El presidente interino del Perú, José María Balcázar, expresó su desacuerdo con la nueva política de expulsión de inmigrantes anunciada en Chile, y advirtió que la medida, impulsada por su homólogo chileno José Antonio Kast, enfrenta obstáculos legales y prácticos fundamentales.
En la conversación con Exitosa, Balcázar insistió en que la efectividad del plan chileno depende necesariamente de la cooperación de países receptores y subrayó la imposibilidad legal de ejecutar deportaciones unilaterales en la región. El mandatario recordó experiencias recientes de Perú con intentos fallidos de deportación a Venezuela y planteó la necesidad de coordinación diplomática a nivel suramericano para evitar que la crisis migratoria derive en tensiones bilaterales.
Al respecto, afirmó: “Por más que los coloque en la frontera (Perú-Chile), no se va a poder". Señaló también que la situación de los migrantes requiere soluciones compartidas y rechazó que los países de tránsito deban asumir en solitario el impacto de políticas migratorias internas de Estados vecinos.
El gobierno peruano movilizó más de cien agentes adicionales a la frontera sur, reforzando la vigilancia en puntos clave como Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata, de acuerdo con lo reportado por el jefe de la Región Policial de Tacna Víctor Luna Velarde a medios locales. Este despliegue de fuerzas corresponde a un dispositivo especial de emergencia decretado una semana atrás, que implica durante 60 días la restricción de derechos constitucionales, controles motorizados, el uso de drones, patrullaje aéreo y vigilancia permanente sobre todo el tramo limítrofe con Chile y Bolivia.
Cuestiona viabilidad de expulsiones de migrantes en Chile sin coordinación diplomática
El debate sobre la viabilidad jurídica de la expulsión de extranjeros en situación irregular se ha intensificado tras el anuncio del presidente chileno José Antonio Kast, quien detalló que la medida se ejecutaría progresivamente a partir del 16 de abril mediante vuelos y traslados terrestres. En declaración a la emisora, Balcázar recalcó que el derecho internacional obliga a establecer acuerdos con los países de origen para proceder con una deportación.
“El presidente chileno entiende así también, que no se puede expulsar porque para eso se requiere que haya un país receptor que acepte la expulsión. En ese caso no se puede hacer", afirmó Balcázar. Agregó que la colocación de migrantes en la frontera no resuelve el problema e incrementa el riesgo de confrontaciones fronterizas o vulneraciones a los derechos de las personas desplazadas.
El mandatario subrayó que Perú no aceptará la recepción forzada de migrantes expulsados, equiparando la disyuntiva actual con experiencias propias recientes en que su país intentó instalar mecanismos de retorno de ciudadanos venezolanos. La falta de reconocimiento formal por parte de Venezuela impidió la materialización de esas expulsiones.
Plantea diálogo regional para gestionar crisis migratoria venezolana
José María Balcázar evocó intentos pasados de Perú para deportar a ciudadanos venezolanos en condición irregular, esfuerzos que no prosperaron porque Venezuela se negó a autorizar el ingreso de repatriados, incluso cuando existió voluntad logística por parte del Estado peruano. Relató: “Nosotros quisiéramos enviar un avión lleno como se intentó en un momento, enviar todos los venezolanos delincuentes hacia Venezuela. Venezuela no dio el pase”.
El presidente peruano consideró que los cambios recientes en la situación política y económica venezolana, particularmente tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta, podrían modificar la disposición de Caracas frente a un eventual regreso coordinado de sus nacionales. Según Balcázar, Rodríguez ha manifestado interés en facilitar el retorno y ha convocado a los venezolanos emigrados, en un contexto de recuperación económica y estabilidad institucional.
En ese sentido, el mandatario propuso que se estudie una estrategia regional concertada, involucrando a cancilleres y jefes de Estado de los países con mayor migración venezolana, como Ecuador, Colombia, Chile y Perú. Para Balcázar, el establecimiento de corredores humanitarios permitiría canalizar la voluntad de retorno de quienes deseen regresar voluntariamente y organizar procesos bajo estándares legales y humanitarios claros.
El presidente subrayó que en Perú la mayoría de ciudadanos venezolanos migrados no provienen necesariamente del crimen organizado, sino que en muchos casos son opositores al gobierno anterior de Maduro.
Perú refuerza control fronterizo tras inicio de plan chileno de expulsión de migrantes
El anuncio del presidente chileno José Antonio Kast de expulsar progresivamente a migrantes irregulares —proceso que involucra inicialmente vuelos y buses desde el 16 de abril— transformó de inmediato la situación en la frontera sur peruana. Los primeros días de aplicación han registrado, según cifras oficiales recogidas por el medio radial, una disminución en los ingresos irregulares desde territorio chileno.
De acuerdo con el periodista chileno Sebastián ávila, citado por la radio peruana, al menos cuarenta ciudadanos en situación irregular fueron expulsados el jueves, algunos de ellos vinculados con el crimen organizado transnacional. Los destinos contemplados en esta primera fase incluyen Colombia y Ecuador.
La respuesta peruana incluyó la declaratoria de estado de emergencia en cuatro distritos fronterizos, donde la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, ha asumido funciones de control interno. Las acciones cubren el cierre de pasos clandestinos, la identificación y vigilancia con drones de rutas de tráfico recurrente en sectores entre el hito 14 y el hito 18, y el uso de cámaras térmicas y vehículos blindados en turnos permanentes de patrullaje.
La Superintendencia Nacional de Migraciones ejecuta procesos de verificación e identificación de extranjeros y aplica procedimientos sancionadores en casos de irregularidad. La normativa permite el rechazo inmediato en frontera a quienes intenten ingresar por rutas no autorizadas, mientras que las personas consideradas vulnerables reciben atención diferenciada acorde con la legislación internacional.
La instalación de puestos permanentes de control y la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada conforman el núcleo de la respuesta oficial. Este comando, dirigido por la jefatura policial de Tacna e integrado por representantes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, coordina la gestión de emergencias migratorias y supervisa la legalidad de las operaciones, consolidando una estrategia de contención sustentada en nuevas herramientas técnicas.
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