La Asociación Civil Transparencia rechazó una nueva comisión del Congreso para investigar el proceso electoral

La Asociación Civil Transparencia manifestó su rechazo a la posibilidad de que el Congreso de la República forme una nueva comisión investigadora sobre el proceso electoral realizado el 12 de abril, advirtiendo sobre los riesgos de una injerencia política en asuntos electorales. Esto en el contexto de las demoras e irregularidades ocurridas durante la votación.

Transparencia sostuvo que el Congreso no debería intervenir en la investigación de posibles irregularidades en las recientes elecciones peruanas. Consideró que los órganos autónomos, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, ya cuentan con las herramientas legales necesarias para esclarecer cualquier hecho, y recuerda que intentos previos del Congreso para fiscalizar procesos electorales terminaron frustrados por errores en el procedimiento.

“Nosotros lo que sugerimos es que se evite cualquier tipo de injerencia política respecto al proceso”, afirmó José Ñaupari, líder de la comisión de observadores de Transparencia. “Por lo tanto, somos respetuosos de las competencias del Congreso, pero no recomendaríamos, por ejemplo, una comisión investigadora de un proceso en curso”, agregó.

Ñaupari subrayó que corresponde a los organismos competentes investigar cualquier irregularidad. “Ya cumplió el Jurado con presentar la denuncia, que los otros órganos procedan conforme a sus atribuciones”, puntualizó.

Entre las recomendaciones dirigidas a la ONPE, el representante sugirió revisar los contratos de provisión de bienes y servicios para la segunda vuelta y analizar la posibilidad de ampliar el número de proveedores. Aseguró que la diversificación de suministradores podría reducir riesgos, evidentes durante la jornada electoral del 12 de abril.

Insistió, además, en garantizar que el material electoral esté listo y disponible en los locales de votación desde el día anterior a la elección.

El informe final de la organización civil Transparencia sobre el proceso electoral se prevé para finales de julio o la primera mitad de agosto.

Denuncia de fraude electoral y reacción de Rafael López Aliaga

Tras las demoras ocurridas en la entrega del material electoral, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, denunció un presunto fraude y convocó a sus simpatizantes a protestar frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones.

“No permitas que nos roben el futuro. Salgamos a las calles hoy martes, 6 p.m.”, llamó López Aliaga en una publicación difundida en sus redes sociales. El mensaje estuvo acompañado por una imagen con el texto: “nos cansamos que jueguen con la democracia”.

El candidato responsabilizó a la ONPE por la no instalación de 211 mesas de votación el 12 de abril, situación que forzó a habilitar un segundo día de sufragio para los electores afectados. López Aliaga afirmó, sin aportar pruebas, que Renovación Popular habría perdido hasta un 1,2 % de los votos —aproximadamente 100 mil votantes— por estas incidencias, lo que, a su juicio, atenta contra la legitimidad y transparencia del proceso electoral.

En declaraciones a la prensa el día de los comicios, solicitó: “Pedimos un pronunciamiento urgente al Jurado Nacional de Elecciones, de por qué ahora ya es cómplice de lo que ha perpetrado la ONPE. De ONPE ya teníamos sospechas, pero ya que por omisión el Jurado Nacional no haya suspendido la boca de urna, sabiendo que hay un daño”.

Las cifras del conteo rápido muestran que Roberto Sánchez obtuvo el 12,4 % de los votos válidos, Rafael López Aliaga 11,3 % y Jorge Nieto 10,7 %. Entre los tres candidatos solo existe una diferencia de 1,7 puntos porcentuales, lo que mantiene el escenario en un empate técnico por el segundo puesto.

Comisiones investigadoras del Congreso

Tras las elecciones de 2021, el Congreso promovió la creación de una comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en ese proceso, liderada por el congresista Jorge Montoya, en ese entonces, congresista de Renovación Popular, partido de Aliaga. Aunque inicialmente se consiguieron los votos necesarios para su conformación, el cambio de postura de un legislador redujo el respaldo a 45, uno menos de los requeridos.

A pesar de este incumplimiento, las autoridades del Congreso permitieron que la comisión funcionara durante un tiempo, solo que sin exito, pues el informe final no fue aprobado en el Pleno. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que la aprobación no cumplió con el mínimo exigido y anuló tanto la comisión como sus actos.

La sentencia del Tribunal Constitucional subrayó que no era el primer caso en el que se detectaban vicios formales en la formación de comisiones investigadoras sobre procesos electorales.