Prepotencia, distancia con la prensa, desconexión ciudadana y otros cuestionamientos que Dina Boluarte y María del Carmen Alva comparten

El vacío de poder generado tras la abrupta caída de José Jerí coloca al país, una vez más, ante el vértigo de la sucesión constitucional. El Congreso del Perú se prepara para elegir al tercer presidente en menos de cinco meses, luego de un ciclo de destituciones y escándalos que dejó en evidencia la precariedad de la institucionalidad y el agotamiento del sistema político.

El escenario actual es el desenlace de una crisis encadenada. Dina Boluarte fue destituida el 10 de octubre de 2025, con 122 votos a favor, tras una ola de inseguridad detonada por ataques armados a bandas musicales como Agua Marina y el escándalo del “Rolex Gate”, que la involucró en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. José Jerí, quien asumió tras la caída de Boluarte, fue censurado apenas 130 días después, el 17 de febrero de 2026, por denuncias de tráfico de influencias y adjudicación irregular de millonarios contratos militares. Así, el Palacio de Gobierno permanece vacío mientras el Congreso, sumido en la fragmentación, debe designar hoy a un nuevo presidente interino que garantice la transición hasta las próximas elecciones.

Entre los postulantes, María del Carmen Alva, quien ya fue presidenta del Congreso, lidera una de las listas con más posibilidades de éxito. Sin embargo, su historial está marcado por episodios de prepotencia y confrontación, lo que enciende las alarmas sobre la posibilidad de reeditar los mismos errores que precipitaron la caída de Boluarte.

¿Qué tienen Dina Boluarte y María del Carmen Alva en común?

Ambas figuras, que escalaron hasta la primera línea del poder en contextos de crisis, comparten más rasgos de fondo y forma de lo que a simple vista podría parecer. Sus trayectorias muestran paralelismos en el trato hacia la oposición, la relación con la prensa, sus posiciones frente a los derechos humanos y el manejo de la agenda de género, así como en la percepción de distanciamiento y elitismo que proyectan hacia el ‘país profundo’.

Mientras Boluarte fue señalada por su frialdad, hermetismo y distancia, Alva ha destacado por su impulsividad y confrontación directa. Mientras la expresidenta optaba por el silencio ante las críticas, la extitular del Congreso respondió con gestos enérgicos y episodios de prepotencia. Algunos de los episodios más recordados son el jalón de brazo a la congresista Isabel Cortez en plena sesión, la vez que le dijo a la alcaldesa de Ocoña “¡están en mi casa!”, y cuando presionó a la parlamentaria Francis Paredes para que cambie su voto; actos percibidos como agresiones que generaron un fuerte rechazo público y mediático.

Su mala relación con la prensa, también es uno de los puntos que las une. Boluarte restringió el acceso de periodistas a Palacio de Gobierno y evitó las conferencias durante meses, manteniendo un récord de días sin declaraciones públicas. Alva, por su parte, implementó restricciones de acceso al Congreso que mantuvieron a los reporteros fuera de las galerías bajo pretextos sanitarios y, cuando fue confrontada, eligió el enfrentamiento abierto.

“Como siempre informando mal (...) ¿Por qué has mentido?”, le increpó a un periodista. Ambas gestiones han sido acusadas de debilitar la transparencia y el derecho a la información, consolidando la percepción de un poder cada vez más opaco y refractario a la fiscalización.

Otro de los ejes similares es su narrativa frente a la protesta y la represión. Boluarte justificó la acción letal de la policía y las Fuerzas Armadas durante las movilizaciones de 2022 y 2023, enfrentando investigaciones por homicidio calificado y posibles crímenes de lesa humanidad tras la muerte de 60 civiles. Alva, en línea similar, defendió el uso de la fuerza y calificó las muertes como “consecuencias del vandalismo” o incluso como “chantaje” de los manifestantes. Ambas se alinearon en priorizar el “orden” y minimizaron la autocrítica sobre el accionar del Estado, lo que las distanció aún más de sectores sociales y organismos internacionales de derechos humanos.

En el ámbito de los derechos de la mujer, ninguna impulsó reformas sustantivas para fortalecer la protección frente a la violencia de género. Por el contrario, ambas priorizaron alianzas con bancadas conservadoras, permitiendo el avance o la permanencia de leyes que organizaciones sociales señalan como retrocesos en la protección de las víctimas. La falta de liderazgo en este frente resulta especialmente llamativa en dos mujeres que ocuparon la cúspide del poder político en un país con altos índices de feminicidios y violencia doméstica.

Además, durante sus gestiones, ambas evidenciaron desconexión con el “Perú profundo”. La primera perdió legitimidad tras frases como “Puno no es el Perú” y su escaso diálogo con las regiones del sur, epicentro de las protestas más intensas. Alva, por su parte, fue cuestionada por comentarios percibidos como clasistas sobre la composición social del Congreso, consolidando la imagen de una élite limeña distante de las realidades regionales y populares. En ambos casos, la sensación de lejanía y falta de empatía ha sido un factor determinante en el deterioro de su imagen pública.

Por último, ambas se despidieron de sus cargos con niveles históricos de rechazo: Boluarte alcanzó un 91% de desaprobación a nivel nacional y Alva cerró su presidencia del Congreso con un 72% de rechazo.