
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el proceso para seleccionar a la empresa encargada de distribuir el material electoral en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio. La nueva convocatoria surge tras los inconvenientes registrados durante la primera jornada electoral, lo que ha llevado a establecer requisitos más estrictos para las compañías interesadas.
De acuerdo con un reportaje de Panamericana TV, las empresas postoras deberán demostrar que, en los últimos 15 años, han facturado al menos S/ 1,4 millones por servicios similares. En este contexto, la empresa de servicios generales Galaga evalúa volver a presentarse al proceso, pese a los cuestionamientos por los retrasos ocurridos el 12 de abril.
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Requisitos y nueva convocatoria en evaluación
La ONPE ha endurecido las condiciones para evitar fallas logísticas como las registradas en la primera vuelta. El principal filtro será la experiencia comprobada en servicios de distribución a gran escala, con montos de facturación que respalden la capacidad operativa de los postores. Este requisito busca garantizar que la empresa elegida pueda cumplir con los plazos y exigencias del proceso electoral.
En medio de este escenario, Galaga no descarta participar nuevamente. Su defensa sostiene que la empresa no tiene impedimentos legales para concursar. En esa línea, el abogado Cristian Castillo afirmó en entrevista a Panamericana TV: “Mi consejo es que se vuelvan a presentar, porque no tienen ningún problema ni impedimento y no han cometido ningún delito”. Asimismo, agregó que excluirlos sería injusto y una forma de reafirmar que obtuvieron la buena pro de manera legítima.
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Cuestionamientos al proceso anterior
Durante el fin de semana, se conoció que el consorcio AFE, uno de los competidores en el proceso anterior, alertó al entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, sobre posibles filtraciones en los montos presupuestados. Según esta versión, dicha situación habría influido en el resultado de una licitación previa ganada por Galaga en febrero.
Frente a ello, la defensa de la empresa cuestionó la oportunidad de dicha advertencia. Castillo sostuvo: “No se puede advertir después de haberse otorgado la buena pro; en ese caso, la carta es posterior al proceso”. Con esta declaración, buscó restar validez a las acusaciones de irregularidades.
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Descartan direccionamiento y responsabilizan a terceros
El abogado también rechazó cualquier insinuación de direccionamiento a favor de Galaga, señalando que las deficiencias en las propuestas de otros postores explican los resultados. Según indicó, algunas empresas no cumplieron con los requisitos técnicos o presentaron unidades que no se ajustaban a las condiciones del contrato.
En ese sentido, enfatizó que Galaga no puede ser responsabilizada por errores de sus competidores. Argumentó que las diferencias en puntajes y evaluaciones responden a la calidad de las propuestas y no a un supuesto favorecimiento dentro del proceso.

Chats y responsabilidad por retrasos
Otro de los puntos abordados por la defensa fue el retraso en la entrega del material electoral durante la primera vuelta. Castillo aseguró que existen registros que atribuyen la responsabilidad a la propia ONPE. Estos documentos ya habrían sido presentados ante la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía y la Contraloría General de la República.
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Como parte de su argumento, relató: “A las 11.45 p. m. teníamos 35 vehículos vacíos y se reclamó al representante de la ONPE, quien indicó que ya estaban por salir”. Añadió que el último camión fue cargado recién cerca de las 5:50 de la mañana, lo que habría generado el retraso generalizado.
Finalmente, la defensa reiteró que continuarán colaborando con las investigaciones en curso, mientras la ONPE avanza con el nuevo proceso de selección que definirá qué empresa asumirá la distribución del material electoral en la segunda vuelta.
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