Gobierno de Balcázar crea grupo para diseñar presupuesto contra la criminalidad; el documento demorará casi un año

El Gobierno de José María Balcázar oficializó la creación de un grupo de trabajo que tendrá hasta 330 días para diseñar un programa de gasto en seguridad ciudadana, en medio de una escalada de violencia que golpea especialmente al transporte público en Lima y otras ciudades del país. La medida fue aprobada mediante una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no implica acciones inmediatas contra la delincuencia.

La norma establece la conformación de un equipo multisectorial que deberá elaborar un Programa Presupuestal orientado a Resultados (PPoR), es decir, un plan técnico que defina cómo debe usarse el dinero del Estado para reducir la criminalidad.

Un plazo de casi un año en medio de extorsiones

El dato que llama la atención en la resolución es el tiempo: el grupo tendrá hasta 330 días calendario para cumplir su tarea. Esto ocurre en un contexto en el que los ataques contra transportistas no se detienen.

En los últimos días, un chofer y dos pasajeros murieron tras un atentado contra la empresa “Los Rojitos” en San Juan de Miraflores. Además, las amenazas ya no solo se dirigen a buses, sino también a las viviendas de los conductores, lo que ha generado temor en el sector.

A esto se suman protestas, anuncios de paro y el despliegue de policías y militares en cocheras y rutas. Solo en Lima Norte, cerca de 500 efectivos resguardan 64 patios de maniobra, en un intento por contener la violencia. Pero todo esto parece insuficiente.

En ese escenario, la decisión de tomarse varios meses para diseñar un plan abre el debate sobre la velocidad de respuesta del Estado frente a la inseguridad. Además, a esto se suma los constantes cambios en los ministerios.

¿Qué hará exactamente este grupo de trabajo?

Según la norma, el equipo estará integrado por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el MEF, el Ministerio del Interior, la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Su tarea principal será diseñar un programa que identifique qué acciones funcionan para reducir delitos y cómo deben financiarse. Para ello, deberán basarse en evidencia y realizar discusiones técnicas.

El resultado final será un informe que se entregará al Ministerio de Economía.

Además, podrán convocar a otras entidades como el INPE, Migraciones o la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiendo de los temas que se aborden.

No hay más dinero ni medidas inmediatas

Uno de los puntos clave de la disposición es que este grupo no contará con presupuesto adicional. Funcionará con los recursos ya existentes de las instituciones involucradas y sus integrantes no recibirán pagos extra.

Esto ocurre mientras otras entidades, como el Ministerio Público, enfrentan serias limitaciones. Fiscalías en el interior del país han reportado que no tienen presupuesto suficiente ni siquiera para pagar servicios básicos como luz o internet.

En ese contexto, especialistas, como Jorga Chávez Cotrina, Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada recordó que el problema no solo pasa por diseñar estrategias, sino por contar con recursos para ejecutarlas.

Medidas paralelas que avanzan lentamente

Mientras se diseña este nuevo programa, el Gobierno ha anunciado otras acciones, como la instalación de cámaras en buses. Sin embargo, estas medidas también han tenido retrasos.

El exministro del Interior señaló que se instalarán 40 mil cámaras en unidades de transporte en un plazo menor a 60 días. No obstante, esta iniciativa ya había sido planteada meses atrás y su implementación sigue un proceso administrativo que incluye licitaciones.

En paralelo, la Policía ejecuta operativos como “Corredor Seguro” y “Transporte Seguro”, con patrullaje en rutas y presencia de agentes dentro de buses.

Un plan que aún no llega a las calles

La creación del grupo de trabajo responde a una disposición incluida en la Ley de Presupuesto 2026, que declaró la seguridad ciudadana como prioridad del Estado.

Sin embargo, la resolución no introduce cambios inmediatos en la lucha contra la delincuencia. Tampoco modifica leyes ni dispone nuevas acciones operativas.

En la práctica, el Estado ha iniciado un proceso para definir cómo gastar mejor el dinero en seguridad, pero ese proceso tomará meses.