Aprueban sancionar con hasta 8 años de prisión la suplantación en exámenes de admisión

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que propone sancionar penalmente a quienes cometan fraude en los procesos de ingreso a instituciones de educación superior, como los exámenes de admisión. Esta iniciativa legislativa surge como respuesta al incremento de mafias de suplantadores y la detección de dispositivos electrónicos durante los exámenes en diversas partes del país.

La propuesta plantea la incorporación del artículo 438-B al Código Penal, creando un tipo penal denominado “Fraude en procesos de admisión a instituciones de educación superior”. Bajo esta nueva normativa, cualquier persona que suplante la identidad de un postulante, utilice documentación falsa, altere resultados o emplee mecanismos ilícitos para obtener un ingreso indebido será reprimida con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años.

“El que, con la finalidad de obtener para sí o para un tercero el ingreso indebido a una universidad, instituto o escuela de educación superior, suplanta la identidad de un postulante, utiliza documentación falsa, altera resultados, proporciona información fraudulenta o emplea cualquier mecanismo ilícito destinado a vulnerar la legalidad del proceso de admisión, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y con 200 a 365 días-multa”, es el delito propuesto.

Además, el dictamen establece agravantes que podrían elevar la condena de 5 a 10 años de prisión. Esto ocurrirá cuando:

• La conducta se realiza mediante medios electrónicos, informáticos o digitales
• El agente actúa como integrante de una organización criminal o con la participación de dos o más personas
• Participa un funcionario, servidor público o personal administrativo de la institución de educación superior

Ahora, el dictamen será elevado al Pleno del Congreso para su eventual ratificación. Luego deberá ser remitido a la Presidencia de la República para su eventual promulgación.

Motivos

Según el dictamen, la legislación actual resultaba insuficiente para frenar el avance de redes criminales que lucran con el ingreso fraudulento a universidades. La propuesta sostiene que este nuevo marco legal “responde a un vacío normativo específico en la tipificación de la suplantación en admisión educativa”.

Se menciona recientes recientes en Piura y Arequipa, donde se detectaron suplantadores y el uso de dispositivos electrónicos. El dictamen asevera que “esta práctica vulnera principios esenciales como la meritocracia, la igualdad de oportunidades y la fe pública, afectando la legitimidad del sistema educativo”.

Finalmente, se argumenta que la norma busca el “blindaje de carreras críticas” como medicina y derecho, desarticulando mafias que ponen en riesgo a la sociedad al facilitar el egreso de profesionales incompetentes. Con esta aprobación, dicen, se pretende fortalecer la confianza ciudadana en un sistema que garantice que las vacantes se asignen “estrictamente a quienes lo merecen por su esfuerzo intelectual”.

Problemas

En la sesión de la Comisión de Justicia también de votó la propuesta para que los miembros de la JNJ ganen lo mismo que un juez supremo. Sin embargo, la transmisión se interrumpió y se retomó cuando ya se debatía otro dictamen.