de los resultados. Mientras tanto, la atención de partidos políticos, medios y ciudadanía permanece centrada en el avance de las sesiones públicas y en la transparencia de cada etapa del proceso.
Marallano subrayó que los plazos establecidos pueden verse alterados por la cantidad de apelaciones o por la complejidad de los casos a tratar. El cierre del conteo oficial y la proclamación de resultados dependen de la culminación de este proceso de revisión, que este año se desarrolla bajo el escrutinio de una sociedad expectante y de observadores nacionales e internacionales.
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