La Defensoría del Pueblo aseguró este martes que “no existen pruebas fehacientes de fraude electoral” en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú 2026, aunque reconoció la existencia de “cuestionamientos a hechos irregulares” que deben investigarse. Josué Gutiérrez, titular del organismo, respaldó los resultados oficiales y llamó a todos los actores políticos a respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
En una conferencia de prensa realizada en Lima, Gutiérrez detalló que la Defensoría analizó los reportes de su equipo de tecnología de la información y de especialistas en procesos electorales antes de publicar el informe final de supervisión. Según el documento, “no hubo ese tal fraude” y es “deber de todos los peruanos reconocer el resultado sea cual sea”. El informe está disponible en el sistema digital de la Defensoría para consulta pública.
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El informe de la Defensoría del Pueblo sostiene que, tras una revisión exhaustiva del proceso electoral realizada por equipos técnicos y con base en datos oficiales, no se han encontrado pruebas concretas que respalden la hipótesis de fraude electoral. Sin embargo, el organismo sí identificó irregularidades logísticas y operativas, y recomendó que las autoridades electorales sean más transparentes con la ciudadanía y los medios de comunicación. La Defensoría reiteró que la legitimidad de los resultados se fundamenta en la fiscalización y la participación cívica.
Mesas de votación y cobertura territorial
Uno de los principales puntos de controversia se centró en las denominadas “mesas de código 900”, ubicadas en zonas rurales de difícil acceso, especialmente en la Amazonía y la región altoandina. Según explicó Gutiérrez, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha ampliado de manera progresiva la cobertura territorial para facilitar el voto de poblaciones históricamente excluidas por barreras geográficas y económicas. El defensor afirmó: “Millones de peruanos se han ido insertando en este proceso del voto”.
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Durante la jornada electoral del 12 de abril, algunas mesas en distritos del sur de Lima Metropolitana abrieron después de las 14:00 por retrasos en el traslado del material electoral. Las mesas que no pudieron instalarse ese día, unas trece en total, abrieron de manera extraordinaria el 13 de abril para garantizar el derecho al sufragio. La Defensoría del Pueblo gestionó directamente ante el Jurado Nacional de Elecciones la ampliación de horarios para asegurar que ningún ciudadano quedara excluido del proceso.
Reclamos de fraude y pedidos de auditoría
El candidato presidencial Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, está en tercer lugar en el conteo oficial de la ONPE al 98% y no accedería a la segunda vuelta, que disputarían Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. López Aliaga ha denunciado supuestas irregularidades y ha exigido una elección complementaria en las mesas que abrieron tarde, alegando que más de un millón de personas se quedaron sin votar. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado evidencia concreta que respalde este número, y la tasa de ausentismo electoral fue incluso menor que en los comicios de 2021, en parte, debido a la pandemia.
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Consultado sobre la posibilidad de una auditoría internacional independiente, Gutiérrez indicó que la Defensoría no se opone a mecanismos adicionales de transparencia, pero subrayó que cualquier investigación debe basarse en hechos verificables y no en percepciones infundadas. “Reconocer que había un problema administrativo técnico, reconocer que podría haber actos de corrupción que se deben investigar, pero que en nada comprometía las demás actuaciones de miles y miles de ciudadanos que estaban trabajando ese mismo día a nivel nacional”, puntualizó el defensor.
Evaluación del proceso y desafíos pendientes
El informe final de la Defensoría resalta la coordinación entre la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, y destaca la participación de más de doscientos setenta mil miembros de mesa y más de diez mil voluntarios en todo el país. El organismo recomendó a las autoridades electorales fortalecer la comunicación institucional y la transparencia de cara a la segunda vuelta programada para el 7 de junio.
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La Defensoría del Pueblo concluyó que, si bien existen aspectos a mejorar en la logística y fiscalización del proceso electoral, los resultados reflejan la voluntad popular y cuentan con sustento técnico suficiente. El organismo instó a la ciudadanía y a los actores políticos a respetar el proceso democrático y a canalizar cualquier reclamo por vías institucionales debidamente documentadas.
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