La activista y candidata a diputada Gahela Cari permanece bajo arresto desde el último lunes sin que se le hayan presentado cargos formales, mientras “presenta fuertes dolores físicos por la fuerza policial empleada en su detención”, denunció este miércoles la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
El organismo remarcó que este hecho “es alarmante, considerando que fue operada hace solo dos meses”, en un comunicado al que se sumaron diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas.
La CNDDHH informó que uno de sus equipos acudió a la sede de la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional (PNP), en el Rímac, para verificar el estado de la detenida y señaló que el caso se encuentra en la Fiscalía de Flagrancia, no en una fiscalía especializada en derechos humanos, pese a que existen alegaciones sobre el uso de la fuerza y su condición de defensora de derechos y candidata.
“Exigimos su libertad inmediata. Recordemos que la protesta es un derecho constitucional y que toda intervención policial debe respetar los principios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza”, subrayó la entidad.
El colectivo feminista DEMUS expresó su solidaridad con Cari y denunció que previamente fue llevada al Hospital Loayza —pese a haber sido operada hace poco— y luego trasladada a la comisaría de Virú (Rímac) “aun en estado de sedación”.
“Este trato es inaceptable y pone en riesgo su salud”, afirmó la organización, que consideró discriminatorio que, entre todas las personas presentes en la protesta frente al Palacio de Gobierno, solo ella fuera detenida. “Esto evidencia un acto de discriminación y transfobia. ¡Exigimos su liberación inmediata y el respeto a su integridad!”, reclamó el colectivo.
La organización Manuela Ramos condenó, de igual modo, los “tratos humillantes, transfóbicos y violentos”, que “refuerzan patrones de criminalización de la protesta y discriminación hacia identidades trans, atentando contra principios de igualdad, justicia y democracia”.
El grupo exigió también la liberación de Cari y pidió la implementación de medidas para evitar la repetición de agresiones similares. “El Estado debe garantizar espacios seguros para la participación política y la defensa de derechos fundamentales sin temor a represalias”, remarcó.
La congresista Susel Paredes también se pronunció sobre el caso y expresó que es “inaceptable que se niegue el derecho a la protesta y se agreda a una ciudadana y candidata”, una invocación a las que sumaron las legisladoras Ruth Luque y Sigrid Bazán.
Tilsa Vásquez, amiga cercana de Cari, relató a Infobae Perú que la aspirante a diputada posaba para una fotografía junto a otras candidatas de la alianza electoral Venceremos, integrada por los partidos Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo, cuando fue intervenida de forma directa.
“Estábamos tomándonos una foto frente al Palacio. Luego de eso comenzaron a decir algunas arengas como ‘Fuera Jerí’, cuando aparecieron varios efectivos y lo primero que hicieron fue empujarlas. No contentos con eso, empiezan las agresiones. Es ahí donde Gahela cae encima de una mujer policía, lo que es aprovechado para que comiencen a agredirla y el resto de policías hace lo mismo”, relató.
En semanas previas, la candidata propuso abolir la PNP y reemplazarla por “una institución que realmente proteja a los ciudadanos”, ya que, según afirmó, el modelo vigente no responde a las necesidades de la población.
Además, vinculó el problema de inseguridad con medidas del Congreso. “Hay que derogar las leyes pro-crimen que ha sacado este Congreso mafioso, que en lugar de beneficiar a los peruanos beneficia a organizaciones criminales”, sostuvo.
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