La reciente desarticulación de una organización criminal permitió a la Policía exponer un giro en la violencia ejercida contra transportistas. Durante el operativo se incautaron celulares y audios que revelan que el grupo no solo exigía cupos, sino que evaluaba secuestrar a una víctima para presionar pagos pendientes.
El caso fue dado a conocer tras la intervención de presuntos integrantes vinculados a remanentes de la organización criminal Los Michis. La investigación identificó a una mujer señalada de recibir el dinero de las extorsiones y reportar a alias “Yani”, quien presuntamente coordinaba acciones. También se detectaron comunicaciones con internos recluidos en penales del país, sentenciados por delitos agravados cuando integraban esa red.
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El coronel PNP Jorge Carpio, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones, explicó que los delincuentes “ya no solo coaccionan” y que ahora recurren al secuestro para obligar a las víctimas a enviar mensajes desde el cautiverio y así presionar a otros compañeros a pagar. Según detalló, se trata de remanentes de una banda ya desarticulada que buscaban retomar el control del cobro ilegal en determinadas zonas.
Amenazas con explosivos para forzar pagos
Entre los audios analizados por los investigadores se detectó un plan que incluía la colocación de un artefacto explosivo en el cuerpo de la víctima. El coronel Carpio señaló que habían planificado secuestrar a una persona y “colocar un artefacto explosivo en el cuello” con la intención de grabar el hecho y difundirlo.
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La finalidad, de acuerdo con la investigación, era viralizar el video para forzar el pago de las exigencias económicas. La Policía considera que este tipo de amenaza evidencia un incremento en la gravedad de las acciones contra el sector transporte.
Durante el interrogatorio a una de las intervenidas, un agente preguntó a quién pensaban secuestrar. La mujer respondió: “A nadie, que no íbamos a hacerle nada”. Sin embargo, cuando se le consultó por audios relacionados con secuestros y dinamita, contestó: “Yo no sé”.
Para los investigadores, los mensajes hallados muestran coordinación y planificación. La intervención policial evitó que el plan se concretara.
Lurín y Comas: ataques armados en menos de un día
Mientras se informaban estos hallazgos, tres atentados contra transportistas sacudieron Lima en menos de 24 horas, durante la gestión del presidente interino José María Balcázar.
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En Lurín, un conductor de la empresa conocida como San Bartolo fue asesinado. Sus compañeros paralizaron el servicio que cubre la ruta entre Pucusana y San Miguel en señal de protesta. Los trabajadores denunciaron que reciben amenazas constantes y que las organizaciones criminales les exigen hasta 50 mil soles para permitirles trabajar.
Semanas antes, otro chofer de la misma empresa había sido acribillado en el paradero Llanavilla, en el kilómetro 23 de la antigua Panamericana Sur, mientras trasladaba pasajeros.
Horas después, en Comas, un conductor de la empresa Etssacocsa fue baleado por un hombre que subió al bus como pasajero. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Lima y San Felipe. Cámaras de seguridad registraron que el agresor revisó su celular antes de obligar al chofer a detener la unidad y dispararle.
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El herido fue trasladado al Hospital Nacional Sergio E. Bernales y permanece con pronóstico reservado. En el interior del vehículo se encontró una carta extorsiva en la que se exigía el pago de cupos bajo amenaza de nuevos atentados.
Ventanilla: crimen en zona escolar
El tercer atentado ocurrió en Ventanilla. Un colectivero fue asesinado a balazos en el paradero Hogar, en la Panamericana Norte, cuando esperaba pasajeros.
Testigos indicaron que escucharon varios disparos y vieron al atacante huir a pie. El hecho ocurrió cerca de una caseta de serenazgo y de un colegio estatal, lo que generó preocupación entre vecinos y comerciantes.
La víctima fue identificada como Cristopher López Pariona. La Policía acordonó la zona y peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias. Las primeras hipótesis apuntan a un caso vinculado al cobro ilegal que afecta al sector transporte.
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