Piero Corvetto: ¿se activará el pedido de prisión preliminar contra el ex jefe de ONPE?

El panorama político peruano sumó una nueva controversia tras la renuncia de Piero Corvetto, quien hasta hoy lideraba la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En un contexto marcado por severos cuestionamientos y denuncias durante el proceso electoral del 12 de abril, el ahora extitular presentó su dimisión mientras enfrenta una situación procesal compleja y el pedido pendiente de una posible detención preliminar. La incertidumbre sobre el avance efectivo de la medida cautelar solicitada por la Policía y la Procuraduría abre interrogantes sobre los factores jurídicos y procesales que la frenan.

Piero Corvetto fue designado como jefe de la ONPE en agosto de 2020 y, a raíz de los retrasos logísticos que impidieron la instalación de 211 mesas en Lima Metropolitana, se vio expuesto a una investigación preliminar por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La avalancha de reclamos ciudadanos y la presión institucional motivaron la apertura de un proceso disciplinario que, de acuerdo con el comunicado oficial del organismo, otorga un plazo de diez días hábiles para que el funcionario presente sus descargos.

Pedido de prisión preliminar contra Piero Corvetto

En cuanto al pedido de prisión preliminar, los procesos penales en el Perú exigen que la fiscalía fundamente ante un juez la existencia de elementos de convicción suficientes para sospechar de la participación del investigado en el delito y la existencia de peligro procesal, como riesgo de fuga u obstaculización de la investigación. La evaluación de estos factores es la que determina si se concede o no la medida restrictiva.

La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR) solicitó la detención preliminar de varios funcionarios de la ONPE. Esta información fue confirmada por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien en diálogo con Radio Exitosa explicó: “Tengo entendido que hay una solicitud en ese sentido de parte de la PNP. El fiscal debe estar reevaluando el caso en el transcurso del día y lo estará solicitando al juzgado”. La recomendación policial no se ha traducido hasta ahora en una orden judicial efectiva, lo que genera expectativas sobre la inminencia de medidas restrictivas de carácter penal.

De acuerdo con la abogada penalista, Romy Chang, la renuncia de Corvetto podría responder a una evaluación interna frente a las investigaciones en curso. Chang señaló que la dimisión no necesariamente lo favorece desde una perspectiva procesal, ya que la pérdida de su cargo implica también la pérdida del arraigo laboral, un elemento que suele considerarse relevante al evaluar riesgos de fuga y la necesidad de prisión preventiva.

Pedido de la Procuraduría

La Procuraduría solicitó formalmente que Corvetto Salinas sea incluido en la investigación preliminar por presunta colusión agravada, un delito que implica, bajo el artículo 384 del Código Penal Peruano, que un funcionario público se colude con un particular para defraudar patrimonialmente al Estado a través de un contrato o licitación. Esta figura exige que se demuestre un perjuicio económico real contra los intereses estatales y lleva asociadas penas de seis a quince años de prisión.

La denuncia penal presentada por la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también incluye a tres funcionarios de la ONPE y al representante legal de la empresa contratista Galaga. Los cargos comprenden delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, en agravio del Estado y de la sociedad peruana.

Junta Nacional de Justicia sobre renuncia de Piero Corvetto

La Junta Nacional de Justicia remarcó su respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú y su compromiso con el Estado de derecho y el orden democrático. En el comunicado difundido tras la aceptación de la renuncia, la entidad reiteró que la investigación abierta a Corvetto continuará su curso, sin perjuicio de su salida de la entidad.

El organismo mantiene activa la indagación por presunta falta grave vinculada a los incidentes registrados durante la jornada electoral del 12 de abril, mientras que el proceso se desarrolla bajo los principios de legalidad, transparencia y defensa de los intereses públicos.

¿En qué consiste el delito de colusión agravada?

El delito de colusión agravada se configura cuando un funcionario público, concertando con particulares, causa un perjuicio patrimonial efectivo al Estado. La diferencia con la colusión simple radica en que esta última se consuma con el solo acuerdo, mientras que la modalidad agravada exige la producción de un daño económico real y cuantificable. Las penas para esta conducta van de seis a quince años de prisión, junto con sanciones accesorias como la inhabilitación para ejercer cargos públicos

La designación de un nuevo titular en la ONPE permanece indefinida, mientras la entidad enfrenta una crisis de legitimidad y la investigación disciplinaria y penal avanza bajo atención pública y escrutinio de los organismos de control. El desenlace del caso dependerá de la valoración judicial de los indicios reunidos y de la evolución de las investigaciones, en un escenario donde el respeto al debido proceso y la transparencia institucional continúan siendo puntos de vigilancia central para la opinión pública y los sectores políticos.