El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) nombró a Javier Constantino Carranza Veramendi como nuevo director ejecutivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).
La Resolución Ministerial N° 0211-2026-MTC/01, firmada por el ministro Aldo Prieto, representa el cuarto cambio en la jefatura de la entidad en menos de un año, un hecho que genera inquietud en el sector de las telecomunicaciones por la falta de estabilidad en la dirección del programa estatal.
PRONATEL: rotación continua y cuestionamientos sobre gobernanza
La medida responde a la vacancia registrada en el puesto y busca “asegurar la conducción institucional del programa”, según consta en el documento oficial.
Pronatel, entidad adscrita al MTC, tiene como mandato expandir el acceso a internet y telefonía móvil en zonas rurales y remotas, con el objetivo de reducir la brecha digital y promover el desarrollo social en el país.
En las semanas previas a este nombramiento, Pronatel experimentó una rápida sucesión de directores ejecutivos. El 10 de abril, César Edmundo Gálvez Pardavé había asumido la dirección ejecutiva, pero fue reemplazado el 13 de abril por Enrique Michael Guevara Varela.
Ahora, tras menos de dos semanas, la gestión recae en Carranza Veramendi. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió que “la falta de estabilidad institucional afecta al sector”, remarcando que en el último año la entidad estatal tuvo tres titulares distintos.
Esta inestabilidad coincide con una etapa de alta presión para Pronatel, que debe enfrentar tanto la ejecución de proyectos de conectividad como la supervisión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, infraestructura que, según AFIN, “presenta caídas recurrentes que afectan los servicios de los operadores”.
“El marco regulatorio vigente sanciona al operador final, pero no al responsable de la red de transporte, en este caso Pronatel, lo que genera tensiones adicionales dentro del sector”, dijo el gremio en su momento.
El conflicto con Redes Andinas y el laudo internacional
Uno de los principales reveses que enfrenta Pronatel es el prolongado litigio con Redes Andinas de Comunicaciones (RAC), subsidiaria de la estadounidense Quanta Services.
La disputa se originó en 2019, cuando Pronatel resolvió de manera unilateral contratos para la instalación de fibra óptica en Cajamarca, Tumbes y Piura. La empresa consideró la medida injustificada, a pesar de que informes internos recomendaban aceptar una ampliación de plazo.
Este conflicto derivó en un arbitraje internacional. La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) falló en 2022 que el Estado peruano debía indemnizar a RAC con más de 168 millones de dólares por la terminación ilegal de los contratos.
A mediados de 2025, se informó que el Tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, rechazó el intento de Pronatel de desestimar la demanda por inmunidad soberana, manteniendo la ejecución del laudo arbitral.
La situación se agravó por demoras y falta de defensa jurídica del Estado peruano. En marzo de 2026, Diario Expreso denunció que el plazo para apelar el laudo internacional venció sin que se presentara el escrito correspondiente ni se designaran abogados, lo que dejó al país en una posición jurídica desfavorable.
Impacto en la conectividad y proyectos detenidos
Las consecuencias de la disputa legal han sido directas. Actualmente, 422 comunidades rurales, 428 colegios públicos, 254 establecimientos de salud y 35 comisarías permanecen sin acceso a internet de alta velocidad debido a la paralización de los proyectos de banda ancha comprometidos en los contratos con RAC.
La Contraloría General de la República identificó “presunta responsabilidad civil y administrativa” en seis funcionarios, incluido el exdirector ejecutivo y hoy viceministro de Comunicaciones Raúl García Loli, por la decisión de resolver el contrato y el perjuicio económico causado al Estado.
Vale precisar que Pronatel supervisa los principales proyectos de infraestructura digital del país, entre ellos la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, los Espacios Públicos de Acceso Digital y la provisión de internet satelital en la selva.
Su director ejecutivo lidera la alta dirección y coordina las oficinas funcionales, bajo un esquema que debería promover la transparencia y la actualización periódica de información institucional.
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