La crisis política en el Perú sumó un nuevo capítulo con la destitución de José Jerí de la Presidencia de la República por parte del Congreso, tras una cadena de escándalos que incluyeron reuniones privadas con empresarios chinos, la presencia de mujeres allegadas en encuentros nocturnos en Palacio de Gobierno, designaciones de estas mismas en entidades estatales y fiestas en casas de campo, hechos que terminaron de erosionar el respaldo político y social a su gestión
La decisión se formalizó luego de que más de 70 congresistas de diversas bancadas respaldaran la convocatoria a un Pleno Extraordinario para debatir su continuidad, activando el mecanismo constitucional de sucesión.
El mandato de José Jerí fue breve y marcado por la controversia. Llegó al poder tras la vacancia de Dina Boluarte en octubre de 2025 y desde entonces enfrentó acusaciones relacionadas con encuentros no reportados junto al empresario Zhihua Yang, así como por la contratación de allegadas que visitaron el despacho presidencial en horarios inusuales.
Estos hechos motivaron investigaciones fiscales y la apertura de un expediente en el Congreso. El desplome de su aprobación fue registrado por encuestas de Ipsos e Imasen, donde la desaprobación superó el 70% a nivel nacional.
¿Qué pasará con las elecciones tras la salida de José Jerí?
Las Elecciones Generales del Perú de 2026 están programadas para el 12 de abril. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó a 38 partidos políticos para competir por la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino. Los preparativos avanzan con cronograma y presupuestos ya establecidos, de acuerdo con las autoridades electorales.
Óscar Urviola, abogado constitucionalista y ex Presidente del Tribunal Constitucional del Perú, explicó a Infobae Perú que la convocatoria y el presupuesto inicial dependen de la Presidencia, pero, una vez iniciado el proceso, la responsabilidad pasa completamente a los órganos electorales.
Urviola remarcó que organismos como Reniec, ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones tienen competencias propias y autonomía, por lo que “un cambio en la presidencia no debería alterar el proceso iniciado”. Así, la organización técnica, el padrón y la proclamación de resultados quedan fuera del alcance de la coyuntura política del Ejecutivo.
En el Congreso, la postura de Patricia Juárez coincide en lo técnico: “No creo que altere el proceso. Lo que sí puede alterar es el desarrollo en nuestro país por la renovación de ministros, viceministros, directores generales y asesores”, declaró a RPP Noticias. Desde su perspectiva, el mayor impacto se ve en la gestión pública cotidiana, no en la organización electoral.
El consenso institucional es claro: la transición en Palacio de Gobierno no afecta la estructura ni la programación de las elecciones generales. Las autoridades y órganos responsables mantienen el control y la vigilancia para asegurar que la voluntad popular se exprese en las urnas en la fecha prevista.
Los escándalos que sacaron a Jerí de Palacio de Gobierno
La destitución de José Jerí se precipitó tras una sucesión de escándalos que minaron su legitimidad. El más grave, el ‘chifagate’, involucró reuniones no registradas con empresarios chinos, como Zhihua Yang, en restaurantes de comida china en Lince. Estas citas, expuestas en reportajes televisivos, motivaron investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
A esto se sumaron informes que documentan el ingreso de trabajadoras y asesoras al despacho presidencial en horarios nocturnos, como la asesora Rosalina Gómez y la auxiliar Claudia Tineo, cuyas visitas superaron en varias ocasiones las doce horas continuas. Un reportaje televisivo reveló que al menos cinco allegadas al mandatario obtuvieron contratos estatales tras reunirse con él en Palacio de Gobierno.
El mandatario admitió haber asistido a fiestas privadas, como la celebrada en una casa de campo de Cieneguilla en noviembre de 2024, donde participaron congresistas, exministros y una extrabajadora del Congreso vinculada a una investigación de presunta prostitución. El evento generó sanciones municipales por desorden y ruido, además de abrir nuevas pesquisas fiscales.
Las finanzas personales del exmandatario no escaparon al escrutinio. Documentos difundidos por la prensa muestran que Jerí destinó parte de sus gastos deducibles a hoteles y restaurantes de Lince, incluidos el Hotel Risso y varias pollerías. Esta información alimentó sospechas sobre el uso de recursos y la naturaleza de sus actividades privadas.
El desplome de la popularidad de Jerí fue acelerado por los resultados de Ipsos e Imasen. La aprobación cayó de 43% a 30% en febrero, mientras que la desaprobación nacional alcanzó el 70,4%. El 76,2% de los encuestados considera que el presidente no es una persona honesta. La percepción de falta de neutralidad ante las elecciones de 2026 terminó por aislarlo políticamente.
La salida de José Jerí marca el séptimo relevo presidencial en diez años y deja al país ante un nuevo escenario de transición, a pocas semanas de un proceso electoral que, según las autoridades, continuará bajo la vigilancia de los organismos autónomos.
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