La Fiscalía de la Nación intervino el Palacio de Gobierno este miércoles 18 de febrero, apenas horas después de la destitución de José Jerí como presidente interino del Perú. El operativo, encabezado por el fiscal adjunto supremo Ramón Flores Ñañez y los fiscales José Fustamante Rafael y Ana Manrique Farfan, se centró en la oficina de asesoría jurídica del Despacho Presidencial, donde el equipo fiscal solicitó información sobre los contratos y designaciones realizados durante la gestión de Jerí.
La presencia del Ministerio Público se da en el marco de la investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, ligada a la contratación de mujeres jóvenes en distintas entidades del Estado luego de reuniones privadas con Jerí en la sede presidencial. Según fuentes de La República, la pesquisa apunta a determinar si existió una red de favores y designaciones irregulares que benefició a allegadas del exjefe de Estado.
La intervención se produce tras días de revelaciones periodísticas sobre visitas nocturnas, contratos por órdenes de servicio y designaciones exprés, así como las declaraciones del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien explicó que la salida de Jerí del Ejecutivo redefine el alcance y la estrategia de la investigación.
“A partir de mañana tenemos que redefinir el sentido de la investigación, tenemos que aplicar otra estrategia y disponer la realización de las diligencias necesarias para establecer hechos”, afirmó en el programa Contracorriente y detalló que, mientras Jerí ocupó la presidencia, las restricciones constitucionales y jurisprudenciales limitaban las acciones fiscales a la toma de declaraciones y la solicitud de informes.
Con la pérdida de la banda presidencial, Jerí recuperó su curul como congresista, lo que implica que ahora está sujeto al régimen de antejuicio parlamentario: la Fiscalía puede avanzar con allanamientos, incautación de dispositivos, impedimento de salida y otras diligencias coercitivas, pero no podrá presentar acusaciones formales sin autorización expresa del Congreso.
“Ya podemos realizar medidas coercitivas, aunque con mucha limitación, porque de todas maneras, aún cuando el señor Jerí deja de ser presidente, sigue siendo congresista y sigue teniendo la prerrogativa de antejuicio”, precisó Gálvez, quien subrayó que las investigaciones seguirán siendo “superreservadas” y que el Ministerio Público actúa “respetando los derechos de las personas, el principio de objetividad y la presunción de inocencia”.
El contexto que rodea la intervención es especialmente crítico. En las últimas semanas, se difundieron reportes sobre la contratación de al menos cinco profesionales de entre 29 y 38 años en entidades públicas, con contratos que se formalizaron pocos días después de visitas privadas a Palacio de Gobierno, algunas realizadas en días festivos y hasta altas horas de la noche. Uno de los casos más llamativos involucra a una visitante que permaneció en la sede presidencial durante toda la noche, saliendo recién a la mañana siguiente. Estas revelaciones incrementaron la presión sobre el Ministerio Público y aceleraron la adopción de acciones inmediatas tras la caída de Jerí.
La censura a Jerí, aprobada con 75 votos a favor, marcó el fin de su protección legal como jefe de Estado y redefinió su futuro inmediato. El premier Ernesto Álvarez Miranda y el fiscal Gálvez coincidieron en que el retorno de Jerí al Parlamento le devuelve sus derechos y fueros como congresista, manteniendo su despacho y salario, pero exponiéndolo a un escrutinio fiscal más intenso.
El jefe del gabinete ministerial subrayó que la figura de la censura, aunque legal, no era la vía adecuada para remover a un presidente según la doctrina constitucional, que exige la vacancia como mecanismo formal.
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