La ONPE gastó más de S/41 millones en computadoras e impresoras que no se usaron en las Elecciones 2026

A pesar de un presupuesto que ascendía a 700 millones de soles para la organización de las elecciones generales de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) destinó más de 41 millones de soles a la compra de 31.234 computadoras portátiles y 9.550 impresoras. Sin embargo, estos equipos no pudieron ser usados durante la jornada electoral, ya que la combinación de fallas logísticas, problemas técnicos y falta de capacitación del personal hizo imposible su uso efectivo.

Según informó el medio Territorio Tomado, la adquisición afectó el proceso electoral y mostró que no se implementaron todos los controles habituales en las contrataciones estatales pues “la ONPE contrató también a una empresa por 144 millones de soles”, según observó Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado. Esta inversión se realizó para brindar soporte informático, una cifra que triplica el gasto realizado en computadoras.

La ONPE también realizó el pago de USD 677.000 a empresas extranjeras por servicios de auditoría asociados al proceso electoral. Aún así, Mónica Yaya explicó que ni uno de estos contratos siguió el procedimiento regular de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a una norma especial aprobada por el Gobierno Central para las elecciones de 2026, que dejó sin efecto los controles habituales. Según Yaya, esto impidió conocer la identidad de los competidores y los términos de las ofertas.

“Hemos tratado de revisar cuál fue el proceso, quiénes fueron las empresas que pudieron presentarse para la venta de las computadoras por S/ 31 millones de soles o para la venta de las impresoras por S/ 9 millones, quiénes eran los competidores, quiénes eran los otros proveedores que pudieron haber ofrecido mejores precios. Ese proceso de competencia que tuvo que haber, no está publicado. No está transparente”, indicó Yaya.

Contrataciones de la ONPE bajo observación

La adjudicación de 31.234 computadoras representó un desembolso de 31.585.694 soles, según consta en la orden de compra emitida el 8 de julio de 2025 a favor de SIP CORP S. A., una empresa sancionada previamente con 277.000 soles por la ONPE debido al incumplimiento en la entrega de equipos en la misma licitación. Aunque fue penalizada por retrasos en la entrega, ONPE volvió a contratar a SIP CORP S. A..

Según Territorio Tomado, los contratos previos de esta empresa con el Estado, según registros oficiales, eran de monto menor al volumen gestionado para este proceso.

En el caso de las impresoras, estas significaron un gasto de 9.550.503 soles y la contratación recayó en una segunda empresa, también con limitada experiencia previa en contratos estatales. En ambos casos, los expedientes de licitación muestran que no hubo concursos amplios ni procedimientos públicos y estandarizados.

Problemas detectados en el uso de los equipos

Durante la jornada electoral, los miembros de mesa y los votantes se encontraron con computadoras e impresoras dispuestas en cada mesa, como mostraron las imágenes incluidas en el reporte de Territorio Tomado. No obstante, la falta de conectividad a internet, ausencia de fuentes de energía adecuadas y limitada capacitación del personal impidieron el uso efectivo de las computadoras y las impresoras. En la mayoría de los locales, los miembros de mesa recurrieron al procedimiento tradicional, tabulando y transportando manualmente los votos en actas.

La Contraloría General de la República también detectó irregularidades técnicas, como la inexistencia de las denominadas “llaves” de seguridad, imprescindibles para custodiar digitalmente los resultados. Este vacío de seguridad aumentó los riesgos en la gestión y protección de la información electoral.

Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado, precisó que “la adquisición de impresoras y computadoras por más de 31 millones de soles involucra bienes que pueden depreciarse en uno o dos años” y consideró necesario revisar el conjunto de compras realizadas por la ONPE para aclarar su pertinencia y legalidad.