Esposa de José Domingo Pérez trabajó para el gobierno de Pedro Castillo con sueldo superior a S/13 mil

Luego del polémico anuncio de José Domingo Pérez, en el que informó que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo y lo calificó como “preso político”, un reciente informe revela que su esposa trabajó en el Estado durante el gobierno castillista con un salario superior a los 13 mil soles mensuales.

Según el programa de noticias 24 Horas, Vanessa Medina Muñoz se desempeñó como consultora bajo la modalidad de Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Su vínculo laboral se extendió entre noviembre de 2021 y junio de 2022, periodo en el que percibió una remuneración mensual de S/13.700.

De acuerdo con el citado medio esta no fue su única experiencia en el aparato estatal durante ese periodo. Previamente, Medina había sido contratada como consultora FAG en el Ministerio de la Producción, donde laboró entre septiembre y noviembre de 2021, evidenciando una continuidad en sus servicios durante los primeros meses del gobierno de Castillo.

Defensa legal y cuestionamientos

La revelación se produce en paralelo al nuevo rol asumido por José Domingo Pérez, quien recientemente anunció que ejercerá la defensa del exmandatario. El exfiscal, conocido por su participación en el Equipo Especial Lava Jato, realizó este anuncio desde el penal de Barbadillo, donde Castillo cumple su condena.

En declaraciones públicas, Pérez sostuvo que su defendido se encuentra en una situación que considera injusta, al señalar que no se le habría garantizado un debido proceso. Asimismo, afirmó que el juicio habría estado marcado por una presunta falta de imparcialidad por parte del tribunal.

En esa línea, indicó que su estrategia de defensa no se limitará al ámbito judicial, sino que también contemplará acciones en instancias internacionales, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales del exjefe de Estado.

Situación judicial de Pedro Castillo

Actualmente, Pedro Castillo cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras el fallido golpe de Estado 7 de diciembre de 2022. Su defensa legal ha presentado una apelación que se encuentra en trámite ante la Corte Suprema.

Además de esta sentencia, el exmandatario enfrenta diversas investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción y organización criminal durante su gestión. En ese contexto, el Poder Judicial dispuso la ampliación de su prisión preventiva por 12 meses en uno de los procesos en curso.

El caso continúa en desarrollo y se mantiene en la agenda pública, mientras las autoridades judiciales evalúan los recursos presentados y se analizan nuevos elementos relacionados con el entorno del exmandatario y su defensa legal.