El Despacho presidencial de José María Balcázar asignó vehículos oficiales de uso exclusivo para el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, y para su secretario general, Alonso Tenorio Trigoso, de acuerdo con la Resolución N° 000038-2026-DP/SGDP publicada el 25 de abril de 2026.
Esta medida, fundamentada en la Ley N° 32513 de Presupuesto del Sector Público para 2026, responde a la necesidad de controlar el uso de bienes estatales en un contexto marcado por la inestabilidad en el entorno del Ejecutivo.
El objetivo es restringir los vehículos oficiales a actividades “estrictamente institucionales” y reforzar la gestión en la cúpula del gobierno, en medio de cuestionamientos sobre la administración de recursos y los recientes cambios en los principales cargos del Despacho Presidencial.
Excepción para cargos clave por necesidades funcionales y de seguridad
La decisión se apoya en la Directiva N° 001-2025-DP/SSG “Administración de Vehículos”, que regula el uso y distribución de la flota vehicular estatal, estableciendo criterios de racionalidad y austeridad.
Según el documento oficial, “la administración, uso y asignación de la flota vehicular del Despacho Presidencial se sujeta a las disposiciones previstas en dicha normativa”.
Además de la asignación regular para los altos funcionarios, la resolución autoriza de manera excepcional el uso de vehículos oficiales para el Subsecretario General, el Secretario del Consejo de Ministros y el Secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno.
Esta medida responde a “razones funcionales, operativas y de seguridad institucional vinculadas al cumplimiento de funciones estratégicas del Despacho Presidencial”.
La autorización excepcional está amparada en el numeral 10.5 de la Ley N° 32513, que permite a las entidades del Poder Ejecutivo extender el uso de vehículos a otros cargos mediante resolución publicada en el diario oficial.
Vehículos solo para fines institucionales
La normativa establece que la asignación y autorización de vehículos es únicamente para fines oficiales, excluyendo cualquier uso personal o no institucional.
El documento subraya que “los servidores y funcionarios no podrán tener vehículos asignados a tiempo completo, a excepción de los altos funcionarios en actividad”. Esta restricción busca asegurar el uso racional de los recursos públicos.
La Oficina General de Administración tiene el encargo de implementar las acciones necesarias para cumplir la resolución y supervisar el uso adecuado de los vehículos estatales. El propósito es que cada unidad asignada contribuya al funcionamiento eficiente del Despacho Presidencial y mantenga la transparencia en el manejo de bienes públicos.
¿Alta rotación en el Despacho Presidencial?
El pasado 7 de marzo de 2026, José Luis Torrico Huerta renunció al cargo de secretario general del Despacho Presidencial apenas dos semanas después de su designación, según la resolución suprema firmada por el presidente interino José María Balcázar y la entonces premier Denisse Miralles.
La dimisión, publicada en el diario oficial, fue aceptada agradeciéndose los servicios prestados. Ese mismo día se oficializó la llegada de Alonso Tenorio Trigoso como nuevo secretario general. Tenorio es ingeniero informático, docente en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y cuenta con una amplia experiencia en cargos públicos ligados a la innovación tecnológica y la transformación digital.
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