Legalidad y legitimidad: la brecha que amenaza el orden jurídico y el futuro

Durante décadas, la legalidad y la legitimidad transitaron caminos paralelos, incluso cercanos. La primera otorgaba estructura y previsibilidad; la segunda, sentido ético y aceptación social. En los últimos años ambos conceptos han comenzado a distanciarse peligrosamente. Hoy asistimos a un escenario donde algunos actos amparados en la ley resultan cuestionables desde la legitimidad, mientras que conductas socialmente aceptadas colisionan con el marco normativo. Para quienes dirigimos organizaciones, esta ruptura no es solo teórica: es un riesgo institucional, reputacional, moral y operativo de primer orden, que incluso puede afectar la convivencia cotidiana.

Para ejemplo un botón: la inestabilidad política por la que transita el Perú con 8 presidentes en los últimos 10 años. Las vacancias promovidas por el Congreso tendrían un sustento constitucional, al menos formal para quienes las plantearon. Sin embargo, la pregunta que se plantea es: ¿todos estos cambios cuentan con la aceptación de la sociedad civil? El Congreso cuenta con las facultades que lo habilitan a vacar al presidente, lo que imprime legalidad en sus decisiones, pero ¿es legítimo lo que viene ocurriendo? Las reacciones sociales y los mercados indican que no hay tal legitimidad, por el contrario, los intereses de los representantes se alejan de los de sus representados y, mientras tanto, se sigue alimentando una inestabilidad que parece hacerse crónica y nos afecta a todos, incluso en nuestro día a día.

En la relación Estado con la empresa y el ciudadano la brecha también es grande. El Estado exige un cumplimiento minucioso y costoso de diversas obligaciones, vinculadas a la protección de datos y de los consumidores, a la presentación de diversos reportes tributarios, los perfiles de cumplimiento, la implementación de herramientas y procesos tecnológicos, por mencionar solo algunos, que buscan facilitar sus labores de protección del ciudadano, recaudación tributaria y fiscalización. Mientras los administrados realizamos grandes inversiones en implementar estas obligaciones y fortalecer su cumplimiento, las entidades públicas siguen protagonizando filtraciones de datos sensibles, ejecutan acciones de fiscalización arbitrarias que vulneran nuestros derechos, que incluso no consideran información que la autoridad previamente exigió proporcionar o se desconocen gastos que el propio Estado obligó a ejecutar. Se ejecutan actuaciones que carecen de un sentido técnico y se aplican procedimientos o conclusiones arbitrarias que distan mucho de la obligación de proteger y dar servicios de calidad al ciudadano. Así, surgen otras preguntas: ¿es legítimo exigir un estándar que el propio Estado no está en capacidad de cumplir? ¿Dónde queda la simetría de responsabilidades?

Las obligaciones, fiscalizaciones y sanciones arbitrarias, los criterios cambiantes y el desconocimiento de la realidad empresarial minan la confianza y convierten un proceso legal en uno carente de legitimidad. ¿Puede considerarse justo un mecanismo que, aun siendo formalmente válido, termina generando indefensión, resultados irracionales y afectaciones a derechos constitucionales? ¿Una obligación legal vigente que ya no es acorde a los tiempos, coyuntura y desarrollo, debe seguir exigiéndose bajo los mismos parámetros que se usaron para su creación?

Estamos avanzando hacia un modelo donde la ley se utiliza para sancionar al débil (el administrado) y blindar al fuerte (el Estado), un ordenamiento que pierde su razón de ser: equilibrar intereses y garantizar justicia. Un entorno donde la falta de legitimidad de la norma invita al administrado a actuar incorrectamente, en contra de la ley, buscando precisamente un espacio de actuación legítimo, aunque sea ilegal. Ante este escenario poco alentador, la pregunta urgente que debemos hacernos es: ¿cuál es el punto de encuentro entre legalidad y legitimidad? Ese punto solo puede hallarse cuando la ley vuelve a ser razonable, simétrica y técnica, y cuando la legitimidad no se invoque para justificar arbitrariedades, ni para actuar en contra de la ley, sino para fortalecer el sentido ético del marco normativo.

Todos somos responsables de buscar esa comunión: legisladores, jueces, autoridades, empresas y sociedad civil. La legalidad sin legitimidad puede llevarnos al autoritarismo; la legitimidad sin legalidad al caos. Nuestra tarea es reconstruir el puente entre ambas, antes de que la distancia sea irreparable.