Blindaje de Fuerza Popular no salvó a José Jerí de la censura

El blindaje de los congresistas de Fuerza Popular no fue suficiente para evitar la censura de José Jerí como presidente del Congreso y, en consecuencia, su cese como presidente interino de la República.

Desde antes de la sesión del Pleno Extraordinario se supo que Fuerza Popular no apoyaría la censura de Jerí. Así lo anunció Keiko Fujimori en un video difundido en X, antes Twitter.

“El Perú vive horas difíciles: o nos dejamos arrastrar al caos o defendemos el orden. Cambiar a un presidente a cincuenta y siete días de las elecciones sin hechos concluyentes es empujar al país a más incertidumbre”, dijo la candidata presidencial de Fuerza Popular acompañada de otras figuras de la cúpula del partido naranja.

Y agregó: “Fuerza Popular protege el orden constitucional, no a una persona. Exigimos que se investigue, que se esclarezca y, en el caso que corresponda, que le caiga todo el peso de la ley”.

Sus palabras fueron ordenes. En la sesión del Pleno Extraordinario, los congresistas fujimoristas que intervinieron defendieron la permanencia de José Jerí en la Presidencia de la República a pesar de las denuncias de reuniones clandestinas con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares de mujeres que visitaron Palacio de Gobierno.

Por ejemplo, Patricia Juárez se sumó a la propuesta de la somista Ana Zegarra para que se inicie un proceso de vacancia presidencial en lugar de una censura para apartar a Jerí del cargo.

“La censura es una figura propia del ámbito parlamentario”, dijo. “Utilizarla para sancionar conductas vinculadas al ejercicio de la Presidencia de la República no solo la distorsiona, sino que altera gravemente nuestro sistema presidencialista”, añadió.

En esa misma línea opinó el fujimorista Jorge Morante. “El señor Jerí, les guste o les deje de gustar, es el presidente de la República y la única forma de cesarlo es a través de la vacancia, no de una moción de censura”.

La congresista Tania Ramírez, muy a su estilo, también defendió la cuestión de orden de Zegarra.

Los congresistas de Fuerza Popular votaron a favor del planteamiento de Zegarra, pero no bastó ya que los votos en contra fueron mayores. Lo mismo pasó con la votación de la censura.

Los cuestionamientos de José Jerí

El ascenso accidental de José Jerí a la presidencia interina de Perú, tras la vacancia de Dina Boluarte en octubre de 2025, ha estado marcado por una serie de graves cuestionamientos que erosionan su legitimidad y generan desconfianza pública.

Uno de los episodios más sensibles es la denuncia por presunta violación sexual presentada a fines de 2024, cuando aún era congresista. La acusación surgió tras una fiesta privada en Canta, donde una mujer alegó abuso; un examen médico legal confirmó lesiones, aunque la Fiscalía archivó el caso en 2025 por falta de pruebas concluyentes que lo vincularan directamente. Sin embargo, el tema resurgió en febrero de 2026 con testimonios y pedidos de pruebas adicionales, como exámenes biológicos y de tumescencia peneana solicitados por un coacusado, reavivando dudas sobre su conducta.

Otro foco de críticas es el denominado Chifagate: reuniones clandestinas —sin registro oficial— con empresarios chinos, incluido Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong (este último ligado a tráfico de madera). Las imágenes de Jerí encapuchado ingresando a restaurantes chinos a medianoche desataron investigaciones por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses particulares. El mandatario alegó motivos culturales, pero las contradicciones en sus explicaciones agravaron la crisis.

Además, enfrenta acusaciones de contrataciones irregulares: al menos nueve mujeres que se reunieron con él en Palacio —algunas en horarios nocturnos— obtuvieron puestos estatales poco después, lo que motivó otra indagación fiscal por tráfico de influencias agravado.

A ello se suman denuncias previas por corrupción en la Comisión de Presupuesto del Congreso (sobornos de S/150.000 por incluir proyectos) y un incremento patrimonial superior al 1.000% en 2024, calificado de enriquecimiento ilícito.