El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí con 75 votos

Perú nuevamente enfrenta una severa crisis política al decirle adiós a su presidente número siete en solo 10 años. José Jerí fue censurado y desituido del máximo poder del Estado tras 130 días en el cargo. El Congreso fue el responsable de su salida donde, en un pleno extraordinario, la mayoría votó por el cambio del mandatario luego de una serie de polémicas en las que se ha visto envuelto y ha dado pase a una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias, el escándalo de las contrataciones en Palacio de Gobierno y una escalada en el rechazo ciudadano tras los destapes del llamado Chifagate.

En una maratónica sesión, que se inició a las 10:00 horas y terminó pasadas las 14:20 horas, el Pleno del Congreso decidió aprobar la moción de censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

Previamente, la representación nacional sometió a una cuestión previa para impedir la votación de las mociones de censura y proceder a la figura de la vacancia presidencial y así alargar hasta marzo el proceso para retirar del cargo a Jerí. Sin embargo, esta movida política, fue desestimada por la mayoría parlñamentaria.

Una caída anunciada

La caída política de Jerí se aceleró en el último mes. Según las más recientes encuestas de Ipsos e Imasen, la desaprobación del mandatario aumentó en 20 puntos porcentuales en apenas treinta días, alcanzando un 61% de rechazo según Ipsos y un 70,4% según Imasen. El desplome de su popularidad coincidió con las revelaciones sobre reuniones no registradas con empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, así como con la difusión de informes periodísticos sobre la contratación de allegadas mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un régimen reservado para altos perfiles y que en este caso benefició a personas sin experiencia previa en el sector público.

La presión institucional aumentó aún más cuando la Contraloría General de la República solicitó expedientes y comprobantes de pago de varias de las contrataciones cuestionadas en el Despacho Presidencial. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar contra “los que resulten responsables” por la modalidad y los vínculos personales detrás de los contratos. Si bien Jerí no podía ser incluido directamente en la pesquisa por su investidura, el despacho del Fiscal de la Nación no descartó incluirlo.

El ‘Chifagate’: el escándalo que motivó la destitución

El escándalo mayor, sin embargo, fue el Chifagate, que expuso la relación del presidente con Zhihua Yang, empresario con millonarios contratos estatales y señalado como operador del llamado “Club de la Construcción chino”. Las imágenes de Jerí ingresando encapuchado a un restaurante de San Borja, fuera de todo registro oficial, detonaron la crisis. El mandatario ofreció múltiples versiones sobre el motivo de la reunión y, finalmente, admitió el error y pidió disculpas públicas, pero el daño a su credibilidad ya era irreversible. Según Ipsos, el 78% de los peruanos percibe indicios de corrupción en el comportamiento del presidente.

El contexto político se volvió aún más adverso cuando surgieron nuevos cuestionamientos sobre la vida privada del mandatario. Reportajes recientes revelaron la realización de fiestas privadas con congresistas, ministros y personas vinculadas a una presunta red de prostitución en el Congreso, así como visitas reiteradas de jóvenes a su despacho parlamentario y presidencial, muchas de las cuales posteriormente accedieron a contratos en el Estado. Estos hechos, sumados a la filtración de imágenes y mensajes en redes sociales entre Jerí y sus colaboradoras, profundizaron la percepción de falta de transparencia y ética en su gestión.

¿Qué pasará con la Presidencia?

La destitución de Jerí activa el mecanismo de sucesión presidencial previsto en la Constitución. Según el procedimiento parlamentario, el Pleno del Congreso debe convocar a una nueva sesión para elegir a un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá la jefatura del Estado de manera interina hasta la transmisión de mando el 28 de julio.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el nuevo mandatario que sucederá en el cargo a José Jerí será elegido este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas.

¿Quiénes son los candidatos a convertirse en el próximo presidente del Perú?

En este escenario, cuatro candidatos han sido propuestos por las distintas bancadas para asumir la conducción interina del Ejecutivo, quien sería el octavo mandatario peruano en apenas diez años.

El primer candidato es Edgard Reymundo, representante del Bloque Democrático-Juntos por el Perú. Nacido en Arequipa, es sociólogo y abogado, con estudios en la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad de San Martín de Porres. Reymundo posee una amplia trayectoria política, que incluye haber sido alcalde de Chilca, congresista en el periodo 2006-2011 y jefe de la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2012.

Regresó al Parlamento en 2021 y, durante el periodo 2024-2025, presidió la Comisión de Cultura. Su candidatura busca ofrecer una alternativa ajena a investigaciones abiertas o conflictos de interés, aunque su gestión pasada no está exenta de controversias: en 2014 fue cuestionado por su papel en la regularización migratoria de un ciudadano mexicano vinculado al narcotráfico y, años después, se le relacionó con el exoperador montesinista Óscar López Meneses.

El segundo postulado es Héctor Acuña Peralta, congresista de larga trayectoria, ingeniero civil y empresario cajamarquino. Es hermano del fundador de Alianza para el Progreso y cuenta con estudios en la Universidad Nacional de Cajamarca y una maestría en Dirección y Gestión Empresarial. Ha pasado por varias bancadas y presidió la Comisión de Cultura. Su historial político ha generado cuestionamientos por sus constantes cambios de grupo parlamentario y por mantener intereses empresariales, así como una deuda fiscal reportada por la Sunat. Sin embargo, no enfrenta procesos penales.

La tercera candidatura corresponde a María del Carmen Alva Prieto, abogada y militante histórica de Acción Popular. Egresada de la Universidad de Lima, con estudios de posgrado en Gerencia Pública y Seguridad Social, Alva ya fue presidenta del Congreso en el periodo 2021-2022. Su gestión estuvo marcada por varios episodios polémicos, incluyendo incidentes de confrontación con colegas parlamentarios y declaraciones que generaron rechazo público y mediático.

Finalmente, el cuarto candidato es José María Balcázar, actual congresista de Perú Libre y exmagistrado del Poder Judicial. Balcázar fue juez titular y vocal provisional en la Corte Suprema, pero su carrera judicial concluyó abruptamente por una destitución dictada por el Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia) debido a “inconducta funcional grave”. En el ámbito parlamentario, Balcázar ha recibido fuertes críticas por su defensa del matrimonio infantil y comentarios que han suscitado el repudio del Ministerio de la Mujer.

¿Cómo es el proceso de elección?

El mecanismo para elegir al nuevo presidente del Congreso, quien asumirá simultáneamente la jefatura de Estado de manera interina, está regulado por el artículo 12 del Reglamento del Parlamento. La sesión de elección se inicia con la presentación y lectura de las listas de candidatos. Posteriormente, la Mesa Directiva designa a dos congresistas como escrutadores, encargados de supervisar el desarrollo del sufragio.

La votación es nominal y secreta. El presidente del Congreso —o quien lo sustituya temporalmente— es el primero en emitir su voto, seguido de los miembros de la Mesa Directiva y los escrutadores. Luego, cada congresista es llamado en orden alfabético para depositar su cédula en el ánfora. Una vez finalizada la votación, los escrutadores y la Mesa Directiva proceden al recuento de los votos.

Para resultar electo, un candidato debe obtener al menos la mayoría simple de los congresistas presentes. Si ninguno alcanza ese umbral, se convoca a una segunda ronda entre los dos postulantes más votados. El ganador jura el cargo de inmediato y asume sus funciones, garantizando la continuidad institucional tanto del Congreso como de la Presidencia de la República en un contexto de alta inestabilidad política.