Barco petrolero sigue retenido por comunidad nativa: piden S/ 2 millones y la presencia de la PCM para atender sus demandas

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú falleció y otro resultó herido durante un operativo realizado el lunes 27 de abril en la comunidad de Providencia, ubicada en la cuenca del río Corrientes, provincia de Loreto, que tenía el objetivo de rescatar una embarcación petrolera retenida por la comunidad nativa de Providencia, quienes exigen S/2 millones para liberarlas.

La retención incluye una barcaza y un empujador de la empresa RICSA, denunciada formalmente desde el 12 de abril. De acuerdo con Latina, el incidente se produjo a las 5:20 a.m. de ese día, cuando unas 25 personas interceptaron el convoy fluvial y obligaron a sus siete tripulantes a dirigirse al centro poblado de Providencia bajo amenazas verbales y físicas.

El gerente de operaciones de la empresa, Paúl Vigo, declaró a RPP que los trabajadores debieron ceder el control de la maquinaria y que la exigencia de S/2 millones para liberar tanto el barco como el personal “es una práctica recurrente”, como si se tratara de un peaje, pero que el monto actual es significativamente superior a otras ocasiones, con cifras que oscilaban entre S/10.000 y S/15.000.

En la intervención policial del 27 de abril, el operativo logró rescatar a tres de los tripulantes que permanecían retenidos, de acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio Público. La autoridad fiscal desarrolla acciones legales para salvaguardar la integridad de quienes continúan sin ser liberados.

Durante la operación, se produjo un enfrentamiento con la comunidad que resultó en la muerte del suboficial Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto, que falleció como resultado de sus heridas de camino a un centro médico. El doctor Jehoshua López López, director del hospital regional de Loreto, informó que Neyra Abanto “llegó sin signos vitales” tras un traslado de aproximadamente 40 minutos.

Comunidad exige S/ 2 millones para pago de sus necesidades

El dirigente Manuel Peraza Sandi, apu de la comunidad, fue señalado por RICSA como uno de los promotores de la retención de las embarcaciones, junto al teniente gobernador Gary Peraza Valera y el presidente federativo local Isaías Saboya Mayanchi. Sin embargo Peraza justificó el pedido de los S/2 millones como una forma de financiar proyectos en su comunidad y la compra de insumos médicos para atender a los nativos.

“Eso no es un saqueo. Es para proyectos: medicinas, educación, agua potable, piscigranjas y puentes. Si la empresa no puede, se busca un acuerdo. El mejor camino es el diálogo”, afirmó según La República. Sostuvo que no se trata de una exigencia con beneficio personal, sino de cumplir el mandato de la comunidad.

“Somos zona petrolera, sin embargo, estamos olvidados. Y esa es la razón que hoy en día la comunidad de Providencia, conformado de hombres y mujeres, nos hemos levantado a pie de lucha a defender nuestros derechos, no con armas, sino con nuestro gran esfuerzo. Nosotros somos los más afectados en esta comunidad. Mire usted niños cómo están. Mire estas ancianas cómo están. Es por eso la razón que nosotros nos levantamos hoy en día”, indicó el líder indígena en un video difundido.

Según el medio local Iquitos al rojo vivo, el líder indígena reiteró que la demanda económica surge del pueblo y no solo de sus representantes. Aseguró que la intervención estatal “ha agravado el conflicto” e insistió en que se evite la intervención de más agentes de la PNP.

Manuel Peraza Sandi, en representación de la comunidad, demandó la presencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo, PerúPetro, el Ministerio de Energía y Minas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Gobierno Regional de Loreto, entre otros organismos. Indica que el objetivo es que “ingrese el Estado para que vea las necesidades” en salud, educación e infraestructura.

Según testimonios de Peraza recogidos en La República, se reportaron al menos cuatro pobladores heridos por impactos de perdigón y gases lacrimógenos, la desaparición de tres comuneros y una menor afectada en la vista. Además, confirmó la liberación de cinco tripulantes de las embarcaciones después del operativo policial. Francisco Guerra Cartagena, patrón del remolcador, fue atendido en la posta de Trompeteros por un preinfarto y trasladado a Iquitos.