Caso Galaga: gerente de ONPE detenido acusa a Juan Phang de irregularidades en la distribución de material electoral

El gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, detenido en la sede policial tras el escándalo por el retraso en la entrega de material electoral en Lima, aseguró estar dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Al mismo tiempo, señaló que la responsabilidad operativa principal recae en el subgerente de Producción Electoral y destacó la intervención de otros funcionarios en el caso Galaga.

A su salida de la sede de la Dirincri en la avenida España, el funcionario declaró a la prensa y ante la pregunta de si asumirá su responsabilidad. Remarcó: “Como corresponde”.

Un día antes de su traslado, Samamé Blas confirmó haber contratado a Servicios Generales Galaga para el transporte de material electoral en las Elecciones 2026. Relató que su función implicaba tareas directivas, pero sostuvo que la verificación y el monitoreo diario del cumplimiento del contrato recaían sobre su subalterno, Juan Phang Sánchez, señalado como corresponsable en la crisis por la falta de material electoral en 75 locales de Lima Metropolitana, especificamente en los distritos del sur.

Al ser interrogado acerca de la secuencia de hechos que condujeron a la falla logística, insistió: “El subgerente Juan Phang es culpable del caso de la empresa Galaga”. Explicó que, si bien autorizó la contratación de la empresa, era labor del subgerente la comprobación permanente de que los vehículos cumplieran con el servicio.

Acusaciones de Samamé a otros funcionarios de la ONPE

Según la información a la que accedió La República, el gerente de Gestión Electoral reiteró que la supervisión de la entrega del material recaía en Juan Phang Sánchez. “Yo asumo mi responsabilidad en mi cargo, pero el responsable es Juan Phang Sánchez, quien debía estar presente en el local de la ONPE en el jirón Washington, en el Cercado de Lima, para verificar la salida de las actas en las unidades móviles”, declaró.

Añadió que la verificación del cumplimiento del contrato era una función indelegable del subgerente. “Juan Phang sabía que la empresa tenía que llevar los vehículos al local central de la ONPE. Y si eso no ocurría, estaba obligado a reportarlo para evitar que se afectara el proceso electoral”, sostuvo.

Samamé aseguró que Phang estaba al tanto del déficit de camiones y que su silencio agravó el problema. “Pero Phang nunca dijo nada, incluso cuando el contratista empezó a buscar camiones porque no contaba con el número de unidades que le obligaba el contrato”, afirmó en su testimonio.

En la documentación incautada por la policía anticorrupción figuran las firmas de Samamé y del subgerente en los términos de referencia del contrato con Servicios Generales Galaga. “Ambos dimos la conformidad”, señaló el gerente detenido.

Detalles y antecedentes de Servicios Generales Galaga

El contrato con Servicios Generales Galaga ascendió a S/20,5 millones e incluía la distribución de la logística electoral, pero la falta de cumplimiento perjudicó a 52.261 electores. Tras la falla, la ONPE responsabilizó públicamente a la empresa mediante un comunicado, deslindando responsabilidades de sus funcionarios.

El expediente revela que la empresa, presidida por Juan Alvarado Pfuyo, acumulaba sanciones previas y no tenía experiencia específica en este tipo de operaciones, lo que, según las bases de la licitación, debió impedir su adjudicación. A pesar de dichas observaciones, la contratación se concretó con la firma de Samamé y el aval del subgerente.

Por su parte, Galaga emitió un pronunciamiento negando incumplimientos y solicitó que no se le atribuya en forma exclusiva la causa de los problemas logísticos. Reclamó el impacto negativo que ello supondría para su imagen y reputación.

Según registros estatales, Galaga ha sumado 80 contratos con el Estado por S/50,8 millones desde 2018. Organismos como Cenares, el Ejército, el Ministerio de Vivienda y el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos le adjudicaron contratos, pese a los informes de la Contraloría con observaciones previas.