Keiko Fujimori dice desconocer sanción de la ONPE contra Fuerza Popular

A menos de dos semanas de las elecciones generales, la candidata presidencial Keiko Fujimori optó por tomar distancia de la sanción impuesta a su partido, Fuerza Popular, por el uso indebido del financiamiento público directo. Durante una actividad proselitista en el mercado Federación Perú al Futuro, en Caquetá, la lideresa fujimorista aseguró que no cuenta con información suficiente sobre la resolución emitida por los organismos electorales.

En un breve pronunciamiento ante la prensa, Fujimori señaló que no conoce los detalles del caso y evitó emitir una opinión. Indicó que será el personero legal de su organización política quien revise el expediente y adopte las acciones correspondientes. En esa línea, deslizó que el tema seguirá el curso regular de los procedimientos administrativos, lo que incluye una eventual apelación.

“Bueno, todo eso será evaluado por el personero legal de nuestro partido y me imagino que habrá, un proceso de apelación. Concluido el proceso podré pronunciarme”, destacó.

Fujimori busca centrar la agenda en propuestas

En paralelo, Keiko Fujimori se refirió hacia su participación en el próximo debate presidencial. Según afirmó, este espacio será utilizado para exponer propuestas y sostener intercambios con sus contendores en un marco de respeto.

La candidata evitó adelantar contenidos específicos, pero dejó en claro que su enfoque estará en presentar iniciativas antes que en confrontaciones. Señaló que el debate representa una oportunidad para comunicar sus planteamientos a la ciudadanía y diferenciarse en el tramo final de la campaña.

Asimismo, hizo un llamado a los demás partidos políticos para reforzar la presencia de personeros durante la jornada electoral. Consideró que una mayor cantidad de veedores contribuirá a garantizar la transparencia del proceso y el respeto de la voluntad popular en las urnas.

Este pronunciamiento se da en un contexto en el que los plazos para la acreditación de personeros están próximos a vencer, lo que incrementa la presión sobre las organizaciones políticas para asegurar su cobertura en los centros de votación.

JNE confirma sanción contra Fuerza Popular por uso indebido de fondos

Mientras la candidata evitaba profundizar en el tema, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la sanción contra Fuerza Popular por infracciones vinculadas al uso del financiamiento público directo durante el segundo semestre de 2023.

La decisión del máximo órgano electoral declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa del partido, con lo que se confirmó la multa de 33 unidades impositivas tributarias, equivalente a 163 350 soles. Además, se dispuso la pérdida del 10 % del financiamiento público directo correspondiente a la asignación semestral.

La sanción se origina en una resolución previa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que detectó gastos considerados no permitidos por la Ley de Organizaciones Políticas. El JNE respaldó esta evaluación al determinar que los recursos públicos fueron utilizados en conceptos ajenos a los fines establecidos por la normativa vigente.

El fallo recalca que la infracción es de carácter “muy grave”, lo que justifica tanto la multa económica como la reducción del financiamiento estatal al partido.

Gastos observados: vales, canastas y merchandising

El caso se centra en el uso de fondos públicos para la adquisición de vales de pavo y canastas navideñas destinadas a trabajadores del partido, así como en la compra de artículos como polos, tomatodos, bolsas ecológicas, trofeos y servicios tecnológicos.

Según la ONPE, estos gastos no están contemplados dentro de las categorías permitidas, como funcionamiento ordinario o actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. El JNE coincidió con este criterio al señalar que la normativa no incluye beneficios como vales o canastas dentro del concepto de gasto de personal.

Además, el tribunal electoral precisó que la ley no otorga a los partidos una facultad discrecional amplia para destinar recursos públicos a beneficios laborales adicionales. En ese sentido, concluyó que dichos desembolsos exceden los límites establecidos.