Propuestas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: sus planes en seguridad, economía, salud y educación

A pocos días de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, los planes de gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) muestran dos proyectos de país con enfoques claramente diferenciados. Mientras la candidata fujimorista apuesta por fortalecer el actual modelo económico y priorizar el orden público, el exministro plantea una reforma estructural del Estado, con una mayor participación estatal en la economía y una nueva Constitución.

La comparación cobra especial relevancia porque los planes de gobierno inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) constituyen el documento oficial mediante el cual los ciudadanos pueden conocer las propuestas de cada organización política.

Sin embargo, en la recta final de la campaña, Roberto Sánchez presentó públicamente un nuevo plan de gobierno elaborado junto a agrupaciones políticas aliadas. Este documento incorpora cambios respecto al programa inscrito ante el JNE, pese a que la normativa electoral establece que los planes de gobierno no pueden ser modificados una vez concluida la etapa de inscripción.

Seguridad ciudadana: mano dura versus reforma institucional

La inseguridad es el principal eje de la propuesta de Keiko Fujimori. Su plan “Perú con Orden” plantea la creación de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) en las 24 regiones, el despliegue de 1.000 patrulleros inteligentes y 10.000 cámaras de seguridad, además de la construcción de cuatro mega penales bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas.

La candidata también propone ampliar las Unidades de Flagrancia Express, bloquear completamente las señales de telefonía móvil en las cárceles y reforzar el trabajo de inteligencia policial. Durante el debate presidencial añadió medidas como el denominado “Plan de Pacificación Nacional”, el control militar de las fronteras y el trabajo obligatorio para los internos penitenciarios.

Roberto Sánchez, en cambio, centra su diagnóstico en el debilitamiento institucional. Su plan sostiene que la Policía Nacional (PNP) ha sido afectada por redes de corrupción y propone una depuración inmediata de los altos mandos, democratizar los ascensos y crear una Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito para combatir extorsiones y lavado de activos.

Asimismo, plantea fortalecer las juntas vecinales y los comités comunales como parte del sistema de seguridad ciudadana y derogar un conjunto de normas aprobadas entre 2023 y 2025 que, según su organización política, favorecen la impunidad del crimen organizado.

Economía: continuidad del modelo o cambio constitucional

Las diferencias más profundas aparecen en el terreno económico.

Fuerza Popular reafirma la economía social de mercado, la independencia del Banco Central de Reserva (BCR) y el respeto a los contratos ley y la seguridad jurídica. Su objetivo es reducir el déficit fiscal al 1% del PBI hacia 2031 y atraer entre 5.000 y 7.000 millones de dólares adicionales de inversión privada cada año.

En el plano productivo, Fujimori propone tributación cero para las micro y pequeñas empresas durante sus primeros tres años de formalización, acceso a créditos blandos y programas de apoyo a la agricultura, incluyendo la compra estatal de sobreproducción.

Juntos por el Perú plantea un giro más profundo. Su plan inscrito ante el JNE propone convocar una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 1993 y revisar los artículos vinculados al rol del Estado en la economía, los contratos ley y la explotación de los recursos naturales.

Además, busca fortalecer la participación estatal en sectores estratégicos, revisar los Tratados de Libre Comercio que considere lesivos para la soberanía nacional e impulsar la integración del Perú al bloque BRICS.

En materia laboral, Sánchez propone elevar la Remuneración Mínima Vital a S/1.500 y modificar los criterios para su actualización, priorizando las necesidades de las familias por encima de la productividad.

Salud: telemedicina frente a expansión del gasto público

En salud, ambos candidatos coinciden en que el sistema requiere una reforma profunda, aunque difieren en el camino para lograrlo.

El plan de Keiko Fujimori apuesta por la modernización tecnológica. Propone implementar una red nacional de telemedicina, integrar progresivamente las historias clínicas electrónicas entre el Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía, así como crear un Fondo Financiero Intangible de Suministros Estratégicos Médicos para garantizar el abastecimiento de medicamentos.

También plantea ampliar los Centros de Salud Mental Comunitaria y reducir la anemia infantil hasta el 20%.

Roberto Sánchez considera que el problema central es el bajo nivel de inversión pública. Su propuesta es incrementar el presupuesto para salud hasta alcanzar el 8% del PBI, desarrollar Redes Integradas de Salud en todo el país y centralizar las compras de medicamentos e insumos para reducir sobrecostos.

Durante el debate presidencial, además, anunció brigadas de atención primaria y la implementación de un psicólogo por colegio, financiado con impuestos aplicados a las apuestas deportivas.

Educación: infraestructura versus expansión de la educación pública

En educación, Fuerza Popular propone reducir la brecha de infraestructura mediante la construcción de 3.000 colegios y la conectividad total de las escuelas rurales a través de fibra óptica o internet satelital.

Su programa contempla también la entrega de millones de dispositivos electrónicos para estudiantes, la ampliación de PRONABEC, créditos educativos con garantía estatal y convenios internacionales para fortalecer las universidades públicas.

En el debate, Fujimori complementó estas propuestas con la repotenciación de 5.000 colegios, la entrega de kits escolares producidos por microempresas y el fortalecimiento de programas alimentarios para estudiantes.

Por su parte, Juntos por el Perú plantea aumentar el presupuesto educativo hasta el 6% del PBI, elevar en 50% la matrícula en universidades públicas, erradicar el analfabetismo y nombrar al 90% de los docentes.

Asimismo, propone que la mitad de las becas estatales se destinen a institutos y universidades públicas, crear la Beca Segunda Oportunidad para jóvenes de 22 a 29 años e implementar un Instituto Nacional por la Empleabilidad.