Empresa contratada por ONPE no tuvo capacidad para distribuir material electoral: Contraloría detectó fallas logísticas

La Contraloría General de la República advirtió que la empresa contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Servicios Generales Galaga, no tuvo la capacidad operativa necesaria para distribuir el material electoral de las elecciones generales de 2026. Según detalló el vocero de la Contraloría, Guzmán Vera, la intervención del órgano de control se remonta a varios meses atrás, cuando comenzaron a supervisar el proceso de implementación y logística del traslado de materiales. En diálogo con RPP, Vera indicó que “nos encontramos, y así lo pusimos en conocimiento también al propio personal de ONPE, que estaban existiendo retrasos, que aparentemente la empresa contratada no había tenido, pues, la suficiente capacidad de vehículos para poder trasladar ese material”.

El pasado viernes, un equipo de más de 10 auditores se desplazó hasta el almacén de la ONPE en Lurín para verificar el inicio de la distribución. En esa inspección, se detectaron múltiples deficiencias. “La empresa presentó limitaciones logísticas. Entre las observaciones detectadas figura la subcontratación de unidades que no cumplían con los requisitos establecidos en el contrato; sin embargo, esta no respondía al requerimiento que establecía el contrato”, sostuvo Vera. Además, se identificó un vehículo con el logo de la Municipalidad de Miraflores, lo cual contraviene el principio de neutralidad electoral.

La Contraloría también constató problemas como el mal embalaje del material electoral y la asignación incorrecta de equipos tecnológicos. Según la ONPE, la empresa no contaba con la cantidad necesaria de vehículos para cubrir la demanda, y algunas unidades estaban distribuyendo material en zonas para las que no habían sido asignadas. Esta situación generó retrasos en la entrega y afectó la apertura de varias mesas de sufragio. De acuerdo con el citado medio, estos inconvenientes impactaron principalmente en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, donde numerosos electores se quedaron sin poder votar.

Contraloría solicita explicaciones a la ONPE

Ante las irregularidades detectadas, la Contraloría solicitó formalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, información detallada sobre el proceso de distribución del material electoral en todo el país. El pedido incluyó actas de entrega, guías de remisión, horarios de salida y recepción, así como reportes de monitoreo GPS de los vehículos involucrados, conforme a lo estipulado en el contrato con la empresa. “Hay un compromiso de la institución de revelar, digamos, cuál ha sido el manejo de la ONPE en la ejecución de esos contratos”, afirmó Vera.

El órgano de control pidió además el registro de la apertura de las mesas de sufragio a nivel nacional, la puesta en “cero” del sistema de cómputo electoral y la información sobre las coordinaciones efectuadas con la Policía Nacional para la custodia del material. Vera subrayó que el acompañamiento de la Contraloría a la ONPE comenzó en enero, mediante visitas a distintas oficinas y almacenes, y que el proceso ha estado sujeto a inspección permanente para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa.

Durante la supervisión, la Contraloría emitió al menos 60 informes a través de su órgano de control institucional y oficinas regionales. Estos documentos recogen observaciones sobre las distintas etapas del proceso electoral, desde la planificación y la asignación de recursos hasta la ejecución del despliegue logístico. “Hemos hecho un requerimiento de información, lo vamos a revisar, vamos a ser muy escrupulosos al momento de identificar dónde falló”, señaló el funcionario para el citado medio, quien añadió que se está investigando el motivo por el que un vehículo con el logo de una municipalidad participó en la distribución.

Fallas logísticas y consecuencias electorales

Las deficiencias logísticas detectadas por la Contraloría General de la República derivaron en retrasos en la instalación de mesas de votación y, en algunos casos, en la imposibilidad de apertura de locales electorales. De acuerdo con RPP, ya existen reportes preliminares sobre afectaciones en algunos recintos donde la instalación de mesas tardó o no llegó a concretarse, situación que impactó directamente en el derecho al sufragio de miles de ciudadanos.

Entre los principales hallazgos figuran la falta de actualización de domicilios en el padrón, la subcontratación irregular de unidades de transporte y la asignación incorrecta de recursos tecnológicos. La presencia de vehículos no autorizados, como el identificado con el logo de la Municipalidad de Miraflores, fue señalada como un elemento que compromete el principio de neutralidad en el proceso electoral. “Vamos a indagar por qué motivos había un vehículo que tenía el logo de una municipalidad”, puntualizó Vera.

La Contraloría General de la República reiteró que continuará su labor de fiscalización y que, tras la revisión de la información solicitada a la ONPE, emitirá nuevos informes para determinar responsabilidades y establecer recomendaciones. El organismo aseguró que su objetivo es garantizar la transparencia y la integridad de los procesos electorales en el país.