Qué pasa si gana Keiko Fujimori o Roberto Sánchez: posibles escenarios políticos

En las elecciones del 7 de junio, Perú elegirá entre dos proyectos de gobierno que divergen en sus fundamentos desde la economía hasta la arquitectura del Estado. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), llegan a la segunda vuelta con apenas el 29,9% de los votos válidos entre ambos —el respaldo más bajo de este siglo para dos finalistas— y con un Congreso bicameral que, en cualquiera de los dos escenarios, se perfila como el actor político determinante del próximo quinquenio.

El escenario Fujimori: estabilidad institucional con agenda conservadora

Una victoria de la candidata de FP inauguraría, por primera vez en la historia reciente del país, un gobierno con respaldo parlamentario propio. Fuerza Popular obtuvo 41 escaños en la Cámara de Diputados y 22 en el Senado —la primera minoría en ambas cámaras—, y su alianza natural con Renovación Popular (RP), que sumó 16 diputados y al menos ocho senadores, le daría acceso a una mayoría de bloqueo en las dos instancias del nuevo Congreso bicameral.

El analista político José Carlos Requena señaló a Bloomberg Línea que FP podría alcanzar cerca de un tercio de los escaños en ambas cámaras: un porcentaje insuficiente para gobernar en solitario, pero suficiente para impedir que se alcancen los 87 votos requeridos en Diputados o los 40 en el Senado para activar una vacancia presidencial. “Solo no puede gobernar, pero sí puede protegerse”, resumió Requena.

Ese blindaje político sería el punto de partida de un gobierno cuyo plan de gobierno, titulado “Perú con Orden”, estructura 22 temas en tres pilares: orden, economía y social. En seguridad, la propuesta de Fujimori contempla la creación de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) interconectados en las 24 regiones, el despliegue de 1.000 patrulleros inteligentes y 10.000 cámaras mediante decretos de urgencia, y la construcción de cuatro mega penales bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas. La meta declarada es reducir en 20% la tasa de homicidios al 2031.

En economía, el plan de FP reafirma la economía social de mercado, la independencia del Banco Central de Reserva (BCR) y el respeto a los contratos ley. La meta fiscal es reducir el déficit al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) al 2031 y atraer entre 5.000 y 7.000 millones de dólares adicionales en inversión privada anual. En el debate del 31 de mayo, Fujimori destacó el respaldo de economistas como Luis Carranza como garantía de su equipo técnico.

La alianza entre FP, RP y el Partido OBRAS —que sumó cinco senadores— otorgaría una mayoría absoluta de 35 de los 60 senadores, lo que permitiría un control total de la agenda legislativa y los nombramientos clave de los próximos cinco años. Ese control, sin embargo, no estaría exento de tensiones: OBRAS jugará con demandas regionales y cuotas de poder propias.

El escenario Sánchez: gobierno en minoría frente a un Congreso hostil

El analista Gonzalo Banda, citado por Bloomberg Línea, fue directo sobre el escenario contrario: “Su presidencia sería bastante más débil”. JP obtuvo 32 escaños en Diputados y 14 en el Senado, una bancada que no alcanza el umbral necesario para bloquear una vacancia en ninguna de las dos cámaras. Esto implica que, si la oposición conservadora articula una mayoría, el Ejecutivo no tendría mecanismo para frenar el proceso.

El precedente es conocido: desde 2016, Perú ha tenido ocho presidentes, solo dos de ellos elegidos directamente en las urnas. El patrón de confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, que llevó a la destitución o renuncia de varios mandatarios, se reproduciría con mayor intensidad ante un gobierno de izquierda frente a un Senado de mayoría conservadora.

El plan de gobierno de JP, organizado en 12 ejes, propone transformaciones estructurales que requerirían precisamente de ese Congreso para ser viables. La propuesta más debatida de la campaña es la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 1993, a la que el partido califica de ilegítima en su origen. JP también plantea elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) a 1.500 soles —frente a los 1.025 actuales—, incrementar el gasto en salud al 8% del PBI y en educación al 6%, y establecer la propiedad social de los medios de producción en la pequeña minería a través de cooperativas.

En el debate del 31 de mayo, Roberto Sánchez responsabilizó al fujimorismo y al Congreso saliente por leyes que, según su diagnóstico, favorecen la criminalidad, y planteó la depuración de mandos corruptos en la Policía Nacional del Perú (PNP) como eje de su política de seguridad. Su bancada propone además derogar seis leyes aprobadas entre 2023 y 2025 que, a su juicio, limitan la persecución penal del crimen organizado.

Sánchez confirmó durante la campaña que otorgaría el indulto al expresidente Pedro Castillo, condenado a más de 11 años de prisión por su fallido autogolpe de 2022. Esa promesa formalizó la deuda política de JP con el electorado castillista del sur andino —la región que empujó a Sánchez por encima de Rafael López Aliaga en el conteo final de la primera vuelta— pero también se convirtió en el argumento más repetido por la oposición para cuestionar su candidatura.

El Congreso como árbitro del próximo gobierno

Más allá del resultado del 7 de junio, el nuevo Congreso bicameral —reinstaurado tras 32 años de sistema unicameral— será el factor estructural de la gobernabilidad peruana. El Senado tiene atribuciones para revisar legislación, aprobar nombramientos clave y, junto con la Cámara de Diputados, activar el proceso de vacancia presidencial con mayorías calificadas: 87 votos en Diputados y 40 en el Senado.

El Instituto Bloomsbury de Inteligencia y Seguridad señaló en un análisis previo al balotaje que la presión del Congreso por gasto expansivo —que FP apoyó durante el gobierno de Dina Boluarte— hace probable el deslizamiento fiscal bajo cualquiera de las dos administraciones. El BCR, con Julio Velarde como presidente, se mantiene como el ancla institucional de la estabilidad económica independientemente de quién ocupe Palacio de Gobierno.

La primera prueba de gobernabilidad no será una reforma ni un presupuesto: será la elección de la mesa directiva del Congreso, el proceso que definirá quién controla la agenda legislativa desde el 28 de julio de 2026.