Gobierno nombra a Jorge Cotos Ochoa como jefe del INPE: quién es y cuál es su trayectoria

El Gobierno de José María Balcázar designó a Jorge Henry Cotos Ochoa como nuevo presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad encargada de administrar los establecimientos penitenciarios del país.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 054-2026-JUS, publicada el 8 de marzo de 2026 y firmada por el presidente y el ministro de Justicia Luis Enrique Jiménez Borra.

La resolución establece su nombramiento como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, cargo que en la práctica corresponde a la máxima autoridad de la institución y responsable de dirigir la gestión del sistema penitenciario peruano.

El nombramiento se produce en un momento en que el sistema penitenciario atraviesa un proceso de reorganización institucional. Entre los cambios planteados se encuentra la implementación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).

Una carrera ligada al sistema penitenciario

Cotos Ochoa cuenta con una trayectoria de varios años dentro del sistema penitenciario peruano. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos de dirección dentro del INPE, principalmente en oficinas regionales.

Uno de los antecedentes de su trayectoria se remonta a 2013, cuando fue designado director de la Oficina Regional Sur–Arequipa del INPE en reemplazo de Óscar Eduardo Castillo Calderón. La decisión se formalizó mediante la Resolución Presidencial N.° 103-2013-INPE.

Antes de asumir ese puesto también se había desempeñado como director de la Oficina Regional Lima, una de las dependencias con mayor carga administrativa dentro de la institución.

Su trabajo en estas oficinas regionales implicaba supervisar el funcionamiento de varios establecimientos penitenciarios, coordinar acciones de seguridad y garantizar el cumplimiento de las políticas penitenciarias establecidas por el INPE.

Gestión en la región norte del país

Posteriormente, en 2015, ejercía funciones como director de la Región Norte del INPE, desde donde supervisaba diversos establecimientos penitenciarios ubicados en ciudades como Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Jaén, Chota, Huancabamba y San Ignacio.

Durante su gestión en esa zona, señaló que uno de los objetivos principales era reforzar las medidas de control dentro de los penales.

Entre las acciones anunciadas estaba intensificar las revisiones y controles para evitar el ingreso de objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios, una problemática recurrente en el sistema carcelario peruano.

Asimismo, indicó que en ese momento no se contemplaban cambios inmediatos en la dirección de los establecimientos penitenciarios bajo su jurisdicción, al considerar que los directores venían desempeñando adecuadamente sus funciones.

La región norte del INPE concentra varios centros penitenciarios importantes y enfrenta desafíos relacionados con el hacinamiento, la seguridad y el control de actividades ilícitas dentro de algunos penales.

Cuestionamientos durante su trayectoria

Durante su carrera también se registraron algunos cuestionamientos a su gestión. En 2015, la Defensoría del Pueblo del Perú solicitó una rectificación por declaraciones atribuidas al funcionario contra el jefe de la oficina defensorial de Lambayeque.

En ese momento, el defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega Luna, envió un oficio al INPE señalando que las declaraciones eran agraviantes y que funcionarios de la institución habrían obstaculizado el ingreso de representantes de la Defensoría a un establecimiento penitenciario para realizar labores de supervisión.

Según la entidad, se habrían solicitado comunicaciones o autorizaciones previas para permitir el ingreso de sus representantes al penal, lo que, de acuerdo con la Defensoría, contravenía sus facultades para realizar visitas de supervisión sin aviso previo.

Este episodio generó un intercambio institucional entre ambas entidades sobre las condiciones en las que deben realizarse las labores de supervisión en los establecimientos penitenciarios.

Antecedentes judiciales y funciones recientes

El nombre de Cotos Ochoa también aparece en una sentencia emitida en 2010 por el Tribunal Constitucional del Perú, cuando se desempeñaba como director regional Lima del INPE.

El caso analizaba un hábeas corpus presentado a favor de un interno con un trastorno psiquiátrico que debía ser trasladado a un hospital especializado por orden judicial. El tribunal concluyó que el INPE había realizado gestiones para cumplir con el traslado, pero que los centros de salud consultados no contaban con la capacidad para recibir al paciente.

Por ese motivo, la demanda fue declarada infundada respecto a los funcionarios del INPE involucrados en el caso.

Más recientemente, en enero de 2023, la institución dispuso encargarle la dirección del Establecimiento Transitorio de Lima Norte debido a que ese puesto se encontraba vacante.

Posteriormente, en enero de 2026, el INPE aprobó su solicitud de defensa legal tras ser incluido en una investigación de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte por el presunto delito de abuso de autoridad, relacionado con hechos ocurridos durante su gestión en ese establecimiento.