Más de 536 mil líneas móviles cambiaron de operador en marzo de 2026

El aumento estuvo impulsado principalmente por el segmento pospago, en un contexto de mayor competencia entre operadoras, mientras que la portabilidad en telefonía fija registró una marcada caída durante el mismo periodo

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Durante el primer trimestre del año, el número total de líneas que migraron de operador ascendió a 1.515.668.
Durante el primer trimestre del año, el número total de líneas que migraron de operador ascendió a 1.515.668. Foto: Unsplash

El mercado de telecomunicaciones móviles en el Perú registró un repunte en marzo de 2026, luego de varios meses de menor dinamismo en los cambios de operador. Durante ese periodo, 536.832 líneas móviles migraron entre empresas, lo que representó un crecimiento de 13,15% frente a febrero, cuando se contabilizaron 474.439 operaciones, según el Osiptel.

La información, basada en los registros del Administrador de Base de Datos de Portabilidad (ABDP), muestra una recuperación del mecanismo de portabilidad móvil tras cuatro meses consecutivos por debajo de las 505 mil operaciones mensuales. En el acumulado del primer trimestre del año, la cifra total alcanzó 1.515.668 líneas que cambiaron de operador.

Predominio del segmento pospago

El comportamiento de marzo estuvo marcado por una alta participación del segmento pospago, que concentró más del 76% del total de portaciones. En términos absolutos, 410.827 líneas bajo esta modalidad cambiaron de operador, reflejando una mayor movilidad de clientes con contratos.

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Este volumen constituye el nivel más elevado desde mayo de 2025, cuando se registraron 440.338 cambios en el mismo segmento. La evolución de estos datos evidencia una competencia sostenida entre las operadoras por atraer y retener usuarios con mayor valor comercial.

Así se compara la portabilidad de marzo con la de otros meses
Así se compara la portabilidad de marzo con la de otros meses. Foto: Osiptel

Resultados diferenciados entre operadoras

En cuanto al desempeño de las principales empresas del mercado, solo Claro y Entel lograron balances positivos en marzo, al captar más líneas de las que perdieron. Claro lideró este resultado con un saldo neto favorable de 20.245 líneas, seguido por Entel, que obtuvo 3.232 líneas adicionales.

En contraste, Bitel y Movistar cerraron el mes con pérdidas netas. Bitel registró un saldo negativo de 5.076 líneas, mientras que Movistar presentó la mayor caída, con 18.429 líneas menos.

Caída en la portabilidad de telefonía fija

A diferencia del segmento móvil, la portabilidad en telefonía fija mostró una fuerte contracción durante marzo. En total, 2.476 líneas cambiaron de operador, cifra que implica una reducción de 61,90% respecto a febrero, cuando se reportaron 6.499 cambios.

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Por empresas, On Empresas obtuvo el mejor resultado neto positivo, con 928 líneas. En el lado opuesto, Movistar, Americatel y Claro registraron los mayores saldos negativos, con 490, 513 y 622 líneas, respectivamente.

Bitel y Movistar han sido las operadoras más afectadas por la portabilidad de marzo.
Bitel y Movistar han sido las operadoras más afectadas por la portabilidad de marzo. Foto: Osiptel

Operadoras en Perú ya no pueden suspender el pago de multas al presentar demandas judiciales

Hace un par de meses, el Ejecutivo peruano aprobó el Decreto Legislativo N.º 1718, una norma que introduce cambios en la Ley de Osiptel con el objetivo de impedir que las principales operadoras de telecomunicaciones —Movistar, Claro, Entel y Bitel— prolonguen de forma indefinida el pago de multas mediante la sola presentación de demandas judiciales.

Publicada el 6 de febrero de 2026, la disposición busca reforzar la potestad sancionadora del regulador y resguardar los derechos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Hasta entonces, cuando Osiptel imponía una sanción económica, las empresas podían eludir su pago inmediato iniciando acciones legales, lo que suspendía el cobro por largos periodos mientras los casos se resolvían en el Poder Judicial. Esta dinámica no solo retrasaba la aplicación de las sanciones, sino que también restaba eficacia a la labor del ente regulador y afectaba la protección de los consumidores.

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