Las víctimas de la extorsión en Perú son miles: del ‘cupo’ en los mercados a los atentados en el transporte público

La criminalidad y la extorsión en la ciudad de Trujillo amenaza la economía familiar incluso en pequeñas organizaciones civiles. En un pequeño mercado, Gladys Saavedra y sus compañeras deben entregar más de S/ 900 cada mes a extorsionadores solo para seguir trabajando. Las amenazas llegan al punto de incendiar el mercado en junio del año pasado luego de que las socias se nieguen a pagar.

La historia de Saavedra también retrata la escalada del método: en agosto de 2024, su casa fue atacada con explosivos que destrozaron la puerta y parte del techo. Su hijo dejó de asistir por algunos días a la universidad. Ella entregó su celular a la policía como parte de la investigación; un mes después, se lo devolvieron sin identificar a los responsables. Saavedra, de 49 años, resume el efecto psicológico en una frase: la casa “es una cárcel sin rejas”.

Un informe de AP indica que en Trujillo, el pago del “cupo” se normalizó: en el barrio de El Porvenir, el dirigente Máximo Varas estimó que alrededor de 1.500 pequeños empresarios pagan una cuota solo para poder trabajar. Solo recorriendo las calles de la ciudad, se puede observar stickers extorsivos en buses, restaurantes, bodegas y escuelas como una forma de indicar que pagan a extorsionadores.

En el caso del empresario Iván Díaz, el castigo incluyó secuestro y tortura: en 2023 estuvo cautivo durante 11 días; sus captores exigieron USD 250.000 y le cortaron parte de dos dedos de la mano derecha para presionar a su familia. En mayo, la justicia sentenció a cadena perpetua a cuatro integrantes de Los Pulpos por el secuestro, según un reporte de AP.

El mapa de víctimas que registra el Ministerio Público

En Lima Metropolitana y Callao, la Oficina de Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público elaboró un registro administrativo específico porque sus sistemas informáticos no generaban reportes detallados sobre atentados vinculados a presuntos actos de extorsión en ese sector. El boletín identificó, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, 125 atentados con víctimas fallecidas o lesionadas, y contabilizó 169 víctimas: 93 fallecidas y 76 lesionadas.

La distribución anual muestra el incremento del fenómeno: 20 atentados ocurrieron entre agosto y diciembre de 2024 y 105 entre enero y diciembre de 2025. En ese periodo, septiembre concentró el mayor número de atentados: 29, con 40 víctimas (18 fallecidas y 22 lesionadas).

El perfil de las víctimas revela una violencia dirigida. Según el Ministerio Público, las principales víctimas fueron los conductores de transporte público (67,5 %), seguidos por pasajeros (22,5 %) y cobradores (4,1 %). En términos sociodemográficos, predominaron los hombres (87,6 %) y personas de nacionalidad peruana (85,8 %). La edad se concentró en el rango de 40 a 49 años (29,0 %), y casi la mitad de las víctimas eran padres de familia (47,3 %).

El boletín también describe patrones operativos: la mayoría de ataques ocurrió dentro de unidades de transporte, principalmente en buses (27,2 %), combis (23,1 %) y mototaxis (18,9 %). En el 97,6 % de los casos se usaron armas de fuego, y en el 71,6 % los atacantes se movilizaron en motocicleta o la emplearon para huir. La franja más frecuente fue la noche (61,5 %) y los días laborales, con concentración entre miércoles y viernes.

Denunciar o sobrevivir: el silencio que también es un dato

El Ministerio Público advierte que la persecución penal enfrenta límites específicos en delitos complejos: anonimato, escasez de pruebas y temor de las víctimas. En la respuesta institucional, el boletín señala que se iniciaron 117 investigaciones fiscales vinculadas a los atentados registrados. En la calificación de esos casos figuraron con mayor frecuencia homicidio calificado (39,3 %), homicidio simple (35,0 %), extorsión (19,7 %) y lesiones graves (12,0 %).

El avance procesal exhibe un cuello de botella: 77,8 % de las investigaciones quedó en etapa preliminar; 16,2 % fue archivado, principalmente por la imposibilidad de individualizar a los presuntos responsables; y solo 5,1 % formalizó investigación preparatoria.

Ese panorama se conecta con la reticencia a denunciar. El boletín, citando resultados de la ENAPRES, indica que en Lima Metropolitana y Callao 1 de cada 100 habitantes de 15 años o más fue víctima de extorsión (consumada o tentativa) en 2024.

Además, 28,2 % de víctimas no denunció por considerar que era una pérdida de tiempo y 19,6 % no lo hizo por temor a represalias. En el sector transporte, el reporte agrega otro indicador del subregistro: solo el 4,7 % de víctimas y el 20,0 % de empresas agraviadas registraban denuncias previas por extorsión en los sistemas informáticos del Ministerio Público.

La extorsión toma control de territorio

En Trujillo, la violencia asociada a la extorsión también se expresó en detonaciones de explosivos. El reporte de AP consignó que en 2025 hubo 136 detonaciones en esa ciudad, principalmente contra pequeños empresarios y también contra la Fiscalía. En marzo, una explosión a dos kilómetros de la plaza de armas dejó más de 40 heridos. Para las víctimas, el mensaje es el mismo: pagar o exponerse.

En Lima, la policía ha advertido un giro en las modalidades, con secuestros y violencia registrada en videos para presionar el pago del “cupo”, según un reporte previo de Infobae. En declaraciones a Latina Noticias, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, describió exigencias iniciales de 5.000 soles como “empadronamiento”, que pueden escalar hasta 10.000 soles si la víctima no cumple con pagos semanales.

En ese contexto, el boletín del Ministerio Público subraya que la violencia contra el transporte público tiene un impacto crítico: es un servicio esencial, masivo y altamente visible. El resultado no se mide solo en estadísticas, sino en el deterioro del espacio público: conductores, cobradores y pasajeros se convierten en blancos, mientras el temor y la informalidad reducen la capacidad de denuncia y la posibilidad de frenar a los perpetradores.

La historia de Gladys Saavedra vuelve entonces como síntesis: la extorsión no solo cobra dinero. Cobra días sin salir de casa, negocios que arden por negarse a pagar y un mercado que funciona bajo vigilancia permanente. El boletín del Ministerio Público aporta el otro lado de esa misma realidad: en Lima Metropolitana y Callao, los atentados contra el transporte público dejaron 169 víctimas en 17 meses.