Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Confuso cambio. A finales de 2025, el Congreso de la República promulgó la Ley N.° 32490, que establecía medidas excepcionales contra la extorsión y el sicariato. Esta norma se aprobó en medio de paralizaciones del gremio de transportistas por los constantes atentados contra choferes.

Una de sus principales disposiciones era la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), integrado por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con un régimen especial de seguridad y remuneración.

El objetivo de este grupo era dedicarse exclusivamente a los casos relacionados con bandas criminales dedicadas a la extorsión. El propio texto reconocía que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía tienen una carga excesiva de trabajo y que, para dar mayor celeridad a los procesos, era necesario implementar este subsistema especializado.

¿Y el dinero? La ley planteaba que los recursos para su implementación estarían a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que otorgue el financiamiento que demande la implementación de la presente ley”, expresaba el texto. Esto significa que se autorizaba al MEF a asignar recursos para que la norma funcione, aunque el financiamiento no estaba completamente garantizado.

Cambio en la reglamentación de la norma

Si bien en un primer momento se autorizó al MEF a financiar su implementación, posteriormente el Decreto Supremo 009 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cambió el esquema y dispuso que se ejecutara con “recursos propios” de cada institución. Luego, el Decreto Legislativo 1735 mantuvo ese mismo problema: crear el sistema sin asignación presupuestal. Ambas normas fueron emitidas durante el gobierno de José Jerí.

Según reveló el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, la norma perdió viabilidad financiera durante su reglamentación y terminó convertida en una estructura formalmente creada, pero inviable en la práctica.

En sus palabras, “ha sido una estafa al país”:

“En primer lugar es serle sincero a la población y decirles objetivamente y lo digo claramente, esas presuntas fiscalías (contra bandas criminales) no se van a crear. La norma es inejecutable. No se le puede estar mintiendo al país. Hay que serle sinceros. El Ministerio Público no tiene presupuesto para crear estas fiscalías y el Poder Judicial tampoco. Y tampoco tiene la policía para crear los grupos especiales. Esto ha sido una estafa al país, así de simple”, reveló en entrevista con Exitosa.

Ministerio Público podría quedar inoperativo en dos meses

Chávez Cotrina, advirtió que el Ministerio Público atraviesa una grave crisis por falta de presupuesto y que, en un plazo de dos meses, podría quedar inoperativo. La advertencia pone en el centro el impacto que tendría esta situación en la lucha contra el crimen organizado.

El problema no es reciente. La Junta de Fiscales Supremos ya había alertado este panorama cuando Delia Espinoza era fiscal de la Nación. Sin embargo, tras su destitución y la elección de Tomás Aladino Gálvez como titular interino, el tema perdió fuerza en la agenda pública.

A pocos meses de iniciar el 2026, la situación es delicada. Chávez Cotrina informó que en marzo se producirían despidos masivos de asistentes. Más de 4 mil trabajadores dejarían la institución, lo que afectaría directamente la continuidad de las investigaciones.

El coordinador explicó que esta reducción impactaría el rendimiento del Ministerio Público en un contexto marcado por la expansión de las organizaciones criminales, la delincuencia y el sicariato. Según indicó, sin personal suficiente y sin recursos para cubrir gastos básicos, las investigaciones podrían paralizarse.