Dueño de Galaga rompe el silencio y acusa a la ONPE por caos en Elecciones: “El material no estaba listo”

La polémica por los problemas logísticos en las Elecciones Generales 2026 sigue escalando y ahora suma una nueva versión que contradice la postura oficial. El propietario de la empresa encargada del traslado del material electoral rompió su silencio y apuntó directamente a la ONPE como responsable de los retrasos que marcaron la jornada del 12 de abril, en la que miles de ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto.

En medio de cuestionamientos, reportes de la Contraloría y reclamos ciudadanos por mesas que no se instalaron a tiempo, el caso se ha convertido en uno de los episodios más sensibles del proceso electoral. La empresa Galaga S.A.C., señalada inicialmente por las fallas, sostiene ahora que cumplió con todos los requerimientos logísticos, mientras que el problema se habría originado en la entrega tardía del material desde los almacenes del organismo electoral.

Dueño de Galaga rompe su silencio y apunta a la ONPE por fallas en la distribución

El empresario Juan Charles Alvarado, fundador de Galaga S.A.C., decidió pronunciarse públicamente tras varios días de cuestionamientos. Según explicó al dominical Punto Final, su silencio inicial respondió a una decisión estratégica para no interferir en el desarrollo del proceso electoral. “Yo guardé silencio, me mordí la lengua. Mi silencio ha obedecido a que yo estaba en proceso de ejecución del servicio”, declaró en una entrevista televisiva.

En su versión, la empresa cumplió con desplegar todos los recursos necesarios. Aseguró que contaban con más de 400 unidades vehiculares y conductores disponibles para cubrir las rutas asignadas, pero que el principal obstáculo fue que el material electoral no estaba listo para ser cargado a tiempo.

El empresario detalló que el despacho del material se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Incluso reveló que el último camión salió recién el mismo domingo a las 5:51 a.m., lo que complicó el cronograma previsto. “La entidad nos brindó almacenes, pero el área de despacho no tuvo la mercancía asignada a tiempo”, sostuvo.

Además, relató que la operación logística implicaba procesos estrictos, como protocolos de apertura, cierre, asignación de escoltas y coordinación entre vehículos, lo que podía tomar entre 25 y 35 minutos por unidad. En conjunto, el reparto completo podía extenderse hasta cerca de 10 horas, afectando inevitablemente la llegada oportuna del material a los locales de votación.

Alvarado también indicó que advirtió estas demoras a funcionarios de la ONPE, incluso mediante mensajes directos. Según su testimonio, llegó a reportar que al menos 35 unidades estaban listas pero sin carga, esperando autorización para iniciar ruta.

Retrasos, versiones enfrentadas y observaciones de la Contraloría

La controversia se intensifica porque la versión del empresario contradice la postura inicial del jefe de la ONPE, quien responsabilizó a la empresa por no cumplir con los tiempos establecidos. Este cruce de versiones ocurre en un contexto delicado: más de 50 mil electores no pudieron votar el día previsto debido a que varios locales no contaban con el material necesario.

A esto se suman los hallazgos de la Contraloría General de la República, que ya había advertido riesgos en la operación logística antes de la jornada electoral. Entre ellos, observaciones sobre la experiencia de algunos conductores y posibles deficiencias en la organización del transporte.

Sin embargo, un elemento clave coincide con lo señalado por la empresa: un analista del propio organismo electoral habría reconocido que el retraso en la salida de los vehículos se debió a demoras en la organización, embalaje y entrega del material electoral.

El empresario también respondió a las críticas sobre la contratación de conductores y el uso de unidades adicionales. Explicó que, en este tipo de operaciones, es habitual contar con planes de contingencia y subcontratación, ya que la demanda supera la flota regular disponible. “Tenemos experiencia en este tipo de servicios y hemos cumplido con los términos establecidos”, afirmó.

En paralelo, se conoció que Galaga S.A.C. ha enviado documentación formal solicitando una rectificación pública a la ONPE, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta. El caso continúa generando repercusiones políticas y administrativas, mientras se esperan nuevas investigaciones que determinen responsabilidades en uno de los procesos electorales más cuestionados de los últimos años.