El INPE incautó celulares y objetos prohibidos en el penal de Arequipa

La tarde del 18 de abril de 2026, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) efectuaron una requisa en el penal de Arequipa Varones con el resultado de la incautación de celulares ocultos en un maletín, los cuales presuntamente eran utilizados para coordinar actividades delictivas. Esta acción se enmarca en una política nacional de intervenciones destinadas a disminuir delitos organizados surgidos en recintos penitenciarios, según información oficial del INPE.

Durante la inspección en el penal de Arequipa, los agentes penitenciarios encontraron teléfonos celulares que eran empleados como herramientas clave para las comunicaciones de internos presuntamente relacionados con redes de extorsión. El operativo refleja la estrategia nacional de bloquear vías ilícitas y coincide con la ejecución de otros operativos similares en diferentes establecimientos del país, en un esfuerzo por proteger a la sociedad de la comisión de delitos desde cárceles.

Operativos recientes y hallazgos en otros penales

Simultáneamente, otros centros penitenciarios, como el penal de Piura y el penal Miguel Castro Castro en Lima, fueron objeto de requisas con el descubrimiento de diversos objetos prohibidos. En Piura se hallaron una hoja con nombres y números telefónicos, una tarjeta de memoria, armas punzocortantes, pipas artesanales, cables eléctricos y paquetes de hierba seca identificada como marihuana. Estos elementos pueden ser empleados para mantener comunicaciones ilícitas, facilitar intercambios y reforzar vínculos delictivos internos y externos.

En el penal Miguel Castro Castro, la requisa permitió a los agentes penitenciarios desinstalar conexiones eléctricas irregulares e incautar tomacorrientes que, de acuerdo con el INPE, servían a los internos para realizar llamadas extorsivas. Además, se encontraron armas punzocortantes y más de 20 litros de “chicha canera”, un licor artesanal prohibido dentro de las instalaciones.

Estos operativos contaron con la participación de numerosos agentes penitenciarios, personal fiscal y efectivos policiales. En el penal de Piura, por ejemplo, intervinieron más de 170 personas para la revisión exhaustiva de celdas y áreas comunes del pabellón 1. El objetivo institucional es restablecer el orden y dificultar la operación de organizaciones criminales desde las cárceles.

Delitos desde las cárceles

El auge de la extorsión originada en cárceles ha llevado a las autoridades a precisar el alcance real del problema. Javier Llaque, exjefe del INPE, explicó que “en el peor escenario, hablamos de un 0,15%“, refiriéndose al porcentaje de denuncias nacionales de extorsión atribuidas a internos. Esta cifra matiza la percepción de impacto, pero subraya la importancia de mantener acciones preventivas y represivas.

La política del INPE contempla la instalación de bloqueadores de señal para inutilizar celulares incautados, el traslado de reclusos identificados como líderes de redes criminales y controles internos reforzados. Tanto el Ministerio Público como el INPE aseguaron que estas acciones forman parte de una estrategia nacional para combatir la criminalidad y garantizar la autoridad estatal en los recintos penitenciarios.

Los hallazgos de tecnología, armas y sustancias ilegales durante las últimas requisas reflejan tanto la capacidad de adaptación de los internos como la necesidad de fortalecer los sistemas de control. El INPE sostiene que estas intervenciones continuarán de manera sistemática para frenar la organización delictiva en las cárceles.

De acuerdo con el INPE, la persistencia de estos operativos responde al compromiso de salvaguardar la seguridad pública y devolver la tranquilidad a la ciudadanía ante los riesgos que representan los delitos planificados desde los establecimientos penitenciarios peruanos.