El Gobierno de José María Balcázar decidió prorrogar por 60 días más el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en La Libertad. La medida, oficializada mediante decreto supremo, confirma que la estrategia aplicada desde diciembre de 2025 no ha logrado contener el avance del crimen organizado vinculado a la minería ilegal, una actividad que hoy mueve más dinero que el narcotráfico en el país.
Prórroga que evidencia un problema sin resolver
La extensión del estado de emergencia es la continuidad de una política aplicada desde fines del año pasado, cuando el Ejecutivo dispuso que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno. Sin embargo, el nuevo decreto deja en claro que las condiciones que motivaron la intervención se mantienen.
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El propio sustento técnico del Gobierno reconoce que persisten “otras situaciones de violencia” relacionadas con organizaciones criminales. En términos simples, el problema no ha sido resuelto. Por el contrario, la necesidad de mantener restricciones a derechos fundamentales y el control militar revela que el Estado aún no logra recuperar plenamente el territorio.
Violencia en zonas mineras no se detiene
Los hechos registrados en los últimos meses muestran la necesidad de esta medida, pero ponen en duda su efectividad. El 31 de diciembre de 2025, cuando ya regía el estado de emergencia, se produjo un enfrentamiento en una bocamina vinculada a la minera Poderosa, en el anexo de Vijus. El incidente dejó tres personas fallecidas con impactos de bala.
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Según la información disponible, las víctimas habrían ingresado de manera ilegal con la intención de sustraer mineral, en una zona disputada por grupos dedicados a la minería ilegal. Este episodio muestra que, pese a la presencia de fuerzas del orden, los conflictos violentos por el control de recursos continúan.
La persistencia de estos enfrentamientos evidencia que el problema no es solo de seguridad, sino estructural. La minería ilegal ha generado economías criminales, donde el uso de armas y la violencia forman parte del control territorial.
Operativos logran golpes, pero no frenan el avance
En paralelo, el Estado ha ejecutado intervenciones a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), que integra a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Uno de los operativos más recientes, denominado “Centauro”, permitió incautar fusiles, explosivos y material logístico en una bocamina ilegal en Pueblo Nuevo.
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El decomiso incluyó armas como fusiles FAL, Galil y R15, además de mechas y fulminantes utilizados en la extracción ilegal. Estas acciones buscan debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
Sin embargo, estos golpes no han sido suficientes para desarticular las redes. La continuidad de la violencia y la necesidad de mantener el estado de emergencia indican que las organizaciones siguen activas y con capacidad de reorganización.
Minería ilegal: una economía criminal en expansión
El trasfondo de esta crisis es el crecimiento sostenido de la minería ilegal en el Perú. Según datos de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, esta actividad mueve alrededor de 8,200 millones de dólares, superando incluso al narcotráfico.
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Además del impacto económico, sus efectos en seguridad son evidentes. Distritos como Pataz registran niveles de homicidios muy por encima del promedio nacional, lo que los convierte en zonas de alto riesgo.
El gremio también ha advertido que decisiones legislativas recientes podrían agravar el problema. Un dictamen aprobado en comisión en el Congreso modificaría las condiciones de las concesiones mineras sin suficiente sustento técnico, lo que, según especialistas, podría abrir espacios para el lavado de activos y fortalecer economías ilegales.
En este contexto, la prórroga del estado de emergencia aparece como una respuesta inmediata, pero no como una solución de fondo. La continuidad de la medida refleja que el Estado enfrenta un desafío complejo: contener una economía criminal que se ha expandido durante años y que hoy opera con normalidad.
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