Revelan que nuevo presidente del INPE fue sancionado por traslados irregulares de reos y denunciado por violencia por su esposa

El nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Jorge Cotos Ochoa, fue sancionado en 2008 por autorizar el traslado irregular de reclusos condenados por delitos graves y afrontó una denuncia por violencia psicológica presentada por su esposa, según un informe difundido este martes por Canal N.

La televisora informó que el funcionario suma más de tres décadas de experiencia en el ámbito penitenciario, aunque en 2008, cuando ejercía como director de la oficina regional de Lima del INPE, la entidad decidió separarlo provisionalmente tras determinar que permitió el traslado de internos sentenciados por robo agravado y secuestro con documentos judiciales falsificados.

El reportaje detalla que, en 2014, el Tribunal de Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) confirmó la responsabilidad administrativa de Cotos Ochoa en estos hechos. Inicialmente, la sanción consistió en una suspensión de 20 días sin goce de haber, aunque tras una apelación se redujo a una amonestación escrita.

En 2019 y en enero de 2026, el INPE autorizó el uso de fondos institucionales para financiar la defensa legal de Cotos Ochoa en procesos por abuso de autoridad, una decisión que implicó destinar recursos públicos a litigios directamente relacionados con su función.

Canal N también dio cuenta de una denuncia presentada en 2016 por la esposa de Cotos Ochoa por violencia psicológica en una comisaría del Callao, sin que se conozcan detalles sobre el desenlace del caso.

La designación del funcionario, quien ocupaba previamente la dirección del Establecimiento Transitorio de Procesados Lima Norte, se oficializó mediante la Resolución Suprema N.º 054-2026-JUS, publicada este lunes en el diario oficial El Peruano. Dicha resolución lleva la firma del mandatario interino José María Balcázar y cuenta con el refrendo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez.

José Jerí, antecesor de Balcázar, anunció a finales de enero de 2026 una reestructuración del sistema penitenciario nacional, con la creación de una nueva entidad estatal, tras detectar “deficiencias administrativas críticas” que perjudican la gestión y el control de los centros penales en todo el país.

Así, el Decreto Legislativo n.º 1710 establece la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que absorberá al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres).

Jerí señaló que la medida busca corregir vulnerabilidades en los sistemas de custodia y rehabilitación. Afirmó que la reforma modificará estructuras existentes y afectará intereses particulares que han perpetuado un estado de confort institucional, pero advirtió que este cambio “es irreversible en favor de la seguridad pública”.

No obstante, mientras se completa el proceso de fusión, las entidades implicadas continúan operando y conservan sus funciones, conforme a la normativa vigente.

Cotos Ochoa, licenciado en psicología, ocupó los cargos de secretario general del INPE, asesor de Presidencia, director regional en distintas zonas del país, director del penal del Callao y del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP).

Trabajó en los penales de Lurigancho y Miguel Castro Castro y participó en la elaboración de proyectos normativos del sistema penitenciario, como el Código de Ejecución Penal y su reglamento vigente, así como en investigaciones sobre conducta delictiva y programas de rehabilitación.