¿Qué tan cerca está el Perú de quedarse sin combustible? La crisis de Petroperú y el peligro del cierre de Talara y Conchán

El Perú no enfrenta, al menos en el corto plazo, un escenario de apagón total de combustibles, pero sí atraviesa una coyuntura crítica que pone a prueba la estabilidad de su sistema energético. La advertencia de Petroperú —que ha señalado que sin una inyección de USD 2.000 millones podría interrumpir sus operaciones en cuestión de días— ha encendido las alertas sobre un eventual desabastecimiento, en medio de una crisis de liquidez que ya ha obligado a detener la refinería de Iquitos y ha colocado a Talara y Conchán al borde del cierre.

Sin embargo, el riesgo no es uniforme ni inmediato a nivel nacional. La economista Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, advierte en entrevista para Infobae Perú que el panorama es más complejo de lo que sugieren las declaraciones más alarmistas. La situación combina problemas estructurales de gestión, presiones financieras acumuladas y un contexto internacional adverso, pero también la existencia de actores privados que podrían amortiguar parte del impacto.

Un riesgo acotado, pero no inexistente

Para Sícoli, la posibilidad de que el país se quede sin combustible en su totalidad es altamente improbable en el corto plazo. “Actualmente, Petroperú abastece a un 25% del mercado nacional, por lo que el riesgo de desabastecimiento nacional es casi nulo”, señala. Esta menor participación, lejos de ser una fortaleza institucional, refleja la pérdida de peso de la empresa estatal frente a competidores privados en la última década.

La propia empresa ha intentado transmitir calma. Según un comunicado reciente, “Petroperú informa a la opinión pública que cuenta con inventarios suficientes de diésel, gasolinas y GLP, lo que permite atender con normalidad la demanda a nivel nacional”. Este mensaje busca contrarrestar la incertidumbre, aunque no disipa las dudas sobre la sostenibilidad de ese abastecimiento si no se resuelve el problema de liquidez.

Impacto desigual y regiones más vulnerables

El cierre de la refinería de Iquitos y la reducción de operaciones en Talara evidencian que la crisis ya tiene efectos concretos. De acuerdo con Sícoli, la paralización en la Amazonía responde principalmente a deudas con proveedores y a la falta de recursos para cumplir con esas obligaciones, lo que ha obligado a trasladar el suministro desde Lima.

Aun así, anticipar un colapso inmediato en regiones específicas no es sencillo. La economista sostiene que existen alternativas logísticas que permiten redistribuir combustibles desde otras zonas del país, lo que diluye la posibilidad de una interrupción abrupta. No obstante, el contexto descrito en el sector energético apunta a que las zonas más dependientes de Petroperú, como partes de la selva, serían las primeras en sentir una eventual escasez si la crisis se profundiza.

El rol del sector privado en un escenario extremo

Uno de los factores que atenúan el riesgo sistémico es la creciente participación de empresas privadas en el mercado de combustibles. La caída de Petroperú —de un 51% de participación a cerca del 20%— ha sido compensada por otros actores que han ampliado su presencia y capacidad operativa.

En ese sentido, Sícoli considera que, ante una eventual paralización total de la estatal, es “muy probable” que el sector privado pueda cubrir la demanda nacional, al menos en términos de abastecimiento. Sin embargo, este escenario implicaría una mayor dependencia de importaciones, lo que, en un contexto de precios internacionales elevados, podría traducirse en incrementos significativos para los consumidores.

Una crisis gestada durante años

El origen del problema no se limita a factores recientes. Si bien el encarecimiento del petróleo y las tensiones geopolíticas han agravado la situación, la especialista enfatiza que la crisis de Petroperú es de larga data. Está vinculada a fallas estructurales en la gestión, cambios constantes en la dirección de la empresa y decisiones financieras poco sostenibles.

El caso de la refinería de Talara es ilustrativo. Su modernización pasó de un presupuesto inicial de USD 450 millones a cerca de USD 7.000 millones, convirtiéndose en uno de los principales focos de presión financiera. Para Sícoli, este sobrecosto es solo una parte de un problema mayor que incluye “fallas en la gestión financiera y operativa” y una dependencia recurrente de rescates estatales.

El dilema del rescate y las salidas posibles

El pedido de financiamiento por USD 2.000 millones plantea un dilema para el Estado. Otorgar garantías podría aliviar la crisis inmediata, pero también perpetuar un modelo que no ha demostrado ser sostenible. En ese sentido, Sícoli advierte que cualquier apoyo debe estar condicionado a reformas concretas.

Entre las medidas necesarias menciona la reducción de costos operativos, la venta de activos no esenciales y una reorganización profunda de la gestión. Incluso plantea alternativas como esquemas de concesión o asociaciones público-privadas, similares a los aplicados en otros países de la región.

Desde su perspectiva, limitarse a cubrir el déficit actual sin cambios estructurales solo postergaría el problema. “Conceder el aval para que se logre cubrir el desfase financiero actual, solo extenderá la crisis de la petrolera estatal”, afirma. Así, el Perú no enfrenta un colapso inmediato, pero sí una encrucijada que definirá el futuro de su seguridad energética.

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