Un documento presentado este lunes por la periodista de investigación Karla Ramírez revela que la empresa Galaga, responsable del retraso en la entrega del material de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para los comicios generales, obtuvo el contrato pese a que su oferta superaba la de dos compañías con reconocida trayectoria.
En su espacio ‘Karla de miércoles’, Ramírez señaló que la propuesta de esta compañía fue mayor que la de Hermes, empresa con más de 30 años de experiencia, y la del Consorcio AFE, con 19 años de trayectoria, las mismas que participaron en el proceso y presentaron propuestas más económicas.
Galaga planteó, según el documento, un monto de S/ 6,368,332, mientras que AFE ofertó S/ 5,898,928 y Hermes S/ 6,200,184. A pesar de estas diferencias, la ONPE sostuvo que solo la empresa elegida cumplía el requisito de contar con vehículos de mayor capacidad, condición establecida en la convocatoria.
Los Términos de Referencia (TDR) exigían que el contratista fuera propietario de 40 camiones o camionetas y contratara dos pólizas de transporte: una para cubrir el material electoral frente a robos, asaltos y accidentes (S/ 20 500 000) y otra para daños a equipos informáticos (S/ 29 000 000).
El documento lleva la firma de dos funcionarios de la ONPE actualmente investigados en el fuero fiscal: José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral detenido, y Juan Phang, subgerente de Producción Electoral de la Gerencia de Gestión Electoral.
Un reportaje posterior publicado por Canal N recordó que Phang es investigado por presunta participación en una organización criminal que habría capturado de forma ilegal la ONPE y el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el fin de favorecer al partido del candidato presidencial José Luna.
De acuerdo con información judicial, el funcionario habría impulsado de manera irregular el proceso de inscripción del partido político ‘Podemos por el Progreso del Perú’ y ejercido presión sobre otros funcionarios de la ONPE.
Respuestas
Galaga, por su parte, emitió un comunicado en el que afirmó que cumplió “estrictamente con las obligaciones establecidas” y pidió a los organismos electorales que le brinden “las disculpas públicas necesarias”.
También señaló que “el servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados” por la ONPE, y que las demoras en la entrega en algunas zonas de la capital respondieron a “factores ajenos” a su responsabilidad operativa.
“Las demoras registradas en la etapa final del proceso no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa, sino a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa, los cuales deben ser evaluados integralmente por la entidad contratante”, indicó.
Además, la empresa fundada en 2009 sostuvo que las declaraciones del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien la responsabilizó directamente por los retrasos, generaron un “impacto negativo en la imagen y reputación” de la compañía. En ese sentido, solicitó que “disponga las aclaraciones correspondientes y ofrezca las disculpas públicas necesarias por los perjuicios ocasionados”.
Finalmente, Galaga aseguró que colabora con las investigaciones sobre el caso y precisó que este domingo entregó “toda la información correspondiente al contrato a la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), en presencia de un representante del Ministerio Público”.
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