El testimonio de un taxista que participó en el traslado de material electoral ha puesto en evidencia fallas en la cadena de custodia durante las Elecciones Generales 2026. Se trata de Julio Apaza Chilliguani, quien aseguró que transportó ánforas desde el Cercado de Lima hasta la sede de la ONPE en San Borja sin monitoreo adecuado ni resguardo policial permanente.
El programa Ocurre Ahora recogió su versión. Julio señaló que fue contactado apenas dos días antes de la jornada electoral a través de un intermediario que difundió convocatorias en redes sociales. Su labor se desarrolló durante la madrugada del 13 de abril. Inicialmente, debía cubrir rutas en San Juan de Lurigancho, pero fue redirigido a San Borja por falta de requerimientos en el primer distrito.
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El conductor indicó que trasladó alrededor de veinte ánforas acompañado únicamente por una trabajadora de la ONPE. Aseguró que no contó con custodia policial durante el trayecto. “Pregunté si podía llevar con alguien más, pero me dijeron que no había personal destinado para acompañar”, declaró. También afirmó que, tras entregar el material, no recibió pago por el servicio.
El caso cobra relevancia porque, en ese mismo tramo, se reportó la pérdida de cinco actas electorales y sus respectivas copias, según una denuncia policial.
Actas perdidas y dudas sobre la cadena de custodia
La desaparición de actas ha generado cuestionamientos sobre la seguridad del proceso electoral. En particular, se investiga lo ocurrido con una mesa en la que el acta para senadores fue observada por inconsistencias en el número de votos: se consignaron 244 votos cuando solo votaron 224 personas.
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El propio taxista descartó haber retenido material electoral en su vehículo. “No, no se quedó nada en mi carro”, sostuvo. Sin embargo, su testimonio revela desorganización en el traslado. “Faltó organización prácticamente, porque nadie sabía lo de nadie”, añadió.
Este escenario ha intensificado las dudas sobre el manejo del material durante el repliegue. Además, se han reportado hallazgos de documentos electorales en distintos puntos de Lima, lo que refuerza las preocupaciones sobre posibles fallas sistemáticas.

Desde la ONPE, la asesora de la jefatura nacional, Katiuska Valencia, reconoció que se han registrado casos de pérdida de actas. Precisó que al menos dos mesas fueron reportadas como extraviadas en distritos como San Juan de Lurigancho y San Borja. También indicó que estos casos están contemplados en el reglamento y son evaluados por los Jurados Electorales Especiales.
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JNE responsabiliza a la ONPE por retrasos en el conteo
En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) responsabilizó a la ONPE por los retrasos en la entrega de actas observadas. En un comunicado, el organismo señaló que los Jurados Electorales Especiales no han recibido la totalidad de estos documentos, pese a reiterados pedidos.
De acuerdo con el pronunciamiento, las actas permanecen bajo custodia de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, lo que ha impedido su traslado oportuno. Esta situación afecta el avance del cómputo de votos y pone en riesgo el cumplimiento del cronograma electoral.

Actualmente, los jurados vienen resolviendo más de 33 mil actas remitidas, pero aún falta la entrega de aproximadamente 30 mil adicionales. El JNE advirtió que tampoco cuenta con los ejemplares necesarios para realizar el cotejo en caso de apelaciones, una función clave como última instancia electoral.
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Ante este escenario, el organismo solicitó a la ONPE la remisión inmediata de toda la documentación pendiente, bajo responsabilidad, para garantizar la continuidad del proceso y la transparencia en la proclamación de resultados.
Renuncia de Corvetto en medio de cuestionamientos
La crisis por las fallas en el proceso electoral derivó en la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE. Su salida se produjo tras varios días de cuestionamientos por los problemas registrados durante la jornada del 12 de abril, incluyendo retrasos, pérdida de material y deficiencias logísticas.
En su carta de renuncia, Corvetto señaló que las dificultades en el despliegue del material electoral en distintos puntos de Lima motivaron su decisión. Indicó que su salida busca facilitar la organización de la segunda vuelta presidencial.
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El exfuncionario también reconoció que las deficiencias detectadas configuran un escenario que le impide continuar en el cargo. Además, sostuvo que los hechos deberán ser esclarecidos mediante las investigaciones correspondientes.
La Junta Nacional de Justicia aceptó su renuncia y confirmó que las indagaciones continuarán. El caso ocurre en un contexto de creciente presión sobre las autoridades electorales y cuestionamientos sobre la transparencia y eficiencia del proceso.
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