José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Jorge Chávez Cotrina se refiere al decreto que crea el Subsistema Especializado contra la Extorsión, publicado cinco días antes de la censura contra José Jerí

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Según reveló el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, la norma perdió viabilidad financiera durante su reglamentación y terminó convertida en una estructura formalmente creada, pero inviable en la práctica. Video: Exitosa/Hablemos claro

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, calificó al Decreto Legislativo N.º 1735, promulgado por José Jerí pocos días antes de su censura, como “una verdadera ley procrimen”.

En entrevista con Exitosa, explicó, la norma, que crea el Subsistema Especializado contra la Extorsión, modifica la forma en que se investigan delitos graves como la extorsión y el sicariato, debilitando el sistema que actualmente lucha contra las organizaciones criminales.

Chávez Cotrina señaló que la ley establece que los delitos de organización criminal, banda y criminalidad sistemática “van a ser juzgados e investigados por las nuevas fiscalías que se pretenden crear, que obviamente no se van a crear” por falta de presupuesto.

Esto significa que casos complejos no serían asumidos por fiscalías especializadas existentes, sino por un grupo que aún no existe, dejando un vacío legal y operativo. En sus palabras, esta situación favorece indirectamente a las organizaciones criminales al impedir que los procesos judiciales avancen con normalidad.

Vacío institucional y riesgo para la Corte Nacional

El decreto también trasladaría competencias de las fiscalías de crimen organizado hacia estas nuevas fiscalías. Chávez Cotrina explicó que esto podría debilitar a la Corte Nacional encargada de investigar a grandes bandas, como el Tren de Aragua o casos de sicariato de alto perfil.

“Imagínese usted, pretenden que todos los casos que tiene la Corte Nacional, por ejemplo contra el Tren de Aragua o contra ‘el Monstruo’, pasen a ser juzgados por estas nuevas fiscalías y juzgados. Eso, pues, es incoherente”, dijo.

El riesgo principal es que la experiencia y especialización de las fiscalías actuales no se aprovechen. Al depender de estructuras que aún no se implementan, los procesos complejos podrían detenerse, afectando la investigación y persecución de los delitos más graves. Según Chávez Cotrina, esta reorganización normativa no fortalece el sistema, sino que lo fragmenta y lo hace menos eficiente.

La norma inejecutable y la advertencia del fiscal

Chávez Cotrina insistió en que la norma no se puede ejecutar tal como está escrita. “Las fiscalías no se van a crear. La norma es inejecutable. No se le puede estar mintiendo al país. Hay que serle sinceros”, declaró en entrevista a Exitosa.

El fiscal enfatizó que, mientras no existan estas fiscalías ni se cuente con los recursos necesarios, el sistema anticrimen quedará en un estado de incertidumbre. Las investigaciones contra las organizaciones criminales, la extorsión y el sicariato podrían quedar paralizadas, dejando a las víctimas sin protección y favoreciendo a los delincuentes.

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Ministerio Público sin fondos para operativos

La falta de presupuesto en el Ministerio Público amenaza con frenar operativos y dejar sin atención adecuada a víctimas y testigos. Así lo advirtió Jorge Chávez Cotrina, en una entrevista previa con Canal N.

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, señaló que ya se han programado operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú para continuar con investigaciones por crimen organizado y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana. Sin embargo, estas acciones están en riesgo.

Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)
Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)

“Estos operativos no se van a poder ejecutar porque no tenemos para los pasajes y viáticos de los fiscales”, declaró. Precisó que en cada intervención participan entre 40 y 60 fiscales, lo que implica una logística que hoy no podría sostenerse sin recursos adicionales.

Además, alertó que la falta de financiamiento y los posibles despidos provocarían la paralización de todas las investigaciones en curso. Más de 4 mil asistentes serían cesados en marzo, lo que reduciría la capacidad operativa de las fiscalías.